CONTRASTES
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado, Miguel Márquez, mostraron dos versiones distintas sobre el tema la crisis de inseguridad que vive el país en sus dos últimos encuentros, primero en la 42a. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y luego, al concluir el V Informe de Gobierno.
En el primer encuentro con los gobernadores del país, Peña Nieto hizo un reconocimiento a la participación de las Fuerzas Armadas en el respaldo a las tareas de seguridad; reafirmó que el Mando Único es la alternativa para revertir la falta de policías estatales confiables y sólidas además que del total de homicidios en el país, el 50 por ciento son por fenómenos delictivos locales (robo, secuestro, pandillerismo, violencia intrafamiliar y contra la mujer). Por eso su demanda de sacar adelante la iniciativa del Mando Único Policial.
Por su parte, en este mismo evento, el gobernador reiteró su llamado al Congreso de la Unión para que se sancione con mayor rigor el uso de armas exclusivas del Ejército y el robo de combustible, porque estos dos asuntos son los que generan una crisis a nivel nacional en materia de seguridad. Se tendría que modificar la ley para castigar a quienes cometen estos dos delitos de orden federal.
Estas dos visiones contrastan y llaman la atención por las propias condiciones que vive una ciudad como León, los homicidios dolosos se han disparado en los últimos meses y en donde hay un esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno para revertir la situación.
En el evento que se realizó en Palacio Nacional, el pasado 30 de agosto, el Presidente Peña Nieto hizo un resumen de las medidas que ha adoptado su gobierno en materia de seguridad, los obstáculos que impiden avanzar más rápido y los retos que se tienen para fortalecer la respuesta de los cuerpos de seguridad en los estados y municipios.
Primero dijo que el modelo federal está enfocado a la prevención social de la violencia, al fortalecimiento de las instituciones y que usa los sistemas de inteligencia frente a un diseño institucional descentralizado en las labores de seguridad que ha sido totalmente rebasado. Mientras los criminales han adoptado los avances tecnológicos, muchas policías locales no han evolucionado, así de claro, puesto que hay entidades donde no se dispone de policías sólidos y confiables además de municipios donde ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones.
En seguida vinieron las evidencias ante los gobernadores, solo 14 de 32 entidades tienen policías en todos los municipios y en la gran mayoría, el número no rebasa ni 100 elementos; falta profesionalizar y preparar a los elementos, el 70 por ciento tiene una escolaridad de secundaria o menos; el 40 por ciento de los policías municipales recibe menos de 4 mil 600 pesos de salario mensual y falta infraestructura y tecnología.
En su gobierno, afirmó, se han destinado 70 mil millones de pesos en apoyo a estados y municipios para fortalecer la seguridad y más de 6 mil 500 millones para la construcción de centros regionales de inteligencia, por mencionar algunas cifras. Aunque hay un respaldo con la presencia de las fuerzas federales, ésta no puede ser permanente.
Advirtió luego que el fenómeno delictivo se transforma, a pesar de haber dado golpes para debilitar la estructura operativa y financiera de los grandes cárteles, y ahí explicó que en 2011, tres de cada 10 homicidios estaban relacionados con delitos del fuero común y ahora son cinco; que la violencia contra la mujer se da mayoritariamente en el entorno familiar y laboral, y que se remite al entorno social y familiar local, no únicamente por la actuación de las grandes organizaciones criminales.
El Presidente Peña Nieto también dijo que defendería su iniciativa del Mando Único Policial, la cual busca transformar mil 800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas, más confiables y capaces de hacer frente a la delincuencia.
Es urgente alcanzar una definición ante otras iniciativas, como la del Mando Mixto, que tienen paralizado al Congreso, en donde también responsabilizó a los poderes Legislativo y Judicial de contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana. Esta misma postura ante los gobernadores, la replicó durante su V Informe de Gobierno el sábado 2 de septiembre para que no quedara duda en el mismo Palacio Nacional.
Frente a esta postura y al concluir la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador Miguel Márquez sostuvo la tesis de que los asuntos que generan la crisis de inseguridad a nivel nacional, y en los estados, tiene que ver con el uso de armas que son exclusivas del Ejército y con el robo de combustible. Se necesita cambiar la ley para endurecer los castigos a quienes cometan estos dos delitos.
Se refiere a un cambio en uno de los Artículos de la Constitución para que quienes delincan en estos dos supuestos, enfrenten los procesos bajo privación de su libertad, y que no entren y salgan por una puerta giratoria cuando llegan ante el juez.
En el propio Grupo de Coordinación Guanajuato de seguridad, donde participan autoridades federales y estatales, se ha puesto sobre la mesa este asunto y hay una coincidencia de que avanzar en la propuesta del gobernador puede contribuir a disminuir la incidencia delictiva. Aunque también se trabaja en atender la falta profesionalizar las corporaciones, mejorar los ingresos y depurar de malos elementos a las policías locales.
Luego, el sábado al concluir el V Informe de Gobierno de Peña Nieto, el gobernador Miguel Márquez reiteró que falta trabajar en la Ley de Seguridad Interior, el Mando Único, el Mando Mixto y las reformas constitucionales para castigar a los delincuentes dedicados al robo de combustible y quienes porten armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Se refirió al reconocimiento de las autoridades de que hay una crisis de seguridad que ha impactado a todo el país y en donde falta que el Congreso de la Unión desatore las iniciativas en la materia y endurecer el castigo a los delincuentes.
Dos visiones, el mismo problema mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias de la delincuencia organizada, en algunos casos más que el propio gobierno.
