La mayoría del Ayuntamiento, con dos votos en contra del PRI, aprobó ayer instaurar dos procedimiento de responsabilidades administrativas a la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez por haber recibido un pago sin tener derecho a ello de prima de antigüedad (100 mil pesos) e indemnización (200 mil pesos) que alcanza los 300 mil pesos y por haber erogado 9 mil pesos en un servicio de hospedaje en un hotel y spa en Lagos de Moreno, Jalisco, donde se impartió un curso de capacitación.
El martes pasado la Comisión de Contraloría aprobó la propuesta derivada de dos observaciones hechas a la ex presidenta municipal y votaron a favor los síndicos Carlos Medina Plascencia y Luis Ernesto Ayala Torres junto con los regidores Ana María Carpio y Jorge Cabrera, los cuatro del PAN, mientras que en contra el regidor Salvador Ramírez Argote, del PRI.
Durante la sesión del Pleno del Ayuntamiento y al llegar a la votación del dictamen de la Comisión de Contraloría, se leyeron los señalamientos por presuntas irregularidades cometidas por ex servidores públicos que conformaron la pasada administración municipal, en dos casos se habló de un ex integrante del Ayuntamiento y en otro de un funcionario que adjudicó directamente a una empresa la compra de 13 vehículos a un precio superior al que había presentado otro proveedor.
En el caso de la ex alcaldesa se refirieron a que se pagaron servicios de hospedaje en la Hacienda Sepúlveda como un complemento de servicios de capacitación por la cantidad de 9 mil 503 pesos, lo que se consideró una conducta grave a fin de solicitar que se instaurara el procedimiento de responsabilidad administrativa contra quien había cometido la falta. El otro asunto fue el pago de alrededor de 300 mil pesos que recibió al separarse voluntariamente del cargo de elección popular que ostentó dentro del Ayuntamiento.
El regidor del PVEM, Sergio Contreras, hizo alusión a los demás integrantes del Ayuntamiento del refrán que dice que cuando las barbas del vecino vean mojar pusieran las suyas a remojar, una vez que hay varios casos en que síndicos y regidores han aprobado algunos temas sin tener el dictamen técnico de la Comisión responsable de revisar que exista justificación legal.
También se refirió a que hacía falta conocer quiénes fueron los que hicieron el pago porque también tendrían responsabilidades no solamente los ex funcionarios a quienes les iniciarían el proceso para ser sancionados.
Recordó que en el caso de un ex funcionario de la pasada administración que ocupó un cargo de Director General, acaba de recibir una sentencia absolutoria de los tribunales ante un proceso similar que instauró este Ayuntamiento, por lo que era necesario revisar bien los fundamentos de la acusación que se hacía.
Luego, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, se refirió a que la Dirección de Desarrollo Institucional ha dado muestras de que nos e trabaja con diligencia en este tipo de asuntos y que hay ejemplos donde no se especifica con claridad los conceptos de pago que se hacen a los servidores públicos en funciones.
Agregó que aparte de estos errores de la dependencia responsable del manejo laboral del municipio, la Contraloría Municipal no entregó la documentación del caso lo suficientemente legible, entregó copias del expediente, lo que impide ver el detalle de los conceptos por los cuales se acusa a ex funcionarios de haber recibido un cobro indebido.
Luego vino un debate con el Contralor Municipal sobre si había opción de citar al ex funcionario aludido (ex alcaldesa) para devolver el dinero que le entregaron por alguna equivocación de la Dirección de Desarrollo Institucional y evitar un procedimiento en donde, nuevamente, el Ayuntamiento hiciera el ridículo.
Se pidió entonces al Ayuntamiento si aprobaban que compareciera el Contralor Municipal una vez que estaba presente en la sala de cabildos, lo que fue aprobado por mayoría. En seguida, el regidor del PRI planteó que de acuerdo con las fechas de la emisión de los cheques entregados a la ex alcaldesa ya no era funcionaria pública, lo que había otras rutas para recuperar el dinero si es que fue entregado de manera irregular.
El Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, aclaró que quien recibió los cheques si entra en el supuesto de ser un servidor público porque ese fue el concepto bajo el cual se le entregó la liquidación con prima de antigüedad e indemnización, lo cual queda acreditado con la expedición del documento y su cobro en el banco.
El regidor del PRI pidió votar en contra del dictamen de la Comisión de Contraloría aunque al final únicamente él y la regidora Norma Patricia López Zúñiga lo hicieron, el resto de los integrantes del Ayuntamiento presentes votaron a favor de abrir el procedimiento de responsabilidad administrativa.
