VUELTA
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo hizo un pronunciamiento de rechazo respecto a las conclusiones del estudio que elaboró una agencia técnica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y en donde recomendó construir la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros para tener una mejor gestión del agua y garantizar el abasto previsto a los estados de Jalisco y Guanajuato.
Algunas organizaciones sociales habían detenido el proyecto con un recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando apenas se iba a alcanzar los 80 metros de altura de la presa. El gobierno de Jalisco aceptó la recomendación del organismo internacional y pidió a los pobladores de estas tres comunidades, académicos y colectivos sociales destrabar el proyecto.
Los integrantes de este comité acusan que la construcción de la presa y la desaparición de esos tres pueblos es muestra de que no hay una gestión integral del agua en la cuenca del Río Verde, y que hay políticos y empresarios voraces que han diseñado una ruta para privatizar el agua que llegará de El Zapotillo hasta la zona metropolitana de Guadalajara, la región de Los Altos y León. }
Sostienen que la obra es social, técnica y ambientalmente inviable a lo que agregan que el proyecto está plagado de ilegalidades e irregularidades por que no tomaron en cuenta a los afectados. Acusan directamente a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato junto a la empresa concesionaria de ser responsables del impacto social que tendrá en las comunidades jaliscienses.
Afirman en un pronunciamiento público que no son egoístas y niegan oponerse al progreso y desarrollo de la región a partir de la construcción de la presa y su acueducto; opinan que el Zapotillo será un tinaco que no resolverá el abasto del agua mientras que hay otras alternativas que no fueron tomadas por las autoridades federales y los gobiernos estatales.
Critican que el gobierno de Jalisco haya pagado 90 millones de pesos al organismo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para entregar una resolución que no les es favorable a los habitantes de las tres comunidades que serán inundadas con el proyecto. Vuelven a señalar que el agua de El Zapotillo es para las empresas y desarrollos industriales del bajío junto a la desordenada área metropolitana de Guadalajara.
Esta postura contrasta con la opinión técnica de expertos nacionales e internacionales que participaron en el estudio para lograr un uso integral del agua en la Cuenca del Río Verde, quienes dan elementos que ayudarían a destrabar el conflicto social que genera este tipo de obras de infraestructura.
En las últimas décadas ha habido una corriente de voces que descalifican y buscan cancelar cualquier proyecto hídrico que se presente en el país, hay otros ejemplos en Nuevo León, Sonora y otras entidades en el norte. Esto que pasa entre Jalisco y Guanajuato es una muestra de los pleitos futuros que tendrá México por el agua, al haber un desbalance hidrológico en el sur (más recursos disponibles) y norte (menos recursos disponibles) del país.
También hay voces y expertos que opinan que cada proyecto que se cancela hace perder a la sociedad tiempo y dinero porque las soluciones que se difieren siendo necesarias actualmente siempre son más costosas y con consecuencias más negativas que aquellas que se realizan a tiempo.
Una arista que no se debe perder de vista es que se puede conformar un frente común entre los jaliscienses y guanajuatenses que están a favor de este tipo de obras que van a traer beneficios innegables para abastecer a la población de agua. Aún cuando el agua es un recurso que la constitución marca como propiedad de la nación, la sociedad se puede poner de acuerdo para dar la vuelta a esta batalla que no beneficia a nadie y hace perder tiempo y dinero que son necesarios para resolver un grave problema que se avecina en el futuro.
Ojalá que los partidos políticos y los gobiernos entiendan este punto de vista porque ahí pudiera estar la llave que los conduzca a generar soluciones de largo plazo en vez de seguir enfrascados en un debate que no ofrece soluciones para ninguno de los dos estados involucrados en el proyecto.
DEFINICIONES
La aprobación del calendario electoral 2017-2018 que publicó el Instituto Estatal Electoral en Guanajuato va a acelerar el paso en los partidos políticos para definir sus procesos internos de cara a las elecciones del próximo año. No es casual que los destapes y peleas internas se hayan abierto después de las pasadas elecciones y así seguirá la ruta hasta que los partidos definan reglas claras en sus procesos internos.
La efervescencia política está a todo lo que da en los distintos partidos en Guanajuato, donde desde ahora se abrió la pelea por la búsqueda de posiciones electorales a alcaldías, ayuntamientos, diputaciones locales y federales, senadurías y gubernatura del estado.
A diferencia de otros procesos electorales hay elementos que no deberán perder de vista los partidos políticos si no quieren terminar fracturados por los pleitos internos ante la búsqueda de candidaturas en el proceso electoral que viene.
Las reformas políticas que permiten las elecciones consecutivas de alcaldes, integrantes del ayuntamiento y legisladores locales y federales será apenas uno de los elementos que tendrán que definir los partidos políticos antes del 7 de octubre, que es la fecha que establecieron las autoridades electorales como plazo para su registro.
Seguramente harán circo, maroma y teatro cada uno de los institutos políticos que tienen ahora posiciones en alcaldías y diputaciones locales y federales porque deberán cumplir con la disposición de postular al 50 por ciento de sus candidaturas con mujeres y la otra mitad con hombres. Esto requiere de una operación quirúrgica porque habrá seguramente muchos alcaldes y legisladores que van a querer repetir y que legalmente pueden cuestionar que los saquen de la jugada si es que su partido decide poner a una mujer como candidata.
