En el corazón del Bajío, donde la industria automotriz impulsa la economía con cientos de miles de empleos, opera también un mecanismo de segregación silencioso, poco documentado e impune: las listas negras de trabajadores y trabajadoras.
Dicho mecanismo no se nombra literalmente en la legislación laboral vigente en México o en otros instrumentos que regulan el trabajo en la industria como es el caso del T-MEC.
Opera ante la indiferencia institucional. Mientras los derechos laborales se describen en leyes, reglamentos y tratados internacionales; en la práctica, los trabajadores que alzan la voz para defenderlos enfrentan represalias invisibilizadas pero devastadoras: el veto silencioso de las listas negras.
Por WhatsApp, el abrupto cierre de Gissing en León
En el último trimestre de 2022, el cierre abrupto de la empresa Gissing México S de RL de CV, que se encontraba ubicada en el parque industrial Colinas de León, en León Guanajuato, dejó a cientos de empleados sin trabajo en cuestión de horas.
Jaime López (su nombre fue cambiado para proteger su integridad) recuerda que fue un 2 de enero del 2020 el día en que comenzó a trabajar ahí. También recuerda que cuando la empresa comenzó había un buen ambiente laboral y los sueldos eran buenos; y que él se encontraba en el área de Parques y Logística, trabajando 4 días de la semana con un horario de 12 horas y un salario neto de 3 mil 500 pesos.
La empresa se especializaba en la producción de interiores para automóviles de lujo, incluyendo toldos y pisos para marcas como Tesla, BMW, General Motors y Nissan. En la plantilla laboraban más de 800 personas; pero López explica que en meses previos al cierre ya se comenzaba a rumorear la quiebra.
Fueron errores en los pagos de las nóminas (pues aún se le continuaba pagando a empleados que ya no laboraban en la fábrica), uno de los primeros indicios claros. “Pero donde empezamos a sospechar fue en la falta de material”, recuerda y agrega que “nosotros, como área de logística, sabíamos que la falta de material era por falta de pagos a los proveedores. Entonces investigamos. Había una página en internet de demandas en Estados Unidos. Ahí nos dimos cuenta que Gissing tenía más de 89 páginas llenas de demandas por parte de proveedores”, explica.
Aunque sabían que la situación era delicada, admite que sí esperaban que la empresa pudiera sobrellevar la situación; sin embargo, fue a través de un mensaje de WhatsApp enviado un 28 de octubre del 2022 como Gissing eligió comunicar a sus empleados sobre la quiebra.
“Algunos compañeros ya estaban en ruta y los transportes comenzaron a bajar a todo el personal en el lugar donde estaban. Ni siquiera los regresaron a sus casas”, recuerda Jaime y agrega que sus compañeros buscaron la manera de llegar a la empresa para corroborar la noticia; sin embargo, al llegar a la planta no se les permitía entrar y a quienes se encontraban dentro se les negaba salir.
Entonces tomaron una decisión arriesgada: cerrarla y no dejar que saliera nada de mercancía.
María Alejandra López, quien también trabajaba en Parques y Logística como capturista de embarques, recuerda que se encontraba embarazada cuando pasó todo eso. También que ese día era viernes y que saliendo del trabajo fue a cobrar su salario al banco; sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde sus compañeros comenzaron a enviarse mensajes anunciando el cierre de la planta.
“Pues sí fue difícil porque yo en ese tiempo estaba embarazada y ya no me tocó mi incapacidad (…). Fue muy repentino (….) más en mi caso porque yo no podía trabajar. Ya no me aceptaban porque ya estaba casi en las últimas semanas”, lamenta y agrega que, pese a todo, participó activamente en el plantón.
Además, el cierre de la empresa a fin de año tomó desprevenidos a la mayoría, que ya comenzaba a prepararse para los gastos de Navidad y del Día de Reyes. En esas circunstancias, los empleados tuvieron que afrontar que se habían quedado sin una fuente de ingresos, sumándole el hecho físico y mental que conlleva estar en un plantón; además de participar en las negociaciones con su sindicato.
Durante ese tiempo, rememoran ambos, se formó una comunidad que resguardaba la empresa y el compañerismo era palpable: se turnaban en horarios y por grupos para no permitir que los proveedores sacaran equipo; pero eso duró poco. Jaime dice que el sindicato comenzó a dividirlos para lograr que acordaran con la empresa, lo que se tornó en una situación desgastante.
