Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha puesto bajo la lupa al actual subsecretario para el Desarrollo de las MiPymes, Froylán Salas Navarro, a quien se le acusa de presuntas irregularidades cuando se desempeñaba como funcionario en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
El denunciante, Rogelio Santoyo, excolaborador de la misma Secretaría, sostiene que Salas habría incurrido en abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias y revelación de secretos.
De acuerdo con el exfuncionario, el subsecretario presionó a diversas direcciones internas y a clústeres empresariales para destinar aproximadamente 12 millones de pesos de recursos públicos a una plataforma privada llamada “Guanajuato Compra Guanajuato (Biz Guanajuato)”, a pesar de que la Secretaría ya contaba con su propio sistema institucional para enlazar proveedores y compradores.
“No he sido notificado”: Froylán Salas
Consultado por medios de comunicación, Froylán Salas Navarro declaró que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia en su contra.
“Desconocemos lo que se publicó en medios; lo atenderemos cuando llegue de manera oficial el tema, como corresponde”, afirmó el subsecretario.
En su defensa, Salas señaló que el apoyo económico otorgado a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) —organismo vinculado al desarrollo de la plataforma señalada— tuvo como objetivo fortalecer al sector privado del estado, y negó que su subsecretaría haya intervenido directamente en la creación del sistema digital en cuestión.
“Nuestra subsecretaría no intervino en esta creación (de Biz Guanajuato). Nos sumamos a las iniciativas de los empresarios guanajuatenses en su propio beneficio, y lo hacemos a través de las propias cámaras y organismos empresariales”, sostuvo.
En contexto
La plataforma Biz Guanajuato fue impulsada por actores del sector privado con el fin de fortalecer las cadenas de proveeduría locales. Sin embargo, el señalamiento radica en el presunto uso de recursos públicos para alimentar un sistema ajeno a la administración estatal, lo cual podría implicar responsabilidades legales si se demuestra un conflicto de interés o un desvío de recursos.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento público sobre la denuncia. El caso se mantiene en seguimiento, y se espera que en los próximos días se determine si habrá una investigación formal contra el funcionario.
