MÉXICO SIN LEY

Ahora sí, en verdad, nuestro país no tiene ley, ni justicia. Por muchos años, se dijo una y otra vez, que México no tiene un verdadero Estado de Derecho. Desde el primer minuto del miércoles 21de agosto del 2024, en todo México no se aplica la ley. Se suspende por primera vez en la historia del país, la aplicación del derecho en territorio nacional.
El sentimiento nacional de concebir la falta de un Estado de Derecho en verdad se debe históricamente a la subordinación del Poder Judicial, al capricho y sometimiento al Poder Ejecutivo, durante la supremacía de 71 años en el poder del partido hegemónico, el PRI. Sin embargo, nunca el pueblo se quedó formalmente sin la aplicación de la ley.
La subordinación del Poder Judicial, al Ejecutivo Federal siempre estuvo presente al ser nombrados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el presidente de la república en turno. De ahí en adelante, magistrados, jueces de distrito y jueces de partido judicial en invariables ocasiones fueron nombrados por el primer mandatario de la nación.
Está misma situación ya señalada, se replicó en todas las entidades de la república, donde los gobernadores en turno nombraban al magistrado presidente del Poder Judicial del estado y a más miembros del Tribunal, hasta meter mano en nombramientos y propuestas de jueces en sus distintos partidos judiciales.
En ocasiones, hasta presientes municipales llegaron a intervenir, recomendando amigos, familiares e incondicionales para ser nombrados jueces en sus correspondiente partidos judiciales y jurisdicciones. Dicho lo cual, el Poder Judicial de la Federación como de los estados, fue visto y concebido por la ciudadanía con recelo y desconfianza. Fueron décadas y décadas de ver veladamente y en ocasiones, descaradamente, cómo el sometimiento de los miembros del Poder Judicial era total y absoluto a la voluntad del Ejecutivo y a su partido político.
Hoy en día, en pleno siglo XXI y con un sistema político democrático consolidado en México, se siguen haciendo las mismas prácticas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo en los Tribunales de Justicia de los estados. El presidente de México y los gobernadores de los estados proponen y nombran a los Ministros y los gobernadores, a los Magistrados presidentes y demás miembros del Poder Judicial.
Hemos llegado al escandaloso caso, sin rubor alguno, que el actual mandatario de la nación nombra a un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un trabajo de tesis de licenciatura plagiado, con otra miembro de su partido y su movimiento político, francamente ignorante y a todas luces incapaz. Así cómo gobernadores que nombran a compañeros de su partido político, como consejeros de la Judicatura.
El Poder Judicial no puede existir sin la confianza y la fe de los ciudadanos. Más que algún otro poder del Estado, el judicial se erige sobre los cimientos de la confianza pública. Los jueces no dirigen ejércitos, ni marinos, ni fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. Eso sí, dictan sentencias a partir de ley.
Sentencias que las personas deben creer que provienen de profesionales judiciales competentes, legítimos e independientes. La falta de credibilidad y confianza judicial se manifiesta de distintas formas y los estándares éticos corrigen acciones, omisiones y relaciones problemáticas que han erosionado la confianza pública.
Muchos mexicanos sabemos y reconocemos que el Poder Judicial debe ser modernizado y reformado. Pero de ninguna manera, puede convertirse en un cuchitril al servicio del Poder Ejecutivo, donde los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular o por un sorteo vía una tómbola. Pueden ordenarse medidas correctivas, pero nunca, nunca este disparate de politiquería de izquierda barata.