Luego de la presentación de la iniciativa de Ley de Obra Pública y Servicios del Estado de Guanajuato, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, adelantó que tienen preparadas una serie de propuestas que serán presentadas ante el Congreso del Estado para mejorar el documento que presentó el titular del Poder Ejecutivo.
La versión oficial es que la nueva iniciativa va a permitir que el estado se coloque a la vanguardia en la simplificación de trámites; mejorar las opciones de costo, calidad y tiempo de entrega de las obras y hacer más práctico cualquier proceso de adjudicación así como transparentar los procesos de contratación en materia de obra pública así como cerrar espacios a la corrupción en las licitaciones, es decir, acabar de una vez con todas con los famosos “moches”.
También se destaca que se busca favorecer a las empresas locales en los procesos de contratación de obras, cuyo padrón estatal alcanza las mil 987 industrias registradas a la fecha, quienes tendrán reglas claras cuando participen en las licitaciones públicas en el estado.
El gobierno del estado aseguró durante la presentación de la nueva iniciativa de Ley que en su integración participaron los organismos del sector, la Secretaría de Transparencia, la Coordinación Jurídica, la Secretaría de Obra Pública, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato y Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, entre otras instituciones como colegios y empresas de consultoría.
Durante casi tres años se realizaron los trabajos para tener listo un nuevo marco legal que dé certidumbre a la participación de las empresas en los procesos de licitación y ahora vendrá una etapa de consulta pública por parte de los legisladores para su discusión y aprobación.
Pero el representante de la CMIC en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, afirmó que la iniciativa es un documento que todavía se queda corto para que sea considerado como una ley de vanguardia en materia de obra pública y que van a insistir ante los legisladores para que se adicionen otras medidas que ayuden a fortalecer la participación de las empresas en los procesos de licitación.
Entre los puntos positivos de la iniciativa, los constructores detallan que se incluye la figura de proyecto integral y gerencia de obra; que se avanza en la equidad al requerir la accesibilidad plena en las instalaciones públicas; que se abona a la sustentabilidad al mencionar que las medidas emanadas de los resolutivos de impacto ambiental se incluyan en los presupuestos de obra y que se abona a la simplificación de trámites al eliminar los programas detallados y establecer que solamente los elaborará el ganador del contrato.
En contraste, cuestiona que se necesita trabajar con los legisladores en homologar la Ley de Profesiones para exigir que los profesionistas acrediten el Servicio Profesional de índole social; favorecer el gerenciamiento de obra en las dependencias públicas desde la etapa de planeación; incluir la gestión social como obligación de las dependencias en la elaboración de proyectos de obra pública y tomar en cuenta factores como la permanencia en el mercado de las empresas para las decisiones de adjudicación directa e invitación a licitaciones simplificadas.
Además, simplificar los requisitos para registrarse en el Padrón Único de Contratistas del Estado; hacer proyectos integrales, ejercicios de equidad, claros y que efectivamente agilicen los procesos de obra pública; reconocer los impactos financieros que tienen las pequeñas empresas para cumplir con los requisitos que garanticen y participen en los procedimientos de obra pública; simplificar más las instrucciones de licitaciones; proteger las empresas locales; reducir tiempos de respuesta de las dependencias; hacer más claros, transparentes y sencillos los procedimientos; eliminar las fianzas para adjudicaciones directas y licitaciones simplificadas y reducir los lapsos de pago de estimaciones.
Estos faltantes en la iniciativa de Ley que presentó el Poder Ejecutivo serán presentados al Congreso del Estado a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública a fin de que sea atendida la demanda del sector privado en los foros de consulta que se tendrán que realizar en las próximas semanas antes de aprobarla y publicarla.
Ayer, en una gira de trabajo que realizó en León el Secretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, aceptó que los constructores pueden hacer aportaciones al Congreso para que sean tomadas en cuenta, aunque aclaró que durante la integración de la iniciativa participaron de manera abierta con las instancias gubernamentales.
Hizo énfasis que el nuevo marco legal tiene el propósito de apoyar a las empresas locales y que la nueva norma va a permitir abatir la corrupción en las licitaciones y asignaciones de obra pública.
El tema seguirá en la agenda de autoridades y constructores y la resolución estará en manos de los Legisladores Locales, quienes tendrán oportunidad de escuchar de viva voz los argumentos de los empresarios en los foros que van a convocar para dar trámite a su aprobación.
DEFENSA
Una de las empresas que ganó la licitación para la recolección de los residuos sólidos urbanos en León presentó ayer sus argumentos bajo los cuales confía en que la Comisión Especial que repondrá el fallo y el pleno del Ayuntamiento que lo aprobará atiendan correctamente el sentido de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo el amparo de la ley.
Ayer, Red Ambiental, a través del director de Desarrollo de Negocios, Enrique Montenegro; el director de Recolección Domiciliaria, Rogelio Galván Leal y el director jurídico Ricardo Hinojosa, explicaron que el municipio debe motivar y fundamentar el fallo sin buscar otra alternativa distinta como declarar desierta la licitación o cambiar de proveedor porque las dos empresas que ganaron el proceso justificaron plenamente que eran la mejor opción técnica, ambiental, financiera y legal.
