COMISIÓN
Este miércoles se reinician los trabajos de la Comisión Especial del Ayuntamiento que revisará y repondrá el fallo de la recolección de residuos sólidos urbanos en León y todo parece apunta a que el tema de costos será el criterio fundamental para echar atrás la concesión entregada a dos empresas que resultados ganadoras en mayo de 2014.
En la última reunión de la semana pasada, el presidente de la Comisión Especial, el regidor del PAN, Federico Zermeño, dejó entrever que hubo fallas en la licitación, que no había información y soporte para haber elegido a las dos empresas que resultaron ganadoras. Entre las insuficiencias se encontró que no había un estudio comparativo sobre el costo de la recolección de basura que se aplicaría en León.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, ya planteó este fin de semana que el Municipio tendría que subsanar el daño que se causó al erario público al haber asignado una concesión a dos empresas bajo el esquema financiero que se aprobó en la pasada administración.
Desde el principio, el PAN criticó la decisión de haber dado una concesión a 20 años, con indexación a dólares el aumento en el costo del servicio, y el alto gasto que representaba para el Municipio las condiciones pactadas en el contrato.
Pero uno de los puntos claves que permiten visualizar la conclusión a la que pueden llegar los integrantes del Ayuntamiento, es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó como punto de partida para reponer el fallo de la licitación lo que establece el artículo 134 constitucional, respecto a la revisión del empleo y la optimización de los recursos públicos de este servicio y el cuidado ambiental.
Los integrantes del Ayuntamiento que integran la Comisión Especial van a tener que revisar con lupa cuáles serían los argumentos financieros, ambientales, técnicos y jurídicos que les permitan dar marcha atrás al fallo que favoreció a Red Recolector y Gisa. Esto va a subsanar el error de haber asignado un contrato con el costo que representa.
Esta misma vertiente fue planteada por el Observatorio Ciudadano de León, que en un posicionamiento público subrayó que el costo del servicio de la recolección de basura en la ciudad se incrementó un 100 por ciento, al pasar de 102 millones de pesos antes de la licitación a más de 200 millones de pesos el año pasado.
El organismo explicó que un estudio elaborado por sus técnicos, llegó a la conclusión de que se han erogado gastos innecesarios por el servicio y que se dejó de lado propuestas que eran menos costosas al erario público.
El costo de la recolección de la basura en León fue más caro en 2016, incluso que en ciudades como Guadalajara, Puebla o Ciudad Juárez, y que el costo del confinamiento también se incrementó en un 18 por ciento.
Es posible que el Observatorio Ciudadano de León se sume al trabajo de la Comisión Especial y aporte la información comparativa que tiene respecto a otros municipios similares a esta ciudad. El propósito es que se transparente el proceso, se sume a la sociedad en la decisión de este tema y se logre reducir el costo de la recolección y el confinamiento de la basura.
La Comisión Especial solo tiene menos de dos semanas para definir cuál es la resolución final del fallo, aunque ya está cantado que se tumbarán los contratos a los dos ganadores por el elevado costo que representa su servicio.
¿PROTECCIÓN?
Ayer se aprobó el dictamen de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que subirá al pleno del Congreso del Estado para su votación y aprobación este jueves pese a la recomendación que hizo hace algunos días el titular del Poder Ejecutivo, tras el anuncio del gobierno federal de activar y homologar un protocolo único de atención a los casos de agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos.
Esta es una vieja demanda de los periodistas guanajuatenses y que ahora se reactivó tras los lamentables hechos registrados en otras entidades del país donde la violencia cobró la vida de varias personas que defiende la libertad de expresión y los derechos humanos.
Independientemente de los mecanismos de protección vigentes a manos de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, nuevos instrumentos legales locales serán insuficientes para inhibir y castigar la violencia contra los periodistas sino hay voluntad política de salvaguardar los derechos constitucionales a la libre expresión.
El jueves se podrá conocer más detalle de la iniciativa que aprobaron ayer los legisladores en comisiones antes de pasar al Pleno, pero es evidente que la conformación de un Consejo Estatal con los integrantes de los Tres Poderes y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y solo dos representantes de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos es insuficiente para atender los casos donde se vulneran los derechos de ambos grupos.
Tampoco es garantía de nada tener un registro estatal de periodistas, colaboradores y personas defensoras de derechos humanos aun cuando sus datos queden bajo reserva de Ley. Y crear una estructura burocrática en la Secretaría de Gobierno para dar seguimiento a lo que determine la nueva ley, francamente sería innecesario si se aplicará el Estado de Derecho.
