La corrupción es una desviación de la conducta de los funcionarios públicos, que se aparta de las normas establecidas para ponerse al servicio de intereses privados. Es evidente que existe en todas las sociedades y en todos los gobiernos, pero es más común en unas que en otras, y más frecuentes, en ciertos períodos de la administración.
Es por ello por lo que los distintos gobiernos, siempre hablan del tema con el propósito de combatir la corrupción, que ellos mismos generan. No hay político sea hombre o mujer, que no se llene la boca prometiendo luchar y combatir la corrupción, cuando muchas veces simulan hacerlo y queda, en un tímido intento. Durante décadas, el tema de la corrupción se convirtió en el punto neurálgico de todo gobierno.
La frecuencia de actos de corrupción, se dan durante todo el tiempo de la administración pública, sin embargo, llama la atención que, al inicio del gobierno en turno, el propósito de hacer bien las cosas y, sobre todo, ajustarse al marco legal para que no exista duda alguna de proceder conforme a la ley, es una exigencia de los responsables de la administración.
Conforme pasa el tiempo, la relajación política y administrativa subyace, mientras el discurso político sigue latente en el sentido de luchar y combatir el gran cáncer de toda administración. Y cuando se acerca el término del gobierno, el desenfreno es total y absoluto, por parte de aquellos que juraron combatir el letal flagelo que por siempre esta presente, porque ellos mismos lo crean.
En la presente administración del presidente López Obrador, el desenfreno inició de inmediato. Con escusas o más bien, justificaciones atribuibles a la pandemia y a circunstancias sociales, administrativas y técnicas, cómo cuando generaron el desbasto de hidrocarburos (gasolina) y de medicamentos, para adjudicar de manera directa, entiéndase a “dedo” a capricho y voluntad del gobierno, dar contratos fuera de la ley.
A todo esto, hay que agregar la famosa frase del presidente, “Y no me vengan a mí, de que la ley, es la ley” para vivir inmersos en una de las administraciones públicas más corruptas y opacas que se recuerden. Ni siquiera en las más oscuras y corruptas administraciones que se tenga memoria, del PRI en tiempos de Dìaz Ordaz, Luis Echeverría o Miguel de la Madrid.
La corrupción está más viva y presente que nunca, en todas las administraciones del país, lo que pasa, que la nueva “pandemia” que azota a México, la inseguridad, ha venido a ser el gran distractor de los gobiernos federal, estatal y municipal para que mientras se “combate” al crimen organizado, la corrupción avanza y avanza sin límite alguno.
Para que haya corrupción es necesario reconocer la diferencia entre el rol público de un funcionario y su interés privado. Si la cultura de la sociedad no distingue entre el papel del presidente como individuo y como gobernante, es imposible acusarlo de corrupción en el uso del erario público. Aún con el caudal de evidencias que señalan a AMLO, como un gran corrupto.
Estamos ante el mayor momento público de acceso a la información, al alcance de todos los mexicanos en sus manos, contando con un teléfono inteligente para que, a golpe de una tecla, puedan darse cuenta de las evidencia que desnudan a un gobernante y su gobierno, acusado de corrupción en cualquier momento.
Ahí está el caso del Tren Maya, por citar sólo un ejemplo, donde López Obrador, confirmó que su hijo Bobby, ha ayudado cómo asesor honorifico en el Corredor Interoceánico. Lo que significa, su reconocimiento público a las diversas investigaciones periodísticas de “Latinus”. La coincidencia con las grabaciones de Amílcar Olan, el prestanombres y amigo de Andy y Bobby, publicado por el periodista Carlos Loret de Mola.
Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia e inseguridad. Ambas son sintomáticas de la debilidad de las instituciones políticas, una y otra son características de lo que en adelante conocemos como sociedades y gobiernos militares. Nos guste o no.
¿No cree usted?
