La corrupción cabalga sin parar a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, ante la simulación del actual gobierno del estado, que hace como que gobierna, investiga y audita programas de recursos locales y aquellos con componente municipal o federal.
Con el falso discurso del respeto a la autonomía municipal, muchos, muchos ayuntamientos se han convertido en territorios de impunidad y corrupción, ante el silencio complaciente del gobierno de “La Gente”. Eso sí, cuando le interesa a la titular del ejecutivo o alguno de sus funcionarios inmiscuirse en asuntos municipales, hasta se reúnen con regidores o síndicos para “operar” políticamente.
Todo lo anterior, en muchos casos con la participación política de diputadas y diputados locales del PAN, que se someten a las órdenes y subordinación del ejecutivo del estado, para cabildear con sus pares y aliados de otros partidos, siempre dispuestos hacer la comparsa del “Nuevo Gobierno” como sucede con legisladores del PRI y del PVEM.
Exactamente lo mismo que hace el gobierno federal en el Congreso de la Unión, con sus diputados y senadores de MORENA y sus aliados políticos del PT y PVEM, que tanto y tanto critica la oposición y en lo local, hacen lo mismo. Una auténtica replica de complicidad y corrupción, institucionalizada por quien gobierna y ostenta el poder. La centralización del poder en el ámbito federal es la misma en el ámbito estatal.
Y cuando se trata de casos de corrupción que dan a conocer los medios de comunicación, con investigaciones periodísticas que difunden y comparten a la sociedad civil, que, gracias a los medios electrónicos o impresos, la ciudadanía se entera de excesos y abusos de poder o autoridad de funcionarios estatales o municipales. Ya que las instituciones responsables de combatir la corrupción en Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, El Sistema Estatal Anticorrupción o la Auditoria Superior del estado, se dedican a fomentar la impunidad y archivar asuntos de relevancia.
Cómo lo que hicieron con la investigación contra Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La Secretaría de La Honestidad dio a conocer la información el sábado a los medios, determinando que: “No hay vínculos demostrables entre el exgobernador y la empresa Seguritech a través de su residencia en Texas”. Después de siete largos meses, la dependencia determino que no se acreditó que hubiera conflicto de interés por parte del exgobernador con la empresa de seguridad.
Aprovechando la ausencia física de la gobernadora en el estado y en el país, por encontrase de visita de trabajo en Madrid, España para promocionar la entidad y su gobierno en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y pretender deslindar a la mandataria del resultado de la investigación, ya que ella ni siquiera estaba en la entidad y tampoco en México (cómo si eso obstará para no estar informada).
La dependencia estatal encargada de combatir la corrupción e impunidad, cuya titular casualmente fue designada por el entonces gobernador del estado, Diego Sinhue Rodriguez, magistrada del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fundo su investigación en los certificados de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Al no encontrarse registro alguno de la persona de nombre, Daniel Esquenazi Beraha, como representante legal de la empresa Seguritech y que de acuerdo con la investigación periodística el Sr. Daniel Esquenazi, había firmado documentos de la operación de compraventa entre el exgobernador y el representante legal de la empresa, respecto de la casa donde vivía el político guanajuatense en Texas.
“Sencillamente no fue posible encontrar vínculo objetivo y demostrable entre la persona física con el Gobierno del estado de Guanajuato por medio de la citada empresa”, agregó el comunicado de la Secretaría de la Honestidad.
Como si dichos certificados de registro fueran suficientes para deslindar la participación de una persona en una operación de contratación de un servicio de seguridad ante un gobierno estatal. No estaría mal, que la dependencia diera a conocer y difundiera junto con el comunicado los certificados de registro, donde no aparece la persona señalada.
¡En fin! El veredicto social de este asunto, como los otros que tienen que ver con más casos de corrupción, la concesión que el mismo exgobernador otorgo al consorcio VISE-Rubau por 30 años y lo relacionado a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, que involucra nuevamente a Diego Sinhue y a la actual gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes adquirieron parcela ejidales y las convirtieron en fincas campestres de gran valor, omitiendo el valor real en sus declaraciones patrimoniales; está dado.
