Una de las ofertas de la campaña política del entonces candidato del PAN a la Presidencia Municipal de León, Héctor López Santillana, fue revisar la concesión de 20 años que otorgó la pasada administración a dos empresas privadas para la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, basura.
El compromiso lo hizo frente a los ex recolectores y contratistas que desde mayo de 2014 impugnaron el proceso y recurrieron al Tribunal Contencioso de lo Administrativo argumentando que no se motivó ni se fundamentó la decisión de los ex funcionarios que participaron en el proceso de licitación y posterior entrega de la concesión.
Esta fue una de las banderas políticas de la campaña y una vez que se ganó la elección y se asumió el cargo, una de las primeras medidas que se anunció fue la revisión de los contratos de la basura asignados a las dos empresas que ganaron la licitación, independientemente del proceso que siguieron los particulares que perdieron el proceso.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo había emitido una resolución que favorecía a las empresas que impugnaron el proceso de la licitación pero uno de los concesionarios de la recolección y traslado de los residuos interpuso recursos ante diversas instancias judiciales para revertir la decisión de los magistrados locales respecto a la reposición del fallo.
El miércoles pasado, la Secretaría del Ayuntamiento fue notificada formalmente que la Corte rechazó el último de los recursos de la empresa que tiene la concesión, ante la decisión del Tribunal de reponer el fallo, y por lo tanto le otorgaba un plazo de 15 hábiles para cumplir la sentencia tomando en cuenta otros criterios relacionados al buen uso del recurso público y a la calidad en el servicio.
El jueves, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento, el alcalde Héctor López Santillana propuso la integración de una Comisión Especial para reponer el fallo con las mismas empresas para dar cumplimiento al mandato judicial del Tribunal.
Se excusó junto con el síndico Carlos Medina Plascencia de participar por alegar conflicto de interés, uno por tener un familiar directo de su esposa como socio de una de las empresas que participaron en la licitación y el otro por haber asesorado a una de las empresas que ganó la concesión y tener amistad con los empresarios regiomontanos que prestaban el servicio en León.
Se acordó en sesión extraordinaria del Ayuntamiento que el regidor Federico Zermeño sería el Presidente de la Comisión que revisaría el tema con el apoyo de la Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento y las direcciones de Aseo Público y Gestión Ambiental. Se tendría oportunidad de corregir o ratificar el fallo.
Este viernes en la primera sesión, luego de recibir la información sobre las bases de la licitación, los términos de referencia que se entregaron a las empresas que participaron y los criterios que definieron la matriz donde resultaron electas las dos empresas ganadoras que hubo fallas de origen y que faltó elementos para comparar el costo-beneficio del servicio.
Apenas empieza el análisis y ya se trazó la ruta que seguirá la administración municipal en este tema: cuestionar el costo como punto central para no ratificar el fallo que tomó el anterior gobierno.
En el caso de los ex contratistas del gobierno municipal, en la era del PAN, se podrían ahorrar 100 millones de pesos si les quitan la concesión a las dos empresas y se las entregan a ellos mientras que el Observatorio Ciudadano de León planteó un análisis en donde el costo por la recolección de la basura era de 102 millones de pesos en 2012 y luego 202 millones de pesos en 2015, más lo que se acumule en el resto de los años que originalmente se habían contemplado en los contratos.
En la Comisión Especial va a salir un estudio que ya se elaboró con la proyección del costo de la recolección y traslado de la basura en 20 años y que será base angular para tumbar la concesión que se había dado en el anterior fallo.
También va a ser muy interesante conocer la postura de las dos empresas que ganaron la licitación pasada porque seguramente no se van a quedar de brazos cruzados a menos de que decidan una negociación que represente una salida favorable para ellos y el municipio.
APARECIDO
El 27 de octubre de 2014 fue la última vez que vino a León un Director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, quien hace unos meses se viera obligado a renunciar a su cargo por el uso de un aeronave del gobierno federal para trasladar a su familia de su casa en el Estado de México al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para alcanzar a llegar a un vuelo a un destino internacional, a donde iba de vacaciones.
En esa ocasión, anunció el inicio del Acueducto El Zapotillo, el proyecto hidráulico más importante para León porque le garantizaría el acceso a agua potable los siguientes 25 años y beneficiaria a alrededor de 2 millones de habitantes de los estados de Guanajuato y Jalisco.
La inversión original del proyecto era de siete mil millones de pesos y abarcaba la construcción de un acueducto de 140 kilómetros de longitud que conducirían 5 mil 600 litros de agua por segundo. Se hablaba de un acueducto moderno y uno de los mejores del mundo.
A partir de esa fecha, los concesionarios tendrían 36 meses, seis para consolidar el proyecto ejecutivo y 30 para construirlo, ponerlo en operación y entregarlo para que en noviembre de 2017 se empezaran a recibir los primeros suministros. Es decir, en poco más de seis meses de acuerdo con el anuncio oficial de CONAGUA.