El sindicato al que se refiere es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM), afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM); y el caso de Gissing lo llevaba su secretario general, Alejandro Rangel Segovia.
Sobre el trato con Segovia, López recuerda que “siempre fue cordial pero creo que nunca fue tan honesto como debió de haber sido. Trató de separar a la gente y pues nosotros de antemano sabíamos que la cantidad de personas que metieron en nóminas ya no estaban (trabajando, para el momento del cierre)”.
Explicó que debido a que él fue de los primeros organizando el plantón y pidiéndole explicaciones al sindicato, comenzó a sufrir acoso y hostigamiento. María Alejandra también recuerda esos días, “Pues él fue como de ‘a ver, enséñame esto, enséñame lo otro, dame el comprobante’, o sea, ‘dame pruebas’”, refiriéndose a Jaime con el sindicato y las negociaciones con la empresa.
“Ya desde el momento en el que ingresaba a la planta se veía que no era bien recibido por parte del grupito que andaba más cerca de ese sindicato. Nos aventaban muchas palabras como hostigamiento pero pues también yo logré prepararme con la mayoría de los empleados y nos podíamos defender un poco”, recuerda Jaime.
Las negociaciones se alargaron por más de 2 meses. El día 2 de diciembre de 2022 fue el último en que López se presentó en la empresa en apoyo al plantón. Dice que al principio la promesa del SITIMM era conseguir una liquidación al 70%, aunque la Ley Federal de Trabajo, en el Artículo 436, estipula que “si una empresa cierra definitivamente, los trabajadores tienen derecho a una liquidación, no solo finiquito, y esta incluye 3 meses de salario, prima de antigüedad y prestaciones proporcionales”.
Finalmente, para María la liquidación llegó solo a un 40%, mientras que para Jaime fue de un 50%, con lo cual no estuvo de acuerdo.
Pese a todo, durante diciembre de ese año los extrabajadores de la extinta Gissing comenzaron a firmar sus liquidaciones; pero conseguir un nuevo empleo, apenas comenzando el año, fue un reto para algunos… y no el único.
La lista negra, el precio por exigir los derechos
María Alejandra cuenta que después de su parto estuvo unas semanas en casa cuidando de sus hijos, aunque rápidamente regresó a trabajar, ya no en el ramo automotriz si no en un call center, en donde también ostentaba la titularidad del contrato colectivo de trabajo el mismo sindicato que en Gissing, el SITIMM.
Ahí, relata, escuchó un comentario que le llamó la atención por parte de un trabajador afiliado al sindicato, pues se refería a sus excompañeros en Gissing, particularmente a Jaime:
“Cuando tuve una plática con un trabajador de ahí, del sindicato, fue como: ‘Ajá, tú trabajabas ahí, ¿verdad?’. Le dije que sí, y me preguntó qué hacía. Ya que le conté y me dijo: ‘Ah, ¿con Jaime?’. Y luego comentó: ‘Ah, sí, sí, muy famosillo. Como que traía mucha controversia con nosotros’. Yo le dije: ‘Pues sí, era él quien pedía los comprobantes y todo eso’. Y él solo respondió: ‘Ah, órale, no, pues está bien’.”
Por su parte, Jaime buscó y encontró trabajo nuevamente en el ramo automotriz, en una empresa llamada Taigene México S.A. de C.V., ubicada también en el parque industrial Colinas de León; sin embargo, aunque ya estaba laborando fue despedido sin justificación tras ser ubicado por un líder del SITIMM.
“Ya estaba dentro de esa empresa pero cuando llega el señor Raúl de la Cruz (parte del SITIMM) a dar la inducción, pide que se me dé de baja ese mismo día; y en cuanto termina la inducción llegan las señoritas de Recursos Humanos y me despiden. No sé en realidad qué es lo que les haya dicho o cómo las haya convencido”, recuerda.
Por ese motivo, dice “Yo sí pediría que los demás líderes sindicales hicieran un esfuerzo por crecer más para informar a la gente y así librarnos un poquito de la CTM, porque en realidad aquí en Guanajuato estamos muy mal en cuestión de sindicatos. La mayoría están vendidos con las empresas”.
De acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en Guanajuato están registrados 20 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en empresas de diferentes giros; mientras que en la industria automotriz se encuentran registrados cinco.
De estos, tres forman parte o tienen relación con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la poderosa central obrera que el historiador Víctor David Valera incluye en el conglomerado de organizaciones que dieron origen a los denominados liderazgos “charros”, los cuales se distinguen por su cercanía con el poder y el desdén por la democracia sindical.
