Vicente Lahud Martínez, presidente de la de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, señaló que el impacto que acarrea eventos delictivos como rel sucedido el lunes en Celaya, donde en un bar fue ultimado un parroquiano a manos de sicarios, repercute en áreas tanto económicas, como en la parte de empresarial, e inclusive en la atracción de nuevas inversiones.
“Es una situación en un contexto en el que todos quisiéramos no estar. Definitivamente los efectos que tiene son muchos y muy variados”, resaltó Lahud Martínez quien además es el comisionado del Consejo Coordinador Empresarial de León para abordar los temas de Seguridad Pública.
Ante ello y en el tema de las extorsiones a empresarios, destacó que en ciudades como León, Irapuato desafortunadamente se ha estado presentando el tema de las extorsiones.
“El hecho de que vayan por un tipo a un local empresarial, preocupantemente, se ha estado presentando y ese impacto nos afecta a todos, pero ya las autoridades han implementado estrategias sobre las que están trabajando. También hay que resaltar cuando el gobierno hace las cosas bien y ahora ya sabemos que hay una estrategia”, afirmó.
Dijo que se ha hablado de la necesidad de la coordinación y la estrategia y pareciera que hoy en día, ese modo de trabajar ya existe.
“Los índices ahí están: los robos a casa habitación han bajado y los homicidios también van a la baja. Como lo dijimos anteriormente; no se trata de echar las campanas al vuelo porque aún hace falta que eso sea una tendencia y no datos aislados. Parece ser que ahora si vamos con una tendencia positiva”, subrayó.
Agregó que los indicadores ya hablan de ello y que ahora se debe trabajar en la percepción.
“Seguimos en niveles no deseados, pero la situación está mejorando”, recalcó.
Con respecto a la solicitud que la gobernadora hizo al gobierno federal para bloquear las señales telefónicas que salen de los penales federales, afirmó que está comprobado que el 70% de las llamadas de extorsión, que se padecen en el país, salen de los centros de reclusión federal.
“Sean los delitos del orden municipal, estatal o federal, tiene que haber una coordinación. No puede estar cada uno de los entes trabajando de forma aislada. Efectivamente, si la extorsión está comprobado que arriba del 70% sale de los penales, ahí hay mucho que hacer”, enfatizó.
