A raíz de que el 28 de septiembre de 2023 José N., un detenido, se suicidó en los separos de la Secretaría de Seguridad de San Francisco del Rincón, la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Karla Alcaraz Olvera, recomendó al alcalde Antonio Marún González, y el Ayuntamiento realizar una investigación contra 2 oficiales calificadores, 2 médicos y un custodio.
La información detallada se puede consultar en el expediente 1742/2023 de la página de www.derechoshumanosgto.org.mx, donde se detalla el caso.
De momento, el Municipio de San Francisco del Rincón informó a este medio que las recomendaciones fueron turnadas a la Secretaría de seguridad Ciudadana para las investigaciones correspondientes, por lo que será necesario esperar la respuesta formal, ya que los trágicos hechos ocurrieron en el año 2023 y había otras autoridades en policía y Seguridad Ciudadana.
Por su parte, la regidora del PRI, Lucía del Carmen Gómez Dimas, ofreció su punto de vista al respecto:
“Ante nosotros, como pleno del Ayuntamiento, es aceptar las recomendaciones y acatar las cuatro. Tengo entendido que son prácticas preventivas para evitar que vuelva a ocurrir. Mi postura será aceptar las recomendaciones, y cumplir cada una de ellas, para garantizar que se establezcan las medidas adecuadas, pues como autoridad debemos ser garantes de los derechos humanos”.
Gómez aclara que las recomendaciones fueron derivadas de un proceso de la administración pasada, y fue allí donde se inició una investigación por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y debido a que se debe vigilar el tema de los protocolos, son procesos que duran tiempo.
Gómez aclaró que de esas cuatro, la primera es que se debe instan un procedimiento propio. Obviamente tiene una reserva, pues se debe salvaguardar los derechos de los funcionarios implicados. Lo que procede es que se de cuenta de estas recomendaciones al alcalde y al pleno, pues este es el resolutivo:
La regidora explicó que estos procedimientos, aunque no son habituales, sí se han hecho a varios ayuntamientos, especialmente los de seguridad pública. Es por eso que se debe de garantizar la seguridad de personas privadas de la libertad.
