El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) emitió una Acción Urgente dirigida al Estado mexicano por la desaparición forzada de José Juan Arias Solís, un menor de edad presuntamente detenido y desaparecido por elementos de la Guardia Nacional en Valle de Santiago, Guanajuato.
De acuerdo con la denuncia de los familiares, los hechos ocurrieron el 19 de junio de este año, cuando tres hombres con uniforme militar golpearon y se llevaron por la fuerza al adolescente durante un operativo en el que participaban al menos 20 agentes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, a bordo de vehículos oficiales. El despliegue habría sido solicitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato como parte de un resguardo.
El caso fue registrado por el Comité CED bajo el número 2121/2025, en el que se pide al Estado mexicano implementar de manera inmediata una serie de acciones, entre ellas:
• Iniciar una búsqueda urgente con una investigación exhaustiva e imparcial, con un enfoque especial al tratarse de un adolescente.
• Explorar todas las hipótesis, incluida la desaparición forzada por presunta participación de la Guardia Nacional y el Ejército.
• Identificar, localizar y entrevistar a cada agente de las Fuerzas Armadas y de la fiscalía que participó en el operativo, así como a los mandos militares que lo ordenaron.
• Garantizar la entrega de toda la información pendiente, en particular registros de videovigilancia que aún no han sido remitidos.
• Analizar y proteger la información de redes telefónicas, tanto de la víctima como de los funcionarios públicos involucrados.
• Adoptar medidas cautelares para resguardar la vida e integridad de los padres de José Juan, quienes han denunciado amenazas e intimidaciones.
• Establecer mecanismos para que la familia y sus representantes participen directamente en las acciones de búsqueda e investigación y reciban información periódica sobre los avances.
El Comité subrayó que la Comisión Nacional de Búsqueda no ha realizado las medidas esenciales solicitadas por los familiares, por lo que exhortó al Estado a replantear la estrategia con criterios diferentes tomando en cuenta que es un adolescente.
El Estado mexicano tiene como plazo hasta el 23 de septiembre de 2025 para informar sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de estas recomendaciones.