Las garantías al ejercicio periodístico y la libre expresión no la otorgan una nueva Ley sino la firme convicción de las autoridades de hacer velar los principios de una democracia como la que está vigente siendo que muchas veces la censura y agresión viene de quienes tienen bajo su mandato proteger los derechos de los ciudadanos desde el poder.
No se puede desdeñar tampoco el esfuerzo de los legisladores y quienes desde la sociedad civil hicieron sus aportaciones para enriquecer la iniciativa, pero el problema es más complejo, estamos en un país donde ser periodista o defensor de derechos humanos es una actividad de alto riesgo.
Bajo las condiciones de inseguridad y presencia del crimen organizado en Guanajuato una nueva ley no garantiza la protección de nadie.
SEGURIDAD
El pasado 17 de mayo, el senador Fernando Torres Graciano presentó una iniciativa para que los diputados y senadores incrementen el tiempo de los periodos ordinarios de sesiones, de seis a nueve meses, ante el rezago legislativo que prevalece en asuntos que son relevantes para el país.
Es el Senado, por ejemplo, se presentaron mil 181 iniciativas, de las cuales quedaron pendientes de dictaminar 907, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron 3 mil 673 iniciativas de las cuales quedaron pendientes 2 mil 323.
Este punto de partida es relevante porque una de las iniciativas que quedaron pendientes de resolver fue la relacionada con la Ley de Seguridad Interior, un asunto prioritario para el país porque determina las reglas de la participación del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública; las responsabilidades de federación, estado y municipio en este rubro; la creación de nuevos cuerpos de seguridad, la coordinación y generación de inteligencia así como los controles administrativos, judiciales y parlamentarios en la materia.
Actualmente están en proceso de dictaminación cuatro iniciativas en materia de seguridad interior, tres de ellas pendientes en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, una de ellas desde el 2015, otra presentada en 2016 y la última este año, por las distintas fracciones políticas. En el Senado de la República hay otra iniciativa que presentó el PAN desde el año pasado y a la cual, le han dado vueltas los partidos y el gobierno federal.
Ayer, en el Senado, la Comisión Permanente aprobó un exhorto para llamar al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario para que se revisen las iniciativas urgentes, como lo es en este caso la referente a la Ley de Seguridad Interior.
El propio senador Torres Graciano es integrante de la Comisión Permanente y mientras se revisa su iniciativa para extender tres meses más el trabajo en el periodo ordinario de ambas cámaras, se sumó al exhorto para que se atienda con carácter de urgente la Ley de Seguridad Interior.
No se puede posponer más la revisión de este asunto, ya lo advirtieron las propias fuerzas armadas, que hoy están inmersas en las tareas de seguridad pública cuando corresponde a otras esferas del poder público su atención.
REVÉS
La Comisión de Gobierno y Obra Pública aprobó ayer el nuevo reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) tras una breve discusión sobre uno de los artículos que cuestionó el regidor del PVEM, Sergio Contreras, respecto a la facultad que se reservó el organismo para crear sus propias gerencias sin la aprobación del Ayuntamiento.
En la sesión participaron Sergio Contreras, Salvador Ramírez Argote, Carlos Medina Plascencia, José Luis Manrique, Salvador Sánchez, Luis Ernesto Ayala, Jorge Cabrera, Bety Yamamoto, Alejandro Alaniz, Norma Patricia Zúñiga y Federico Zermeño, éste último presidente de las Comisiones Unidas.
En la presentación, Leonardo Lino Briones, director del organismo y su equipo técnico, justificaron el nuevo articulado del reglamento a fin de dar más atribuciones al Consejo y a la Dirección para ajustar la operación a la nueva realidad en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En general se aprobó la mayoría de los artículos a excepción de las observaciones y reservas que hizo Sergio Contreras, en total cuatro, y que al final fueron ajustadas a los criterios que planteó el edil.
El tema que entretuvo la reunión de las comisiones unidas fue el referente al artículo 96 sobre la facultad que se atribuía el Consejo Directivo de Sapal de abrir nuevas gerencias sin la autorización del Ayuntamiento.
Después de una exposición de la ley orgánica municipal y los criterios de desregulación hubo finalmente el acuerdo de que el Ayuntamiento es responsable de facultar la apertura de gerencias a fin de dar soporte legal a las decisiones que asuma, no siendo un asunto de desregulación como lo planteó uno de los regidores del PAN. Lo curioso es que PAN, PRI y PRD, con seis votos de diez le dieron revés a la propuesta de SAPAL de irse por la libre.