La primera semana de octubre se tiene de plazo para que los partidos políticos registren el método de selección de sus candidatos y ahí es otra piedra en el zapato para los dirigentes que tendrán que conciliar las dos corrientes que prevalecen, si abren los procesos a una elección abierta o utilizan la designación directa como ha sucedido en las últimas elecciones.
Hasta el 8 de noviembre de este año es el plazo para los registros de convenios de coalición y tanto los partidos mayoritarios como el PRI y el PAN buscan alianzas para ir con otros partidos al proceso electoral del 2018. Aún cuando en Guanajuato el PAN tiene en sus manos la gubernatura, la mayoría de las alcaldías y de diputados locales y federales, no se descartan alianzas al ser una de las alternativas que planteó su Comité Ejecutivo Nacional; en el caso del PRI podría recurrir a sus aliados naturales sin descartar incorporar a otros a un frente común.
Para el 10 de febrero del próximo año se tendrán las definiciones sobre los topes de campaña debido a que primero se cerrará el padrón del Instituto Electoral del Estado (enero), ese dato sirve de base para el algoritmo de distribución de recursos y el establecimiento de montos máximos para hacer proselitismo político.
Una vez que los partidos superen estos obstáculos, tendrán que registrar entre el 14 y 20 de marzo del 2018 a sus candidatos a la gubernatura del estado; entre el 13 y 19 de abril, un mes después, a sus candidatos para los Ayuntamientos y entre el 28 de abril y el 4 de mayo a sus candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y del 5 al 11 de mayo a los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.
Como se observa, la intensidad del debate en los partidos políticos subirá de tono y aún cuando faltan menos de tres meses para ver las primeras definiciones formales de quienes se perfilan a las candidaturas pareciera que la guerra intestina ha comenzado.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tendrá una tarea difícil para cumplir con dos mandatos básicos que tiene en sus manos, el primero organizar las elecciones y mantener la imparcialidad para dar confianza a los ciudadanos sobre el proceso así como ser el arbitro de una contienda, que apunta a que será de las más complicadas por el entorno que se vive dentro y fuera de los partidos.
COMBATE
El Grupo de Coordinación Guanajuato presentó los resultados del primer semestre del 2017, en donde destaca el combate contra delitos que son de orden federal como es el robo de hidrocarburo y el tráfico y distribución de drogas.
De acuerdo con el resumen que ofrecieron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la lucha contra al robo de hidrocarburos se han realizado 225 cateos, se han decomisado 4.8 millones de litros de combustible, más de 721 personas detenidas y 151 inmuebles asegurados, de los cuales 62 ya están en un proceso de extinción de dominio.
En este mismo rubro se han decomisado mil 488 vehículos usados para distintas actividades del huachicoleo, de los cuales 14 son tráileres, 2 cajas de tráiler, 17 remolques y más de 50 pipas. A esto se agregan el decomiso de 46 equipos para la ordeña de combustible, 31 motobombas, 103 bombas de extracción de hidrocarburo, 30 equipos de oxicorte y 63 tramos de manguera de alta presión.
Pero no es todo lo que se ha arrebatado a las bandas de la delincuencia organizada que se dedican a este delito, también se les han quitado 10 cisternas, 84 cubitanques, 50 tambos de 200 litros con aceite derivado del petróleo, 2 mil 478 contenedores más 15 placas de metal para la elaboración de cisternas.
Esto refleja que quienes están detrás de este tipo de ilícitos tienen una organización que les permite tener en jaque a las autoridades estatales y federales a pesar de los constantes golpes que se han asestado en Guanajuato.
En este caso, a pesar de los esfuerzos del Grupo de Coordinación Guanajuato para contener el delito aún faltan otras medidas que tienen que ver con el mercado y que serán responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el SAT emprender para inhibir la compra y distribución del combustible que se extrae a Pemex. También es evidente que Pemex requiere hacer un esfuerzo mayor en materia de vigilancia interna, uso de tecnología más avanzada para detectar la extracción ilegal y hasta un plan para castigar a los funcionarios y trabajadores involucrados en este delito.
Por otra parte, las dependencias estatales informaron sobre otro delito federal que tiene de cabeza a la sociedad, el tráfico y distribución de drogas en el territorio estatal, y para dimensionar el tamaño del problema durante el primer semestre del año se aseguraron un millón 893 mil dosis de diferentes drogas.
El reporte detallado de las autoridades de seguridad y procuración de justicia indica que se han decomisado casi 15 kilogramos de heroína, 350 kilogramos de marihuana, mil 294 plantas de marihuana, entre otras drogas.
Relacionado con estos dos delitos se refleja otro asunto de orden federal que también reclama una atención más efectiva del gobierno, el decomiso de más de mil 500 armas, 37 mil 308 cartuchos y hasta 24 granadas de fragmentación.
Finalmente, el Grupo de Coordinación Guanajuato, donde participan fuerzas estatales y federales de seguridad, informó sobre la recuperación de tres mil 90 vehículos robados, 237 camionetas de carga y más de mil motocicletas.
Estos delitos son origen de la mayoría de los homicidios dolosos que se tienen registrados en el año, los cuales se han incrementado y tienen un alto impacto en la percepción que priva de inseguridad entre los ciudadanos. Una terrible realidad a la que nadie se escapa.