En un video conmemorativo por su 89° aniversario y proyectado el 1 de mayo de 2025 con motivo del Día del Trabajo en las instalaciones de Poliforum León, la CTM señaló que hay más de 4.5 millones de trabajadores en todo el país afiliados al sindicato, de los cuales 400 mil forman parte de la industria automotriz y de autopartes.
Las autoridades: entre la complicidad y la omisión
Ernesto Gutiérrez, activista comunitario, líder sindical independiente y colaborador de Casa Obrera Potosina explica que aunque hay testimonios sobre la existencia de las llamadas “listas negras laborales” a las que suelen recurrir las empresas, hay poco o nada documentado sobre la situación.
De hecho, en respuesta a una solicitud de información elaborada para este trabajo, la Dirección General de Promoción y Desarrollo Laboral, adscrita a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Guanajuato informó que “no se han presentado denuncias, quejas, reportes o investigaciones relacionadas con la existencia o posible existencia de listas negras laborales en los centros de trabajo o en los sindicatos que son de competencia local”.
“Es algo que se escucha o se conoce así a grosso modo. Es una suposición del uso de estas estrategias que hacen las empresas, los sindicatos y también las cámaras empresariales”, señala.
Él mismo, dice, es un trabajador “boletinado” para las empresas por su actividad sindical cuando laboró en Grupo Modelo en el año 2015; y narra que no es el único caso del que tiene conocimiento en San Luis Potosí, donde radica.
Explica que los sindicatos emplean estos mecanismos para identificar a trabajadores como él y que todo inicia desde la información que se proporciona a la empresa, donde se utiliza un programa “para ingresar a los antecedentes de registro y para conocer dónde fue tu última alta o baja laboral; es obvio que también se lo pasan al sindicato y hacen todo un rastreo”.
Más aún, relata, cuando los trabajadores se organizan para denunciar violaciones a sus derechos se evidencia la relación entre las empresas, los sindicatos y las autoridades laborales “y como en nuestro país todavía siguen existiendo casos de corrupción o soborno, pues seguramente (…) le hablan a la empresa y le dicen: ‘oye, aquí vino un grupo de trabajadores’”.
Agrega que esos reportes sobre trabajadores que demandan sus derechos laborales ante las autoridades, no solo llegan con las empresas sino con los sindicatos, representantes de gerencias, directivos de recursos humanos y hasta cámaras empresariales.
“Entregan estas listas de los trabajadores que han demandado pero también entregan información de los hijos, de los padres o de la esposa, por si alguno de ellos está trabajando en algunas fábricas donde tienen ese consejo empresarial, pues nos despiden. Han pasado ese tipo de casos”, asegura y señala que estas prácticas también buscan intimidar, sofocar y apagar el movimiento de la base trabajadora.
En el Bajío, Alejandra Morales Reynoso, Secretaria General del SINTTIA, quien es la primera mujer en México que lidera un sindicato en la industria automotriz, comparte una opinión similar a la de Ernesto; y recuerda que mientras peleaban el Contrato Colectivo de Trabajo en General Motors de Silao, en 2021, denunciaron e hicieron público el rechazo de la empresa a trabajadores que participaban en su movimiento sindical.
“Esto sí lo estuvimos denunciando durante mucho tiempo, donde desgraciadamente los sindicatos están en uno solo, son los mismos dirigentes los que les prohíben la entrada a otras nuevas empresas después de ser despedidos o dados de baja”.
Relata que hay compañeros que pueden tardar hasta un año en volver a conseguir trabajo y “cuando conseguían, les leían la cartilla de que se apegan a la red, al reglamento interior de trabajo y que no podían estar ahí causando alborotos”.
Morales recuerda el caso de un empleado que se encontraba adherido al SINTTIA y que al conseguir empleo en otra fábrica le cuestionaron sobre su afiliación sindical.
“Ya cuando explicó el tema de que él no había sido dirigente, sino simplemente afiliado, pues ya le pidieron una carta por parte del sindicato que él no era parte. Estos listados se comunican, la razón por cual salen de las empresas y con esto se les hace un rechazo dependiendo si creen que van a alborotar a los trabajadores, que van a empezar a exigir derechos que no tienen o cosas así”.
Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Israel Cervantes Córdoba, dirigente de Generando Movimiento y de Casa Obrera del Bajío, organizaciones sindicales independientes; y quien ha vivido en carne propia el efecto del veto de las listas negras desde 2019, cuando comenzó con su activismo sindical.
Relata que a pesar de haber formado parte del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), conseguir empleo en la industria automotriz ya fue prácticamente imposible.
«Desgraciadamente, el activismo sindical que he impulsado llevó a que no pueda participar en alguna empresa por miedo a que yo organice a trabajadores», lamenta.
Entre el abandono estatal ¿y del T-MEC?
De acuerdo con la organización “México cómo Vamos”, el 17.4% de la economía en Guanajuato está concentrada en el sector de industrias manufactureras, entre las que se incluye la automotriz. Para dimensionar su importancia, ni juntando la agricultura, ganadería y pesca (3.7%); la Minería (4.8%); los Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos (0.5%); así como el alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (1.7%); se alcanza a cubrir lo del sector manufacturero.
La Dirección de Análisis, Estrategia y Evaluación del Gobierno del Estado de Guanajuato informó, a través de una respuesta a una solicitud de información, que en 2023 la industria automotriz en Guanajuato generó 209 mil empleos, mientras que para 2024 esta cifra aumentó a 220 mil.
Actualmente, el estado cuenta con 5 armadoras Fabricantes de Equipo Original u Original Equipment Manufacturer (OEM, por sus siglas en inglés): General Motors, Mazda, Honda, Toyota y la planta de motores de Volkswagen, las cuales son las encargadas de ensamblar 11 modelos de vehículos ligeros.
Además, su red de proveeduría incorpora más de 390 empresas transnacionales entre las que se encuentran las Tier 1, que producen componentes completos o sistemas para los vehículos; y las Tier 2, que proveen piezas más pequeñas o materia prima para integrar los productos del Tier 1.
El comercio de la producción de esta poderosa industria se encuentra regulado, además de en otras normativas federales y locales, en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá -el T-MEC- un acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que también tiene por objetivo modernizar reglas, fortalecer las cadenas productivas regionales y asegurar condiciones más equitativas para trabajadores y empresas.
En el capítulo laboral de dicho tratado hay apartados en los que se reconoce la importancia de la libertad sindical y de afiliación; y aunque no se nombran las “listas negras” o el “boletinaje” de trabajadores, sí se evidencia la necesidad de proteger dichas libertades.
Sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva, el tratado específico en que México debe establecer “en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección”.
También es concreto sobre la importancia de “prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido”.
Aunque las autoridades no reconocen la existencia de las listas negras como una práctica para inhibir el activismo sindical, las experiencias de los trabajadores recogidas en este reportaje, evidencian lo contrario.
Alejandra Morales Reynoso, explica que han evidenciado el tema en foros donde se encontraban representantes de la Secretaría del Trabajo del Estado de Guanajuato, y que también lo hicieron de conocimiento del Mecanismo de Respuesta Rápida en Materia Laboral (RRML) del TMEC, en mayo de 2021, derivado de presuntas violaciones a los derechos laborales en la planta de General Motors en Silao.
Por su parte Ernesto Gutiérrez, de Casa Obrera Potosina, asegura que aún hay muchos retos y desafíos pese a la existencia del T-MEC; y refirió el caso de un compañero por el que activaron el RRML, pues enfrentó un despido injustificado y la obstrucción de su libertad sindical.
“Dentro de la queja se puso que el compañero estaba siendo boletinado para que no encontrara trabajo”, cuenta y agrega que de estas quejas tiene conocimiento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), la misma empresa y autoridades en EE. UU. o Canadá, dependiendo del país.
“La autoridad sabe pero, como te digo, no hay una prueba suficiente de ello (…) lo que buscamos es documentar con los trabajadores que cuando vayan ellos a entregar una solicitud de empleo, brinden el testimonio”, contó.
Gutiérrez considera que lo que hace falta es verdadera voluntad para reconocer un fenómeno silencioso que reprime la libertad de organización y afiliación sindical, pues aunque las listas negras laborales no figuran en informes oficiales, sí son una práctica que evidencia que alzar la voz sigue siendo un riesgo que se paga caro.
Este reportaje fue elaborado en el marco del “Laboratorio de investigación periodística sobre derechos laborales y libertad sindical de los y las trabajadoras de la industria automotriz”, organizado y financiado por Lúminas Centro de Derechos Humanos AC. Ilustración Carolina Mohina
