Un trabajo colaborativo con los anexos, podría dar información relevante en el tema de búsqueda de personas.
Víctor Aguirre Armenta, titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos en el municipio, explicó que en temas de legalidad, este tipo de establecimiento no requiere de permisos, como los que brinda Desarrollo Urbano, para que se puedan hacer labores de búsqueda.
En ese sentido, desde el municipio, al menos hay 36 permisos de uso de suelo, que se han expedido a estos centros de rehabilitación.
«La idea es contrastar la información de todas las personas que están en estos centros sin importar si son regulares o irregulares, si tienen o no tienen uso de suelo o si tienen autorización de la secretaria de salud o no, nosotros es conocer quienes están ahí y contrastar con las listas de las personas desaparecidas para poder descartar que se encuentren precisamente en esta situación», mencionó el subsecretario.
No es un secreto que hay anexos en el municipio de León, que trabajan fuera de la legalidad; sin embargo, esto no los descarta como un punto donde puede encontrarse una persona que cuenta con una ficha de desaparición.
Hay personas que llegan, sin dar información a sus familiares de su paradero y estos ante el desconocimiento, van con las autoridades, se hace la ficha de búsqueda y no se dan cuenta de que está en un centro de rehabilitación y que un tratamiento puede durar hasta dos años.
Recordemos que el municipio de León no es exento de localizar a personas desaparecidas en los anexos. Este año ocurrió un caso de una madre buscadora, de quien se alertó su desaparición y fue localizada en un anexo.
Aguirre Armenta, declaró que, aunque estos espacios sean regulares o irregulares, no es un impedimento, para intervenir y hacer búsquedas.
«La idea es intervenir, acudir con ellos, revisar a las personas que se encuentran en ese momento en un tratamiento de adicciones que antes duraban tres meses, luego seis, hoy ya hay tratamientos que les dan por uno o incluso por dos años», dijo.
