La empresa Red Ambiental confía en el Estado de Derecho que habrá de prevalecer en el proceso de reposición del fallo de la licitación del servicio de basura.
Su representante legal, Ricardo Hinojosa Vázquez, sustenta la expectativa legal en el principio de relatividad que garantiza que una sentencia no puede, ni perjudicar, ni beneficiar a las partes externas al juicio.
Bajo este fundamento legal, son ajenas otras empresas que fueron sumadas al proceso por la Comisión Especial que revisa la orden del juez.
Sostiene como únicos actores ligados al proceso al Ayuntamiento, a la empresa JS Hermanos que demandó al Municipio, y como terceros perjudicados aparecen las empresas que ganaron la licitación en el 2014, GISA y Red Ambiental.
Hinojosa Vázquez, junto con los directivos Enrique Montenegro y Rogelio Galván Leal, fijaron la posición jurídica y técnica de su empresa en la víspera que termine el plazo para fundamentar y motivar el fallo de licitación.
Recordó que el acto jurídico se deriva porque JS Hermanos demandó al considerar que el fallo no está fundado ni motivado. Los otros documentos del expediente se fundamentan bajo legalidad.
“Pero lo que estamos viendo que la Comisión Especial está haciendo nuevamente el análisis de las carpetas, pasando por alto que ya se hizo esa revisión en el 2014 y para ello levantó un documento que se llama “Dictamen técnico, financiero, legal y administrativo”, explicó.
J.S HERMANOS
Enrique Montenegro recordó que la propuesta de J.S Hermanos, empresa que promovió la demanda de nulidad del proceso de licitación contra el Municipio, propuso una tarifa de 412 pesos por tonelada, contra 390 pesos propuestos por Red Ambiental, es decir, 22 pesos más por tonelada, lo que representaría un costo de 5.5 millones de pesos más por las 810 toneladas de basura que se recolectan diariamente.
“Para nosotros es muy importante puntualizar eso porque se ha dado información equivocada de que pudiera haber ahorro (…) entonces la propuesta del demandante es más cara que la que propusimos tanto GISA y Red Ambiental”, indicó.
“Por eso nosotros confiamos en el Estado de Derecho y esperamos que el municipio acate tal cual la instrucción del juez de fundamenta y motivar el fallo”, insistió.
PENALIZACIÓN
El abogado Hinojosa Vázquez indicó que lo que tiene qué hacer el Municipio es cumplir la sentencia del juez.
“Lo que pudiera ocurrir es que, si se llegasen a equivocar (los integrantes del Ayuntamiento) y no dieran el cumplimiento exacto a la sentencia, las consecuencias para el municipio serían jurídicas”, indicó.
Consideró que podría derivarse un desacato que implicaría consecuencias penales para cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, así como muy posibles demandas por daños y perjuicios a actores que ya tienen derechos adquiridos como GISA y Red Ambiental.
Intervino Enrique Montenegro para insistir que su empresa confía en el Estado de Derecho y que el Ayuntamiento acate la sentencia del juez que ordena volver a motivar y fundamentar el fallo.
“Nosotros operativamente estamos trabajando bien en la ciudad y bien con el Ayuntamiento. Traemos una estrecha relación con el SIAP, ofrecemos un buen servicio de recolección y el Municipio nos está pagando puntualmente. En esa parte estamos bien”, indicó Montenegro.
Aprovechó el tema para precisar que su tarifa no está dolarizada, como se ha mencionado.
“En el contrato se establece cómo se revisa la tarifa anualmente que presentaron las empresas, esta fórmula es básicamente la inflación y los principales factores que nos afectan en el servicio. Se ha dicho mucho que nuestra tarifa está dolarizada, que cobramos en dólares, no. Nuestro contrato está en pesos y nosotros cobramos en pesos. La fórmula tiene cuatro factores para revisar el incremento de cada año, el primero es que el 50 por ciento de la fórmula es la variación en el salario mínimo, el 15 por ciento es con la variación del precio del diésel; después el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) que es con el 10 por ciento; y el 25 por ciento es la variación del tipo de cambio porque los camiones se cotizan en dólares”, explicó.
CIERRAN LAS PUERTAS
Ambos directivos de la empresa coincidieron en señalar que han “tocado la puerta” de la Presidencia Municipal y de las dependencias del Ayuntamiento, pero no han sido atendidos.
“Hemos tocado la puerta de Presidencia Municipal, de Subsecretaría de Ayuntamiento, del Jurídico, del SIAP, del Contralor incluso, solicitando citas y entrevistas para tratar de analizar estos temas con ellos y no hemos obtenido respuesta”, dijo.
SERVICIO
El gerente de Recolección Domiciliaria, Rogelio Galván Leal, informó que se atiende a 125 mil casas, que corresponden a un millón de habitantes. Se incluyeron a algunas comunidades rurales que antes no estaban incluidas en el servicio.
Defendió que la empresa tiene 20 años de experiencia en el tema de recolección de basura.
