Al menos 30 trabajadores de la empresa MONRAM, dedicada a la confección de uniformes clínicos, denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada el pasado 10 de octubre.
De acuerdo con los afectados, el aviso de despido se realizó a través de una llamada telefónica del área de Recursos Humanos. Al preguntar el motivo, la respuesta fue que se trataba de una orden directa del propietario. Además, se les informó que en dos semanas serían contactados para tratar el tema de sus liquidaciones; sin embargo, a casi un mes de los despidos, esto no ha ocurrido.
Guadalupe Sandoval, una de las trabajadoras afectadas, relató que desde entonces la empresa ya no contesta llamadas y que incluso cambió de domicilio.
“Ya cambiaron sus instalaciones a otro lugar, pero ya dimos con la nueva dirección. Nosotros tenemos nuestro proceso en conciliación y lo que estamos peleando es que nos liquiden conforme a la ley”, señaló.
Agregó que la primera audiencia ante la instancia laboral se llevará a cabo el 19 de noviembre.
Los empleados despedidos realizaban diversas labores, desde costura y control de calidad hasta tareas administrativas. Su antigüedad oscilaba entre dos y cinco años. Según indicaron, no es la primera ocasión en que la empresa despide personal sin previo aviso ni liquidación.
Antes del cambio de domicilio, la fábrica contaba con alrededor de 80 trabajadores; actualmente, según los denunciantes, la plantilla se redujo a cerca de 50 empleados.
“El personal que sigue ahí tiene miedo de hablar, no quieren decir nada”, expresó una trabajadora.
Otra afectada, Nereida Hernández, señaló que además de exigir su liquidación conforme a la ley, reclama el pago de las aportaciones al Infonavit que la empresa descontaba de su salario pero no reportaba.
“Tengo un crédito de Infonavit y me rebajaban casi mil pesos por semana, pero desde enero no realizaron los pagos. Ahora tengo un adeudo de nueve meses”, explicó.
Hernández trabajó tres años en la empresa y asegura que cumplía con todos los requisitos y documentación al momento de su contratación.
Por su parte, Felipe Pueblas, otro de los despedidos, mencionó que fue cesado mientras se encontraba incapacitado tras sufrir un accidente. El cual sufrió mientras esperaba el camión de regreso a casa, justo afuera de las instalaciones de la empresa cuando un auto lo atropelló.
“Estaba de incapacidad por una fractura en la pierna. De un día para otro dejaron de pagarme y me dijeron que ya estaba dado de baja. Me avisaron que me liquidarían, pero nunca cumplieron”, señaló.
El trabajador comentó que actualmente enfrenta dificultades económicas y médicas, ya que tiene pendiente una cirugía programada para el 19 de noviembre.
Ante esta situación, la Confederación de Sindicatos Autónomos y Agrupaciones Sociales (COSAT) anunció que ya se iniciaron los procesos legales correspondientes ante las autoridades laborales.
El secretario general de la organización, Julio César García Azona, manifestó su respaldo a los trabajadores:
“Sabemos que en esa empresa no existen condiciones adecuadas para laborar. Invitamos a los compañeros que aún están dentro a que se sumen y se manifiesten, sin miedo. Este proceso será pacífico y técnico; contamos con los recursos para acompañarlos y garantizar sus derechos”, afirmó.
