El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad en Guanajuato, con lo cual el Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deberán contratar y dar trabajo a discapacitados.
Ambas instancias de gobierno deberán promover el derecho al trabajo digno y en atención a sus respectivas competencias laborales, garantizarán por lo menos un 3 por ciento de su plantilla laboral a personas con esas condiciones.
La medida deberá aplicar de manera progresiva, hasta lograr que por lo menos el citado porcentaje de empleados cuente con una plaza laboral, al interior del servicio público.
Por lo tanto, serán atribuciones de autoridades estatales y municipales la generación de las condiciones que favorezcan la contratación de personas con alguna discapacidad.
Otra parte de las reformas aprobadas se refieren a los derechos de los discapacitados como: el respeto a su integridad física, mental y dignidad, ser incluidos y participar plenamente al interior de sus familias y comunidad, donde se les deberá garantizar la máxima independencia posible.
Entre las atribuciones del Ejecutivo del Estado y los municipios también destacan las relativas a impulsar en el sector público, la cultura de inclusión y que con ello brindarles las mismas oportunidades.
En materia de Derechos Humanos, la Secretaría del rubro deberá integrar un padrón de las organizaciones e instituciones estatales, dedicadas a la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad.
Mientras que la Secretaría de Educación de Guanajuato deberá promover la utilización del lenguaje de señas mexicana, sistema de escritura braille, además de otras maneras y formatos de comunicación.
La diputada, Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y autora del dictamen aprobado señaló que el proceso legislativo para llegar a esta modificación, siempre tuvo como el centro de opinión, a las personas con discapacidad.
Precisó que también se establece el derecho fundamental de estas personas a ser consultadas y donde se antepuso en todo momento el derecho a la justicia, el desarrollo y la prosperidad, como parte del Estado, que son todas estas personas.
Destacó la importancia del acceso pleno a una fuente de empleo, en igualdad de condiciones, pero también de acuerdo a sus capacidades y habilidades, en el desempeño de la función.