Al concluir la revisión del tema, el Contralor Ramírez Sánchez explicó que la ex funcionaria acusada tuvo oportunidad de devolver el dinero y no lo hizo; ahora, aunque lo entregará, de todas formas se haría acreedora a una sanción.
Agregó que la sanción que contempla la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado para este tipo de casos, considerados conducta grave, sería la inhabilitación aunque siempre y cuando se demuestre que si cometió un delito.
Para eso todavía falta tiempo aunque el propósito, cuando inició el proceso desde el Congreso del Estado y luego pasó al Ayuntamiento, va orientada en ese sentido según lo ha expresado la ex alcaldesa aunque hoy los panistas digan que no se trata de una persecución política.
CLUTIG
Este viernes, en el marco del primer Encuentro Nacional de Negocios con Tecnologías de la Información, que se realiza en el hotel Hotsson León, quedará conformado el clúster de las tecnologías de la información de Guanajuato (CLUTIG).
Esta iniciativa de encadenamiento de los sectores productivos de Guanajuato ha permitido conformar hasta ahora los clústeres automotriz, químico, alimentos, moda, aeroespacial y tecnologías de la información. A finales de agosto se presentará el nuevo clúster de logística con lo que se integrarán los sectores detonadores de la economía del estado.
El nuevo presidente del CLUTIG será el representante de UST Global, Rogelio Rocha, quien este jueves fue presentado al resto de los responsables de impulsar los otros sectores ya encadenados bajo el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
El directivo estuvo ayer en una reunión de trabajo que encabezó el Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Froylán Salas Navarro, en donde se presentaron los avances de un proyecto piloto denominado Ruta Tecnológica que elaboran expertos del Parque Sanmiguelense, ubicado en San Miguel de Allende, para generar nuevas oportunidades de negocios para el sector químico, alimentos y automotriz, en una primera etapa.
Rogelio Rocha explicó que actualmente se tienen identificadas 60 empresas adheridas a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) pero que hay otras que podrían incorporarse a este clúster.
Una de las metas es desarrollar una mayor competitividad del sector para dar soporte a otras industrias que tienen un gran potencial de crecimiento en los próximos años y que requieren de la electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Incluso planteó a los representantes de otros sectores y autoridades estatales que van a buscar extender sus servicios al mercado de exportación, derivado del potencial que ofrecen las nuevas leyes en materia de telecomunicaciones en México.
La presentación oficial del CLUTIG y su programa de trabajo será este viernes temprano en el marco del Encuentro Nacional de Negocios con Tecnologías de la Información, donde se podrá conocer la oferta tecnológica que se ofrece aquí y las oportunidades de vinculación de las empresas proveedoras y generadoras de tecnología con otros sectores económicos.
Se tiene contemplada la participación de las principales empresas de tecnologías de la información quienes tienen más de dos meses trabajando en esta iniciativa que seguramente va a tener un impacto positivo entre las empresas que ya operan en Guanajuato.
DESMENTIDO
El Secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, desmintió ayer que la dependencia a su cargo haya hecho un ejercicio indebido de los recursos federales asignados a un proyecto de obra pública y que se ejercieron a través de una asociación civil como se denunció a nivel nacional y se reprodujo localmente.
También se consideró como falsa la versión de que la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato, Isabel Tinoco Torres, haya identificado que la dependencia bajo su cargo falsificara documentos oficiales remitidos por la Secretaría de Turismo federal, que dirige Enrique de la Madrid, para justificar el uso de recursos federales a través de una fundación.
Este es un caso que viene de 2012, respecto al ejercicio de recursos federales convenidos con el estado para obras de infraestructura turística y que ya fue aclarado por las autoridades responsables de auditar y verificar la aplicación de los recursos que se ejercieron, en su momento, bajo este convenio.
Por otra parte, la dependencia reiteró que hasta este momento no existe una acusación contra funcionarios estatales del sector turismo de haber falsificado información o que se encuentren sujetos a un proceso por tales motivos
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas no ha detectado documentos que hayan sido falsificados por la Secretaría de Turismo del Estado y tampoco es real la versión de que hay una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por este mismo motivo, según se indicó.
En el caso de las observaciones realizadas al ejercicio de los recursos federales en el estado, la Auditoría Superior de la Federación turna los expedientes al órgano estatal de control a fin de que realice las investigaciones correspondientes y determine, si fuera el caso, los procedimientos administrativos que correspondan. En tanto, no se concluyen los procesos de investigación no se puede presumir responsabilidad de servidores públicos.
Este tipo de casos será la tónica en lo que resta de la administración estatal una vez que se entrará a una fase de lucha política y en donde desde el punto de vista electoral, todo se vale.