PERDIDOS
Vaya lío en que se metió el PAN a propósito de la defensa a ultranza de su dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, de los señalamientos que le han hecho de un presunto enriquecimiento ilícito en su carrera como funcionario público en Querétaro.
El dirigente nacional de ese partido ha volcado a sus militantes contra el PRI-Gobierno, a quien acusó de estar detrás de la campaña para evidenciar la fortuna personal y familiar por oponerse al pase automático del titular de la PGR como nuevo Fiscal General de la nación.
Pero quien no lo sigue ciegamente, lo fustiga y hasta le avienta la cargada en contra.
Hace una semana estuvo en León el Senador del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, vino al segundo informe de labores del legislador federal, Miguel Ángel Salim, y en esa reunión declinó hacer comentarios a favor del dirigente de su partido, Ricardo Anaya Cortés, a propósito de la guerra que le declaró al gobierno y el PRI por las acusaciones de corrupción hacia sus familiares.
Es evidente que el Senador Cordero Arroyo no pertenece al grupo de Anaya Cortés ni comulga con su guerra santa que declaró en contra del gobierno federal pero de eso a meter las manos al fuego ciegamente, como pretende el Presidente nacional del PAN, hay un buen trecho.
El dirigente nacional del PAN había logrado que la Comisión Permanente del partido se opusiera al pase automático de Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, como nuevo Fiscal General; la razón que argumentó es que el gobierno quería un fiscal a modo, que no era autónomo, lo que mantendría la impunidad en México.
Luego previo al inicio de sesiones en el Congreso de la Unión, convocó a las bancadas del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados para dar línea de que no se permitiera esa maniobra porque representaría un plan de impunidad transexenal. Les dictó una posición unánime a los grupos parlamentarios y hasta dijo que estaba orgulloso de las muestras de respaldo y solidaridad que había recibido de los legisladores.
Pero llegó la instalación de la nueva mesa directiva del Senado de la República el jueves 31 de agosto y la situación empeoró para Anaya Cortés. Los senadores Ernesto Cordero Arroyo; Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle Maury, votaron en sentido contrario a lo que les dictó su partido mayoritariamente, y sacaron de la jugada a las senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas, que eran las propuestas formales del partido.
El viernes 1 de septiembre, el PAN nacional condenó a sus senadores y aseguró que el partido no está representado por quienes fueron electos a propuesta del PRI para integrar la mesa directiva en el Senado, es decir los desconoció y amenazó con sancionarlos. Los órganos en manos de Anaya Cortés serán quienes los sancionen.
El sábado 2 de septiembre, el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Cordero Arroyo, se vio relajado durante el V Informe del Presidente Enrique Peña Nieto, con quien incluso compartió brevemente un saludo durante la ceremonia oficial de Palacio Nacional. Ya había ofrecido su versión a los medios de comunicación sobre las acusaciones de otros panistas de que era un traicionero y vendido con el PRI-Gobierno.
Este pleito no ha terminado y seguramente sus repercusiones se extenderán hacia las entidades donde unos grupos están a favor de Ricardo Anaya Cortés, otros a favor de Margarita Zavala y unos más con Rafael Moreno Valle, que es donde se concentra la disputa entre los panistas por la candidatura presidencial para el 2018.
Hasta ahora, el presidente nacional del PAN ha asegurado que fue el PRI-Gobierno quien le dirigió los torpedos que destaparon su caso de presunto enriquecimiento inexplicable pero en la política no hay coincidencias y puede ser que el bombardeo venga desde el mismo PAN, al menos ya tiene una evidencia más de que no le van a dejar fácil el agandalle de la candidatura presidencial que tanto anhela.
Los grupos ligados a Anaya Cortés en Guanajuato deben poner sus barbas a remojar porque ese sería el mismo camino para dinamitar su alianza al 2018.
LISTOS
Con la redefinición del calendario electoral, la revocación de los lineamientos del INE para la equidad en la contienda, la aprobación de los criterios para la reelección consecutiva y la paridad de género, los partidos políticos se declaran listos para competir en la contienda electoral del 2018.
El sábado en la mañana, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato difundió el acuerdo que modifica el calendario del proceso electoral 2017-2018.
En este documento, tras la sesión extraordinaria del Consejo, se definen con claridad los plazos que tienen los partidos políticos para ajustarse al calendario oficial de la contienda electoral.
En primer lugar, la conclusión de las precampañas será el 11 de febrero de 2018; la conclusión de los periodos para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes candidaturas independientes será el 6 de febrero del 2018; la aprobación del registro de las candidaturas a la gubernatura será el 29 de marzo de 2018 y el registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos será el 20 de abril de 2018.
Otros cambios son, el aviso de la intención de elección consecutiva será entre el 1 y 7 de octubre de este año; la comunicación de los partidos de los procesos internos, sus criterios de paridad de género y la elección consecutiva para la selección y postulación de candidaturas será del 1 al 7 de noviembre de este año; la comunicación de la intención para cargos de elección popular de candidaturas independientes para gobernador será del 25 de noviembre al 1 de diciembre, para ayuntamientos del 10 al 16 de noviembre y de diputaciones de mayoría relativa del 25 al 31 de diciembre y de elección consecutiva del 10 al 16 de diciembre, todas en 2017.
También se notificó a los partidos políticos sobre los periodos de precampañas a la gubernatura, ayuntamientos, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional; los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes; registro de candidaturas en todos los cargos de elección popular, el registro de coaliciones así como los periodos de campañas políticas.
Ahora vendrá una intensa actividad pre-electoral en los partidos políticos porque son muchos quienes aspiran y pocos quienes tendrán posibilidad de llegar a las boletas antes de las elecciones del año próximo.
