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Mirilla 16/06/2017

La Mesa de Seguridad y Justicia de León tuvo ayer una apretada agenda para presentar los alcances de los proyectos que serían financiados por el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad, una vez que el Ayuntamiento apruebe los últimos detalles del comité técnico.

A las 8:30 de la mañana en la Universidad de la Salle se presentó a los integrantes del Ayuntamiento cada uno de los proyectos relacionados con el desarrollo de capital humano dentro de la corporación policíaca municipal; el desarrollo de inteligencia policíaca y la prevención social del delito, por cada uno de los expertos que darían seguimiento al cumplimiento puntual de ellos.

Los integrantes del Ayuntamiento que asistieron a la primera presentación de La Salle fueron Jorge Cabrera, Ana María Esquivel, Norma Patricia López Zúñiga, Salvador Sánchez, Jesús Vázquez García, José Luis Manrique, Sergio Contreras y Carlos Medina Plascencia.

Faltaron Federico Zermeño, Beatriz Yamamoto, Salvador Ramírez Argote, Ana María Carpio, Alejandro Alanís y Luis Ernesto Ayala Torres; la mayoría de ellos justificó su ausencia debido a que estaban fuera de la ciudad o tenían otro compromiso adquirido con anterioridad.

Por parte de la Mesa de Seguridad y Justicia estuvieron presentes Luis Alberto Ramos, Juan Antonio García y Jaime Gallardo, entre otros integrantes del sector empresarial y de los organismos no gubernamentales que participan de manera activa en los temas relacionados con la seguridad pública.

Al concluir el encuentro, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, coincidieron en señalar que se logró sensibilizar a los integrantes del Ayuntamiento sobre la importancia que tienen estos proyectos en el fortalecimiento de la seguridad de la ciudad.

El síndico del PAN, Carlos Medina Plascencia, insistió en la necesidad de que la participación ciudadana sea más activa dentro de los temas que son relevantes para la ciudad mientras que la regidora del PRI, Norma Patricia López Zúñiga, hizo hincapié en la necesidad de que los proyectos a mediano y largo plazo que planteó la Mesa se transformen en acciones inmediatas y que ayuden a mejorar la tranquilidad y paz social de los leoneses.

Los expertos Juan Carlos Murillo (plan estratégico de seguridad), Alfredo Cavazos Videgaray (desarrollo de inteligencia policial) y Saúl Palacios Pámanes (proyecto prevención social del delito y desarrollo de capital humano policiaco) respondieron las dudas que fueron planteadas por los integrantes del Ayuntamiento que asistieron.

Uno de los temas que se observó durante este primer encuentro tiene que ver con la revisión cuidadosa de los mecanismos de operación financiera del Fideicomiso así como la conformación del comité técnico para que tenga la suficiente representatividad de la sociedad en este tema.

El siguiente paso con los integrantes del Ayuntamiento será conformar el Comité Técnico del Fideicomiso, donde participan seis integrantes de la sociedad civil y cinco de los Gobiernos municipal y estatal, así como la aprobación del contrato con la institución fiduciaria que administrará los recursos del Fideicomiso.

Posteriormente, se realizó una comida con alrededor de 70 líderes del sector privado y organizaciones sociales, en el Hotel Hotsson León, donde los expertos hicieron una presentación similar sobre los proyectos que van a ser financiados por el Fideicomiso, que tiene un fondo inicial de 25 millones de pesos.

Al encuentro realizado a medio día asistieron empresarios como Hugo Villalobos González; Eliseo Martínez Pérez; José Alberto Castro Vera; Juan Rodrigo Moreno González; Jorge Hernández Ramírez; Juan Antonio García; Alejandro Arena; José Luis Díaz del Castillo, Rafael Yamín, Jorge Succar y Helen Anaya Sanromán.

También integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León como Daniel Tavares, presidente de Apimex; Luis Gerardo González García, presidente de Ciceg; Guillermo Ramos Mena, presidente de Cmic Guanajuato; Ernesto Vega, presidente de Cicur; Gabino Fernández, presidente de Canaco León y Marisol Ruenes, presidenta de Ammje León.

Además asistieron el subsecretario de Gobierno, Arturo Navarro; el síndico del PAN y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Luis Ernesto Ayala Torres; el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos y el responsable de la Comisión de Seguridad de la Mesa, José Antonio García.

En este evento, se planteó la visión de cada uno de los proyectos, los alcances y el tiempo en que se instrumentará cada una de las estrategias que van a robustecer la política pública en materia de seguridad en el municipio.

DUDAS
La Coparmex Zona Metropolitana de León ya agendó una reunión con algunos legisladores locales que participan en las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción para gestionar algunos ajustes a los órganos que serán constituidos en el combate a la corrupción en Guanajuato y sacar las manos del gobierno y partidos en los nombramientos y abrir paso a las propuestas de los ciudadanos.

