El hallazgo de 17 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, en Silao, volvió a mostrar cómo los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de las comunidades rurales para operar con impunidad, denunciaron colectivos de búsqueda.
Norma Patricia Barrón representante del colectivo Una Luz en mi Camino, explicó que comunidades rurales como Cañada de la Muerte y El Garbanzo, en Irapuato, se convierten en blanco porque la respuesta de la policía tarda demasiado y, además, los habitantes temen denunciar por amenazas.
“Generalmente buscan este tipo de comunidades porque en lo que tarda en llegar el 911 es bastante tiempo, y la policía ni siquiera se hace presente en esas zonas. Los pobladores son amenazados para que no digan nada y, a pesar de que saben que se cometen crímenes, no denuncian por temor a represalias, tanto para ellos como para sus familias”, explicó.
Agregó que esa dinámica les garantiza completa impunidad, al cometerse en áreas rurales.
Barrón advirtió que, pese a la magnitud de los hechos, la Fiscalía del Estado mantiene un patrón de omisión e investigaciones lentas que no han permitido frenar los homicidios ni dar certeza a las familias.
Recordó que en días recientes también se localizaron restos humanos en la comunidad de Cuchicuato, en Irapuato, y exigió que las autoridades agilicen la identificación de los cuerpos para que sean entregados a sus familias y no permanezcan en el panteón forense ni en el CEMEFO.
Aunque reconoció que en los últimos hallazgos se ha acelerado el proceso de identificación, señaló que aún persiste un rezago de víctimas sin reconocer, lo que aumenta la incertidumbre de las familias. También mencionó que muchas personas no presentan denuncias por miedo a represalias y por la desconfianza hacia servidores públicos que incurren en actos de corrupción.
De acuerdo con Barrón, la justicia en estos casos es mínima, con apenas un 2 a 3 por ciento de efectividad, mientras los homicidios y desapariciones se siguen acumulando.
“Tendría que el fiscal general del estado voltear a ver estas comunidades, analizar el modus operandi y reconocer que son regiones en las que los grupos criminales se organizan y agrupan varias comunidades. No operan en una sola, sino que regionalizan sus actos delictivos”, indicó.
Finalmente, informó que colectivos de búsqueda sostuvieron una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, en la que reclamaron que los casos no se investiguen como crimen organizado, sino en carpetas individuales, lo que impide detectar patrones y responsables.
