Una denuncia ciudadana anónima evidencia presunta negligencia médica, omisión de atención y falta de insumos quirúrgicos en el Hospital Regional del ISSSTE en León, donde una mujer de la tercera edad permanece internada desde hace más de un mes sin recibir la cirugía que requiere de manera urgente. La familia ha promovido un amparo para exigir que se respeten sus derechos a la salud y a la vida.
Todo comenzó el 19 de marzo, cuando la paciente sufrió una caída en casa. Fue llevada a la clínica del ISSSTE en Celaya, donde inicialmente se le diagnosticó erróneamente con lumbalgia. Después de ser dada de alta pese a los intensos dolores, tuvo que ser internada nuevamente. Fue entonces cuando un traumatólogo detectó una fractura que no podía ser atendida en esa unidad y recomendó su traslado a León o a la Ciudad de México.
La paciente ingresó finalmente al Hospital Regional del ISSSTE en León el 9 de mayo, pero, según su familiar, fue atendida inicialmente en condiciones indignas: “Estuvo horas en un pasillo sin camilla, sin privacidad, y sin poder siquiera ir al baño con tranquilidad”, relató.
Después de ser valorada por especialistas, se determinó que la paciente requería tornillos canulados y cemento óseo debido a su diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, la cirugía ha sido pospuesta repetidamente bajo argumentos como “falta de presupuesto” y “ausencia de material quirúrgico”.
Cansado de la dilación y la falta de respuestas oficiales, el familiar interpuso una demanda de amparo, en la que un juez federal reconoció la omisión de proporcionar una adecuada atención médica como una violación constante a los derechos humanos de la paciente, en particular el derecho a la salud y a la vida.
La orden judicial establece que, ante la falta de insumos, el hospital debe subrogar el servicio, es decir, pagar por la cirugía en un hospital privado. No obstante, la familia afirma que no se ha cumplido con dicha medida. “No entregan nada por escrito, ni fechas ni compromisos. Solo dicen que están ‘gestionando’. Ya pasaron semanas”, señaló.
La situación ha derivado en enfrentamientos verbales con el personal del hospital.
El denunciante anónimo acusa trato déspota y falta de sensibilidad por parte del subdirector del hospital, Óscar Iván Rosas, y de la directora, Marta Karina Rodríguez Lizola, quienes presuntamente le comunicaron falsamente que la paciente sería trasladada al Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México, para después retractarse, diciendo que “se confundieron de paciente”.
“El doctor me dijo que si no se opera, mi mamá podría perder la movilidad o tener daños internos severos. Esta operación cuesta más de 500 mil pesos en un hospital privado. No tenemos los medios”, denunció.
El amparo interpuesto fue aceptado bajo el argumento de que la omisión médica es una violación continua a los derechos humanos. El juez determinó que, de no contar con insumos, la institución está obligada a garantizar la cirugía en un hospital privado a costa del Estado, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo y tratados internacionales.
Ante la gravedad del caso, este medio hace un llamado urgente a las autoridades del ISSSTE, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervengan de inmediato y garanticen el derecho a la salud de esta paciente.
La indiferencia institucional no solo vulnera derechos fundamentales, también pone en riesgo la vida de una persona. Las autoridades deben actuar con responsabilidad, empatía y prontitud.