Advierten que sería una aberración jurídica cambiar el sentido del fallo porque eso no es lo que determinó la sentencia del Tribunal y que hacerlo tendría consecuencias legales porque cabe la posibilidad de que ambas empresas que tienen la concesión recurran a los tribunales a reclamar una indemnización, la cual sería incosteable para el municipio, además de que se tendrían que cubrir daños y perjuicios.
Revelaron que desde que se emitió el fallo del Tribunal han buscado un acercamiento con la Presidencia Municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento, la Contraloría y el SIAP pero no han sido recibidos en audiencia para exponer sus argumentos respecto a los alcances y sentido de la resolución judicial.
Se aclaró que la empresa que demandó la reposición del fallo ante las autoridades administrativas ofreció durante la licitación y costo más elevado por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Hay principios jurídicos esenciales que no deben ser pasados por alto y eso lo saben los funcionarios públicos que revisan el proceso y buscan reponer el fallo.
Respecto al costo del servicio, explicaron que la proyección que realizó la Tesorería es incorrecta porque hay factores que no han sido bien aclarados a la opinión pública como es el caso de la fórmula bajo la cual se cobra el servicio.
Por ejemplo, se explicó que del total del costo del servicio, un 50 por ciento se integra con base a la variación anual del salario mínimo; un 15 por ciento por la variación en el precio del diésel; un 10 por ciento por el índice inflacionario y solo un 25 por ciento por la variación del tipo de cambio. Es falso que se cobre en dólares el servicio al Municipio.
En el caso del porcentaje que se ajusta con base a las variaciones del tipo de cambio, explicaron que se debe a que el equipo y refacciones son importados y que este mismo criterio ya lo aplicó el Municipio cuando subió la tarifa de transporte público a los leoneses. Si se siguiera el mismo argumento, entonces por qué razón para subir el costo del transporte sí se utilizó este criterio que presentaron los empresarios transportistas, cuestionaron.
Por otra parte, explicaron que las 43 unidades que inicialmente atienden a un millón de habitantes (125 mil hogares cada tercer día) tienen que ser renovadas cada 7 años según lo estipula el contrato de la concesión que les asignaron.
Otro argumento que dieron a conocer es que hay dos instrumentos de medición sobre el servicio de la recolección de residuos en la ciudad, uno elaborado por el INEGI y otro por el SIAP y en ambos sale bien evaluada la empresa. De los 125 mil hogares que atienden cada tercer día, solamente tienen tres quejas al mes por un mal servicio.
Finalmente, los representantes de Red Ambiental aseguraron que posiblemente haya factores políticos que presionen al Ayuntamiento para revertir la concesión pero que no se debe olvidar que hay un contrato de por medio y una inversión ya realizada por las empresas que fueron ganadoras del proceso en 2014.
Este jueves se podrá tener mayor claridad de parte del Ayuntamiento leonés sobre el rumbo que seguirá este proceso de reposición del fallo, independientemente de la prórroga que otorgue o no el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La situación es complicada aunque la empresa confía en el buen juicio de los integrantes del Ayuntamiento a la hora de asumir el costo de su decisión.
FONDO
Los recientes señalamientos al Municipio de que la licitación de la primera etapa del nuevo Sistema de Alumbrado Público está amañada para desacreditar el proceso podría tener como origen a una de las empresas interesada en vender lámparas LED y cuyo producto no cumple con las especificaciones que marca el concurso y la Norma Oficial Mexicana.
Por fortuna en el Municipio ya tienen identificado el modus operandi de la empresa y sus aliados que están boicoteando el proceso con la finalidad de llegar a un acuerdo para que les sean adquiridas sus lámparas, lo anterior porque todavía no les queda claro que no se trata únicamente de comprar esos equipos.
La última versión falsa de que la Secretaría de Energía puede definir criterios a los municipios y asesorarlos sobre los equipos que pueden adquirir se podrá derrumbar durante la junta de aclaraciones de este jueves a las 11 de la mañana, en la Dirección de Obra Pública. La dependencia federal da su opinión sobre la viabilidad del proyecto, no recomienda que lámparas LED comprar.
Ayer, uno de los personajes que ayudó a la integración del proceso de licitación en la parte jurídica y financiera, Juan Antonio Guzmán Acosta, volvió a rechazar que se busque favorecer a alguna de las más de 40 empresas que compraron las bases.
Defendió que el Municipio debe salvaguardar los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros que permitan alcanzar los objetivos del nuevo Sistema de Alumbrado Público y no los caprichos de una empresa que quiere el contrato vía presión mediática. “No se va a torcer la licitación”, aseguró.
Sobre la politización del tema, con la intervención del PRI y el PVEM en el asunto, señaló que pueden estar tranquilos porque no busca ningún cargo de elección popular.
Por otra parte, el Director de Obra Pública, Carlos Cortés, ya tiene listos los argumentos para defender la legalidad del proyecto y que va a permitir a León modernizar su sistema de alumbrado. Estos serán públicos este jueves durante la junta de aclaraciones y habrá que estar pendientes de qué nueva maniobra emplea la empresa que quiere le compren las lámparas a fuerza.
