Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sufrió su primer revés aun cuando no empieza el proceso interno del PAN para elegir a sus candidatos a la gubernatura de ese partido en el 2018.
La versión oficial es que renunció pero entre los panistas, dentro y fuera del gobierno, la versión extraoficial es que era insostenible su defensa como Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado ante las acusaciones de uso de recursos públicos para promover sus aspiraciones políticas.
Hace unas semanas se decía que Rodríguez Vallejo era una máquina del tren que ya nadie podía parar de cara a la disputa por la candidatura del PAN a la gubernatura del estado en 2018. Los resultados del programa Impulso Social lo había encarrerado a una posición privilegiada para proyectar sus aspiraciones políticas durante el siguiente sexenio.
El propio Rodríguez Vallejo aseguraba que no se movería del cargo hasta que saliera la convocatoria oficial del PAN estatal y que una vez que conociera los términos tendría que tomar una decisión aunque parece que adelantaron su salida. Este lunes, el gobernador Miguel Márquez anunció que aceptaba la renuncia del funcionario más cuestionado de su administración en las últimas semanas.
El PRI estatal lo denuncio ante las autoridades electorales del estado; los Senadores y Diputados Federales del PRI pidieron una investigación de la Auditoría Superior del Estado y hasta de la Procuraduría General de la República por la presunción de uso ilegal de recursos públicos para promover su imagen; la dirigencia estatal del PVEM pidió a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al órgano de fiscalización del Congreso del Estado abrir otra investigación por el desvío de recursos a favor de su candidatura y el Consejo Coordinador Empresarial de León demandó que lo cesaran del cargo por estar desde hace varios meses en una campaña abierta para favorecer sus aspiraciones políticas en 2018.
Pero la gota que derramó el vaso fue la denuncia pública que reiteró el Senador del PAN, Fernando Torres Graciano, sobre la promoción electoral de Rodríguez Vallejo a través de los recursos públicos y endeudamiento solicitado por el estado al imitar a viejos programas del PRI en entidades cuyos mandatarios hoy están en la cárcel acusados de corrupción.
La explicación ofrecida por el gobernador Miguel Márquez es que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo había culminado un ciclo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; que no había evidencias de que algún desvío de recursos públicos en su gestión, donde ejerció más de 5 mil 100 millones de pesos a través de Impulso Social, y que ahora el panista había tomado la decisión de tomar otro camino.
Incluso, durante la presentación del nuevo titular de la dependencia estatal, que estará a cargo de José Gerardo Morales Moncada, el titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato hizo un reconocimiento público al trabajo realizado por Rodríguez Vallejo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Después de renunciar al cargo, el panista se trasladó a León para ofrecer una conferencia de prensa en la que aceptó que buscaría la candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato, como siempre se señaló, y que la decisión la había tomado desde hace varias semanas.
Negó que haya usado recursos públicos para construir su candidatura a través de la promoción de su imagen y que los haya desviado a otro propósito distinto al que establece la ley. Me voy, no lo tumbaron, aseguró ante los medios de comunicación luego de que las críticas a su gestión arreciaron en los últimos días.
Según Rodríguez Vallejo nada tuvo que ver con esta salida anticipada, las constantes denuncias públicas que la oposición y los propios panistas, que no van en su proyecto político, dieron a conocer. Retó a quienes también tienen aspiraciones políticas dentro del PAN a renunciar a sus cargos para cumplir con lo dispuesto con las autoridades electorales.
La realidad es que ya no tenía mucho caso sostenerlo en el cargo, faltas pocas semanas para el arranque legal de las precampañas internas y hay nuevos lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral para quienes son funcionarios públicos y tienen aspiraciones a competir por un cargo de elección popular y así evitar caer en los supuestos de actos anticipados de campaña.
Si fue sorpresiva su salida porque una y otra vez que se denunció la promoción del funcionario a través de los programas sociales a su cargo, siempre se negó la posibilidad de que renunciara al cargo.
Se anticipó su salida y ahora va a enfrentar la realidad de estar fuera de la nómina gubernamental y el aparato burocrático que lo apoyó desde que nació Impulso Social aunque solamente por unas semanas, en lo que se define si habrá competencia abierta o una designación directa en el PAN.
Entre los panistas que están metidos en la lucha intestina por la candidatura a la gubernatura del estado corre la versión que fue intolerable la acusación que hizo Fernando Torres Graciano, quien también aspira a la posición que quiere Rodríguez Vallejo, de comparar la administración estatal en Guanajuato con aquellas acusadas de corrupción, Veracruz y Coahuila, y que sería el motivo principal de haberle dado las gracias al ahora ex Secretario de Desarrollo Social y Humano para cerrarle paso al pleito y futuras investigaciones.
Posiblemente fue un exceso la comparación porque las últimas encuestas hechas a nivel nacional ubican a Miguel Márquez como uno de los mandatarios mejor evaluados, no solamente del PAN sino de otros partidos políticos. El salir del debate público partidista lo vuelve a colocar dentro del objetivo que planteó en el último informe de gobierno, el cierre de su gestión sin sobresaltos.
La operación política de control de daños que instrumentó el gobierno del estado va a provocar que el Senador Torres Graciano se quede sin argumentos para cuestionar al gobernador Márquez y a las diligencias estatal y nacional del PAN. A menos de que analice la posibilidad de buscar otra opción en caso de que le cierren pasó en el partido.
Murió la familia feliz en el PAN y se abrió el paso la más descarnada lucha interna por la candidatura del 2018 y ahí todo puede pasar, hasta dinamitar su proyecto político y abrir por primera vez, en un cuarto de siglo, el paso a la alternancia política en Guanajuato.
