Tres de las seis familias que fueron desalojadas de sus viviendas en la comunidad de San Juan de Abajo han presentado una demanda legal por la ejecución del desalojo, el cual califican como forzoso e irregular.
También solicitaron que se les proporcione una vivienda sustituta, como medida reparadora ante la pérdida de su patrimonio, y que se les garantice el acceso al expediente judicial relacionado con el desalojo. Esto con el fin de determinar con claridad quiénes fueron las autoridades que actuaron de manera indebida durante el procedimiento, y así establecer posibles responsabilidades legales.
De acuerdo con Juan Pablo Delgado, asesor legal de las familias afectadas, la denuncia fue interpuesta contra múltiples autoridades involucradas en la acción.
“Presentaron una queja contra el juzgado de partido que ordenó la diligencia, contra la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado por haber participado, y también contra la Policía Municipal por su colaboración en el operativo”, explicó.
Delgado subrayó que esta acción legal se enmarca en los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos, establecidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada.
Las familias señalan que no fueron notificadas debidamente del juicio que derivó en el desalojo, lo cual, de comprobarse, implicaría una violación a sus garantías judiciales y a su derecho humano a la vivienda.
Por el momento señaló que es importante tener el acceso del expediente judicial que terminó por ordenar la diligencia de desalojo, que no se les compartió la información con el pretexto de que era un conflicto entre particulares.
«También se les mencionó, digamos, entre líneas, son los resultados de comprar vivienda en esas características, lo cual claramente estigmatiza», criticó.
Con los testimonio de las personas afectadas y en general de las personas que viven en San Juan de Abajo se percataron que a nadie se le notificó sobre los desalojos hasta el momento en que se practicó la diligencia.
«Se trata de una violación a sus garantías judiciales y también se trata una violación a su derecho a informarse y a participar en el contexto de su derecho a la vivienda y pedimos entonces de entrada una suspensión para efectos de que se les restituya en la posesión de los predios», dijo.
