Con la sentencia que dictó la jueza María Eugenia Chávez Orduña al ex alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzona, se logró esclarecer la verdad e impartir justicia en un caso evidente que atentó contra uno de los principios básicos del régimen democrático, la libertad de expresión, una vez que finalmente aceptó haber ordenado la agresión a la periodista Karla Silva y Adriana Palacios, colaboradoras de El Heraldo de León, en respuesta a las críticas hechas a su gestión.
El asunto va a sentar precedente en todo el país debido a que es uno de los primeros casos donde se logra sancionar a un servidor público, que en un intento de coartar la libertad de expresión recurrió al uso de la fuerza de sus colaboradores (Dirección de Seguridad Pública municipal) para acallar a la voz de las periodistas.
El representante del CIDE, Javier Cruz Angulo, quien acompañó en este proceso penal a la reportera Karla Silva, declaró ayer al concluir el juicio abreviado que fue un caso donde se logró esclarecer lo que sucedió en la causa penal al llegar a la verdad sobre los hechos, un derecho que tenían las víctimas.
El proceso es un triunfo para el gremio periodístico una vez que mostró solidaridad con las víctimas y presionó para que se llegara a conocer la causa por la que se mandó callar a Karla, quien cubría de manera ordinaria las actividades de la Presidencia Municipal en Silao, y se hiciera justicia.
En otras partes del país hay casos de agresiones a los periodistas que provienen de los funcionarios públicos, del crimen organizado y otros grupos de poder que incluso han costado la vida a quien se atreve a denunciarlos. Desafortunadamente las agresiones a los periodistas y defensores de los derechos humanos son un cáncer que no se ha logrado erradicar en México y mucho menos concluir con una sentencia contra los victimarios.
Este caso, explicó el abogado del CIDE va a sentar un precedente relevante en el país porque se concluyó con seis sentencias condenatorias para los que participaron (autores intelectuales y materiales) en los hechos del 4 de septiembre de 2014 en las oficinas del periódico en Silao. Se corroboró el móvil, se aceptó la culpabilidad y se tiene una verdad histórica sobre los hechos.
El ex alcalde fue sentenciado a dos años de prisión al declararse culpable de los delitos de lesiones calificadas y amenazas contra Karla Silva y Adriana Palacios, respectivamente; ofreció una disculpa pública y reparó el daño a las víctimas. No podrá ocupar un cargo público en dos años y medio posteriores a que cumpla el periodo de su sanción, ya tenía 16 meses en la cárcel y se acogió a los beneficios que otorga la ley para enfrentar en libertad su castigo.
Pero lo principal, es que la decisión de la jueza manda un mensaje a otros funcionarios públicos en Guanajuato de que no habrá impunidad cuando pretendan coartar la libertad de expresión o intente agredir a cualquier periodista porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad.
Lo anterior aun cuando, en opinión del experto del CIDE, Javier Cruz Angulo, la sentencia del Poder Judicial se quedó corta respecto a sus criterios para impartir justicia cuando se trate de delitos que atenten contra la libertad de expresión.
Finalmente, para evitar que se repitan más agresiones a los periodistas y defensores de los derechos humanos en Guanajuato va a ser necesario que los legisladores se pongan las pilas con la iniciativa que tienen pendiente de aprobar.
Y ojalá tomen en cuenta las recomendaciones que les hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, una vez que tienen en sus manos las carpetas que deben consultar a fin de robustecer esa iniciativa de ley que tanto hace falta para garantizar la libertad de expresión, uno de los derechos consagrados en la Constitución Política.
CARRERA
En donde ya arrancó con mayor velocidad la carrera por la candidatura a la gubernatura del estado en 2018 es en el PRI, que tiene esta vez el propósito de formar un proyecto competitivo que sume a otras fuerzas políticas en contra del PAN y sacarlo del Palacio de la Presa, a donde llegaron hace más de un cuarto de siglo tras una concertacesión.
En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI tienen claro que para formar un equipo ganador en Guanajuato deberán primero vencer las inercias que arrastran los distintos grupos internos y que si bien las pugnas no son nuevas, esta ocasión existen reales posibilidades de mejorar el desempeño del partido en la elección que se avecina el año próximo.
La nueva delegada del CEN del PRI, Graciela Ortiz, ya vive en carne propia eso de los pleitos internos entre los priístas guanajuatenses, una vez que se convocó una planilla de unidad para la conformación del Consejo Político Estatal (elección de 316 representantes), órgano que tendrá bajo su responsabilidad la definición de las candidaturas a puestos de elección popular en 2018, y el viernes, que venció el plazo para su registro, había tres planillas con Jesús Rivera, José Luis Camacho y Miriam Cabrera, al frente de cada una de ellas.
La elección de este Consejo deberá estar lista el 10 de agosto, una vez que se valide que cada una de las planillas cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria que hizo el Comité Directivo Estatal del PRI, que encabeza Santiago García López, y la propia delegada del CEN, Graciela Ortiz.
Por otra parte, los aspirantes a la candidatura a la gubernatura ya abrieron su juego con una mayor exposición mediática, cada uno por su parte, aunque juntos traen una estrategia similar para exhibir las deficiencias del régimen del PAN a 25 años de que les arrebato el poder en Guanajuato.
Los senadores Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico Herrera, siguen con su campaña de posicionamiento público con tres temas de interés público: los rezagos en materia de desarrollo social en el estado; los elevados índices de delitos expresados ante una creciente violencia e inseguridad en los municipios del corredor industrial del bajío y con un ataque sistemático al Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado.