PERMUTA
La empresa que elaboró el estudio de impacto social de la permuta del terreno de 10 mil metros cuadrados del Parque Metropolitano de León por otro de 30 mil metros en La Campiña ya tiene agendado un espacio en el próximo Comité de Adquisiciones para explicar los resultados del avaluó que realizaron y validar la operación entre el municipio y un particular.
Hay que recordar que el municipio y el particular ya tenían amarrada la operación para subsanar la situación que vive el Parque Metropolitano pero algunos regidores de oposición y del PAN brincaron cuando vieron los avalúos que presentó el área responsable de la administración municipal, por lo desproporcionado del terreno.
Resulta que originalmente se entregó una información a los síndicos y regidores que participan en el Comité de Adquisiciones en donde se indicaba que el predio de La Campiña tenía un valor catastral de solo 11 millones de pesos, aun cuando tenía infraestructura urbana que fácilmente triplicaban su valor.
Y del estudio que elaboró la empresa poblana, una de las pocas especializadas en hacer este tipo de avalúos, se determinó que efectivamente los 38 mil metros de La Campiña tienen un valor que alcanzaría los 38 millones de pesos mientras que los 10 mil metros del Parque Metropolitano que perdió el municipio en un juicio con un particular, apenas alcanza los 12 millones de pesos.
Pero existe una serie de evaluaciones que hicieron los peritos de la empresa y que concluyen que la permuta puede ser viable si se toma en cuenta no solo el valor catastral del predio del Metropolitano, sino que se le suman las costas que deberá pagar el municipio al particular por haber perdido el juicio más otros terrenos que están en disputa legal y que formarían parte nuevamente del patrimonio del Parque.
A esto se agrega el valor social que representan los 10 mil metros del Metropolitano para los leoneses, y que derivan de los estudios aplicados a los usuarios del Parque para incluir su punto de vista sobre el costo que tendría cubrir a un particular por usar el espacio para sus actividades.
La conclusión del estudio es que se puede autorizar la permuta, siempre y cuando el particular acepte las condiciones que se habían acordado previamente con el municipio y no busque nuevas argucias legales para sacar más provecho al predio que era del Parque. Hay que recordar que en otro mecanismo de presión, quien ganó el terreno busco interponer otra denuncia para recuperar una parte proporcional de los ingresos de acceso al Metropolitano durante los años en que estuvo administrado por el municipio.
Lo que van a cuidar los integrantes del Comité de Adquisiciones es que la operación sea legal y fundamentada para evitar que en el futuro llegue otra administración y cuestione la permuta que se intenta concretar con el particular.
Y primero se va a hacer una presentación al Ayuntamiento y posteriormente a los medios de comunicación para evitar dudas y aclarar lo pertinente con los expertos que realizaron el estudio de valoración social del predio del Metropolitano y la posible permuta del terreno de La Campiña.
Este último terreno fue recibido por el municipio en donación de uno de los fraccionadores de la zona y tiene un valor comercial e inmobiliario alto debido a que dispone de infraestructura urbana. Finalmente, la cita de los integrantes del Ayuntamiento que van a decidir sobre este tema será el 7 de agosto próximo.
CÁRCELES
El INEGI reveló ayer que un 24 por ciento de la población privada de la libertad que se encuentra en las cárceles de México recibió amenazas o presiones para declararse culpable y que sólo el 45 por ciento fue declarado culpable por haber reconocido los hechos.
Además un 21.5 por ciento de quienes están recluidos en los penales del país, fue sustraído de un lugar privado, sin una orden de detención, lo que pone en evidencia la forma en son llevados ante la justicia.
Se agrega que el 75.6 por ciento vivieron situaciones de violencia psicológica al momento de su arresto, un 58 por ciento fue incomunicada o aislada al momento de su arresto y que el 52.5 por ciento fue amenazada con levantar cargos falsos por parte de la autoridad que lo detuvo.
Se enumeran además las agresiones físicas que recibieron por parte de las autoridades que los arrestaron, las más comunes, patadas o puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas.
Este es uno de los primeros ejercicios realizados en el país para generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal y encarcelamiento de la población de 18 años y más, antecedentes jurídico penales y sus expectativas de salida, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.
Según esta encuesta, en México se tiene una tasa de 173 personas privadas de su libertad por cada 100 mil habitantes, de los cuales el 68 por ciento tiene entre 18 y 39 años de edad aunque del total solo un 19.8 por ciento pudo ejercer su derecho a contactarse con un abogado.
De la población que ya fue sentenciada por las autoridades judiciales, un 39 por ciento fue condenada por el delito de robo; el 68.9 por ciento por delitos del fuero común y un 34 por ciento por delitos del fuero federal.
Otro aspecto que revela la encuesta es que casi un 32 por ciento de las personas que están privadas de la libertad se sienten inseguras dentro del Centro Penitenciaron en donde están internados, incluso un 19 por ciento al interior de su celda, que en algunos casos comparten con hasta cinco personas.
Se destaca además que casi un 26 por ciento de la población que está dentro de los centros penitenciarios ya había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual, es decir que son aquellos considerados reincidentes.
Entre los delitos por los que ya habían sido acusados están el robo (vehículo, transeúnte, casa habitación, negocio, autopartes, entre otros); posesión ilegal de drogas; portación ilegal de armas; lesiones; homicidio; comercio ilegal de drogas; daño a la propiedad; violación sexual; violencia familiar y secuestro.
Estas cifras muestran la realidad que viven las personas que son procesadas por algún delito y las condiciones bajo las cuales enfrentan su reclusión en los centros penitenciarios. A ver que dicen los organismos responsables de salvaguardar los derechos humanos sobre esta situación.