A la fecha, no se ha concluido el juicio ante la SCJN por el tamaño de la cortina de presa El Zapotillo; no hay acueducto construido; no hay tanque regulador con capacidad para 100 millones de litros en Barranca de Venaderos; no hay macrocircuito de 44 kilómetros afuera de la ciudad para su distribución ni dinero de uno de los concesionarios más importantes del consorcio que ganó la licitación para continuar con los trabajos del proyecto que va a cumplir casi 32 años desde que se concibió desde que nació la idea de un Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León.
La crisis financiera de Abengoa en España, filial de la principal empresa accionaria que tienen la concesión del proyecto del acueducto El Zapotillo-León, paró la obra en seco durante varios meses al grado que no se va a concluir el proyecto antes de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, como se tenía previsto originalmente.
Mientras allá consiguió acuerdos con acreedores y salió al mercado bursátil a emitir nuevas acciones, falta mayor solidez para apuntalar a su filial en México, donde la empresa está en concurso mercantil, paso previo a la quiebra, desde enero de 2017 y sin dar señales claras de que pronto se va a resolver la situación financiera.
El pasado 29 de marzo, el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López Santillana se reunieron con el sustituto del mexiquense David Korenfeld, Roberto Ramírez de la Parra, actual director de la CONAGUA para supervisar los avances del acueducto El Zapotillo y se acordó tener una reunión en “los próximos días” en León para dar mayor certidumbre sobre el proyecto.
De acuerdo con el Presidente del Consejo Directivo de Sapal, Pedro González García, existen posibilidades de que el director de la CONAGUA venga esta semana a León, casi dos meses después de que lo ofreció el funcionario federal, a tener la reunión con los funcionarios estatales, municipales y directivos del organismo.
Según la versión que se ofreció a finales de marzo, Ramírez de la Parra iba a revisar a detalle los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y ambientales del proyecto porque el plazo de noviembre de 2017 está a seis meses y no hay un avance significativo de la obra a pesar de que el concesionario ha liberado derechos de vía y adquirido tubería.
Para cómo anda el gabinete federal, baja eficiencia y credibilidad además ocupado en las elecciones del Estado de México, será un milagro que se aparezca el titular de la CONAGUA, responsable directo de la obra que se atrasó simple y llanamente porque el concesionario ni la federación han cumplido con lo que ofreció David Korenfeld, cuando estuvo la última vez aquí el 27 de octubre de 2014, antes de que lo corrieran del gabinete por usar para su servicio personal una nave oficial e irse de vacaciones.
PLAN
El Presidente del Consejo del IPLANEG, Eduardo Sojo Aldape, presentó la estrategia para actualizar el Plan Estatal de Desarrollo 2040, en un evento celebrado en la capital donde quedó instalado el Consejo Interno Estratégico de Evaluación que va a revisar los avances y los retos que tiene la entidad para su futuro.
La premisa será imaginar el Guanajuato del 2040 y que contempla criterios de innovación y una nueva forma de afrontar los retos que se tienen en rubros como infraestructura, desarrollo económico y social junto a otros relacionados con la sustentabilidad territorial y ambiental para atender el crecimiento que tiene la población.
Sojo Aldape fue uno de los artífices del famoso Plan Guanajuato Siglo XXI que proyecto el crecimiento que tiene ahora la entidad y que generó las políticas públicas con una amplia participación social. El reto es revisar los avances que se han alcanzado hasta ahora y establecer nuevos mecanismos y proyectos que ayuden a dar más énfasis al desarrollo social.
Definió que habrá 40 temas estratégicos que van a ser revisados y en donde se hará una amplia convocatoria a todos los agentes gubernamentales, económicos y sociales junto con académicos y expertos que ayuden a construir un mejor Guanajuato. Habrá un programa de talleres para que los ciudadanos contribuyan a identificar los proyectos que requiere la entidad en los siguientes 20 años.
Primero vendrá un análisis documental y estadístico, una consulta social, un análisis estratégico de las propuestas generadas por la sociedad, la construcción de escenarios y la integración del documento maestro que será presentado en febrero de 2018.
La tarea es complicada porque a la vez que se traza el futuro de la entidad se debe conciliar con los distintos intereses económicos y políticos que se vislumbran de cara al proceso electoral del 2018. La convocatoria de los actores que participen en el proceso debe ser equilibrada para evitar que omitan proyectos que son necesarios y que luego no se plantean por la ausencia de opiniones de sectores menos favorecidos.
La pobreza y marginación social, el desorden en el uso de suelo, el deterioro de los recursos naturales, la falta de infraestructura urbana y social, la inseguridad expresada en violencia y delincuencia entre otros temas serán infaltables en el diagnóstico que tiene que elaborar el IPLANEG y que partirán de la evaluación del consejo que también se conformó.
Eduardo Sojo tiene la oportunidad de aplicar su experiencia en la conformación del plan Guanajuato Siglo XXI, los faltantes y omisiones que hubo, para conformar un plan estratégico de gran visión 2040 y que esté alejado de los intereses particulares, que son los que muchas veces frenan lo que en el papel se proyecta como una alternativa viable a los guanajuatenses.