Estos dos personajes también operan en las estructuras de su partido, en lo local y nacional, a fin de llegar mejor posicionados a la hora de las definiciones que determine la Asamblea Nacional del PRI en agosto. También son los que han expresado públicamente sus diferencias sobre el método de elección de candidato, pues mientras Sánchez García se pronuncia por una elección interna, Chico Herrera busca el nombramiento de un candidato de unidad, bajo la supervisión del CEN de su partido.
Otros aspirantes como la diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, mantiene su lucha en dos frentes, uno de defensa ante la ofensiva del PAN tras su paso por la alcaldía de León y donde acusa ser víctima de una persecución política, y por otro con un mejor posicionamiento desde la Cámara de Diputados donde hace énfasis en temas relacionados con inseguridad, subejercicio de recursos públicos destinados a programas de seguridad y con denuncias por uso ilegal de recursos para promover al PAN.
Hay un tercer grupo de aspirantes que traen agendas distintas y han mantenido un bajo perfil, por un lado se encuentra el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks, que recorre el estado para presentar su diagnóstico del retraso que tiene la entidad bajo los gobiernos del PAN pero que trae a cuestas la marca negativa del partido.
El otro personaje que quiere pero que no tiene margen de operación dentro del partido sino en las estructuras de las delegaciones que están bajo su cargo desde la Secretaría de Gobernación, es Javier Aguirre Vizzuett. Aliado con él están la mayoría de los delegados federales, en especial quienes operan los programas de apoyo de la federación, lo que podría ser un aporte importante en su lucha por la candidatura del partido.
La estrategia general del PRI nacional en coordinación con el PRI estatal es exhibir los puntos débiles del gobierno del PAN en asuntos relacionados con la seguridad, el desarrollo social y el combate a la corrupción. Las denuncias ante la PGR, la Auditoria Superior de la Federación y el Instituto Electoral del Estado por este tipo de temas son evidencia clara que esa es la ruta que marcó el CEN del PRI a sus liderazgos locales.
Los personajes que aspiran a una posición en el próximo proceso electoral local y la propia dirigencia del partido están unidos van a apostar a que el malestar social que prevalece entre los guanajuatenses haga que volteen a ver otras alternativas políticas, entre ellas al PRI a los aliados con los que buscará recuperar el poder en Guanajuato.
Haber ganado las elecciones en Coahuila y Estado de México hizo volver las esperanzas al PRI nacional de que no todo está perdido en 2018 como muchos anticipaban tras acarrear una serie de errores del gabinete federal que van desde la Casa Blanca hasta el socavón de Morelos, pasando por el alza de la inseguridad y bajo crecimiento económico. Pero ganar Guanajuato será solo un ‘sueño guajiro’ si antes de formar un proyecto competitivo siguen con sus pugnas internas.
FORMATO
Tras la experiencia del año pasado cuando se ofreció un primer informe de gobierno extenso y acartonado, que derivó en el abandono de los asistentes antes del tiempo previsto del Poliforum León, parece que está vez los responsables de organizar el segundo informe del alcalde Héctor López Santillana tienen la encomienda de mejorar su formato.
En México, los informes que presentan las autoridades han sido el día del gobernante en turno, donde se llevan acarreados que fueron beneficiados con los programas de apoyo, se presentan largos discursos llenos de cifras y datos que impiden discernir la relevancia de la información y los actos se convierten en una especie de ‘besamanos’; en resumen, son un ejercicio que no necesariamente llega a trasmitir el mensaje que originalmente se pretende y que por lo cual puede llegar a desvirtuarse presentándose como un ejercicio de gasto excesivo o para enaltecer la figura del gobernante en cuestión.
Hay anécdotas de los informes de la anterior administración que buscaron cambiar el formato y el resultado fue adverso, como el que se realizó en las Joyas y donde la nota relevante fue el pleito entre los funcionarios estatales panistas con los municipales del PRI y PVEM.
Es decir, que a pesar de que se cambie el formato de un informe, cuando están ahí los políticos y gobernantes en sus luchas de poder, se distorsiona el propósito que es rendir cuentas a los ciudadanos.
Quizás tras revisar estas penosas experiencias ajenas y la propia del año pasado, el cabildo azul decidió encargar la tarea a un asesor en comunicación política que ya tiene varios meses colaborando con el municipio pero que no le gusta dar la cara a pesar de que ha ocupado cargos municipales y estatales en gobiernos del PAN.
En principio existe un primera plan que se debe explorar y desarrollar con mucho cuidado para que el efecto sea el deseado, sobre todo porque dar un informe de gobierno municipal hace 25 años no es lo mismo que ahora que las tecnologías de la información han evolucionado y ofrecen otras alternativas para estar cercano a la sociedad.
El planteamiento de arranque es hacer un mini-informe vía redes sociales para llegar a los miles de usuarios que a través de sus dispositivos móviles se enteran de lo que pasa en la ciudad; luego se iría a los polígonos donde se han realizado las obras más importantes de la administración en una especie de nuevo formato donde se muestre la inversión pública y los beneficiarios sean quienes atestigüen el trabajo para finalmente, hacer un acto público en la presidencia municipal o en la zona peatonal, en donde se mande un mensaje político a los leoneses.
El tema del formato es relevante debido a que será en septiembre y estará próximo a las fechas en que vendrán las definiciones de los actores políticos con miras al próximo proceso electoral del 2018. Por eso cobra importancia el segundo informe de gobierno de esta administración municipal, una vez que hay más resultados.
En el fondo, se trata de reposicionar al alcalde Héctor López Santillana en la carrera por la reelección a la presidencia municipal ante la competencia que va a significar que otros actores políticos hayan abierto sus aspiraciones para ir a una contienda interna en el PAN por esa misma candidatura.
