Guanajuato necesita mejorar los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con énfasis en las mujeres que se ven más vulneradas por distintos factores.
Así se expuso ayer durante la presentación del “Diagnóstico participativo. Hacía una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas” en donde se expuso la vulnerabilidad que viven las defensoras al ser un blanco de ataques y amenazas de grupos de poder.
Arcelia Enríquez Rincón, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez fue la encargada de dar a conocer las recomendaciones que se encontraron entre las que destacan al gobierno estatal la necesidad de reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos y que su protección sea asumida por el estado, a erradicar y combatir los estereotipos de género, al consejo estatal de protección actualizar y dar a conocer el atlas de riesgo, elaborar protocolos de desplazamiento seguro, realizar un análisis de contexto de la región y hasta poder generar límites de tiempo razonables para realizar las investigaciones y que exista un registro público de agresores para garantizar que se inicien procesos y que se garanticen las disculpas públicas.
A la comisión estatal de atención a víctimas se recomendó realizar una coordinación efectiva con el consejo estatal de protección y hasta al Congreso del Estado de le pidió revisar la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Guanajuato para modificar el número de representantes y la forma en la que se designan.
Se lamentó que los principales agresores son funcionarios públicos, municipales, alcaldes y policías y que ante casos de abusos la impunidad prevalece en la mayoría de las denuncias.
La nueva gobernadora tiene una gran oportunidad según lo externaron representantes de organismos y colectivos y hasta el oficial de derechos humanos del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ricardo Neves.