Hay que recordar que el organismo patronal junto con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad dieron a conocer la semana pasada el Semáforo de los Sistemas Locales Anticorrupción y donde explican que Guanajuato no es de las entidades de vanguardia donde el Congreso local aprobó una ley lo suficientemente sólida para enfrentar las prácticas de corrupción de los gobiernos.

La preocupación del organismo que representa Jorge Ramírez es que el Congreso vaya a cerrar los espacios a las propuestas ciudadanas en la conformación de los órganos que darán sustento al cumplimiento de las leyes anticorrupción.

Por ejemplo, hay una oposición a que el fiscal general sea en automático una designación del Titular del Poder Ejecutivo con la aprobación fast track de los legisladores, una vez que en el Congreso del Estado el mismo partido que tiene la mayoría es el que gobierna las estructuras de gobierno. Y es que de aquí también deriva el nombramiento de quien encabece la Fiscalía Anticorrupción.

El modelo propuesto por Coparmex, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad a los congresos locales es que sean los ciudadanos quienes propongan las ternas para ser aprobadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y no al revés, que los órganos de participación ciudadana sean únicamente un membrete para validar el interés político del gobierno y partido en turno.

En opinión de Coparmex Zona Metropolitana de León, se debe garantizar que en la aplicación de la ley no prevalezcan los intereses partidistas sino que los ciudadanos propongan cuál sería el perfil necesario para ocupar los cargos que darán vida al Sistema Estatal Anticorrupción, con base a la capacidad técnica y profesional, experiencia laboral y trayectoria limpia, autoridad moral entre otros atributos de independencia y autonomía.

Y es que la preocupación del sector patronal es que Guanajuato pierda la oportunidad de aprovechar el parteaguas que representa disponer de un sistema anticorrupción, como una herramienta más que ayude a combatir la impunidad y desigualdad que prevalece en el país.

Si ya se tiene una ley estatal anticorrupción que no cumple con los requisitos mínimos para dar autonomía a los órganos que supervisarán su aplicación, no se puede perder la oportunidad histórica de corregir esta situación y dejar al Congreso y Poder Ejecutivo la designación de quienes serán los responsables de vigilarlos a ellos mismos.

Así que en dos semanas tendrían los legisladores la propuesta de Coparmex Zona Metropolitana de León, mientras que ayer, en el Congreso del Estado se dieron a conocer los alcances de la nueva Ley de Responsabilidades y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que fueron aprobados por unanimidad en el Pleno.

ADVERTENCIA
Ayer se realizó en León el Primer Foro de Evaluación Gubernamental, en La Salle, donde participaron representantes de organizaciones civiles, instituciones de investigación, administración pública y organismos responsables de revisar la correcta y legal aplicación de los recursos públicos.

En este marco, la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Estado, María Isabel Tinoco Torres, advirtió que los funcionarios públicos que quieran buscar una posición dentro de los procesos electorales del 2018 pues tendrían que analizar la posibilidad de renunciar a su cargo para evitar la tentación de usar recursos públicos a su favor.

De acuerdo con la versión que ofreció a los medios de comunicación que la entrevistaron en este foro, Tinoco Torres explicó que lo más conveniente es que los funcionarios dejen sus cargos dentro de los propios plazos legales que marcan las leyes electorales, es decir, entre septiembre y octubre de 2017, si es que quieren alguna candidatura en el año siguiente.

Pero algo que sorprendió en sus declaraciones fue otra afirmación que hizo dentro de la entrevista, sobre que hasta ahora no se ha detectado o denunciado ningún caso de uso de recursos públicos para la promoción personal de algún funcionario estatal, a pesar de las denuncias que se han hecho hasta en su propio partido, el PAN.

Mientras la funcionaria estatal, responsable de vigilar que los funcionarios no hagan uso ilegal de los recursos públicos asignados a su cargo, hacía la declaración en León, en la sede del Congreso del Estado, el PRI volvía a reiterar la denuncia que el miércoles se hizo en el Senado sobre el Secretario de Desarrollo Social y Humano.

A los legisladores panistas no les valió sacar sus pancartas de protesta por los resultados de la elección en Coahuila porque los priistas usaron la tribuna para solicitar la renuncia de Rodríguez Vallejo.

La otra advertencia del PRI, luego de que el Senado de la República pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar los programas sociales en Guanajuato, es que van a interponer una denuncia penal contra el funcionario estatal y otras medidas administrativas ante los órganos electorales.

Y eso que todavía no empiezan legalmente las campañas electorales, esto es un botón de muestra de lo que los ciudadanos podrán observar una vez que se definan quiénes serán los candidatos a la gubernatura.

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