Es necesario impulsar una reforma de ley para garantizar una fiscalización imparcial y autónoma que no proteja a funcionarios, o exfuncionarios, como lo hizo la Secretaría de la Honestidad en el caso de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó el diputado emecista Rodrigo González Zaragoza.
Al hablar sobre la determinación de la Secretaría de la Honestidad de que el exgobernador no se benefició de los contratos hechos con la empresa Seguritech, el legislador consideró que debe haber reformas en la ley para que el gobierno estatal no se fiscalice a sí mismo.
La dependencia, tras recibir las denuncias públicas y hacer sus propias indagatorias, consideró también que la llamada “casa azul”, donde el exgobernador vive en Houston, Texas, no es fruto de ninguna acción que viole la ley estatal.
Las denuncias fueron hechas públicas cuando se dio a conocer que Diego Sinhue y su familia, al concluir su mandato, radican en una propiedad ubicada en el fraccionamiento The Woodlands, en el norte de Houston, valuada en más de un millón de dólares (unos 20 millones de pesos).
Esa casa fue adquirida por Daniel Ezquenazi Beraha, quien se desempeñó como encargado de las relaciones públicas de Seguritech, empresa beneficiada durante los sexenios de Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue, con programas como “Escudo” y el alquiler de los helicópteros para el programa “Arcángeles”.
Arcelia González González, titular de la Secretaría, informó en un boletín que no se detectaron beneficios del exgobernador con la empresa. En el documento se señala que no se sustentó la relación entre Seguritech y Daniel Ezquenazi Beraha, durante los convenios firmados entre la empresa y el Poder Ejecutivo de Guanajuato.
De acuerdo con la Secretaría de la Honestidad, con base en esta información se determinó el archivo de la investigación ligada a los convenios firmados entre el Gobierno de Guanajuato durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez y la empresa Seguritech.
Por lo anterior, el diputado señaló que es necesario impulsar una reforma de ley para garantizar una fiscalización imparcial y autónoma que no proteja a funcionarios, o exfuncionarios, como lo hizo la Secretaría de la Honestidad en el caso de Diego Sinhue.
