APUESTA
El gobernador del estado, Miguel Márquez, está decidido a tomar el riesgo que representa traer una Brigada Militar a Irapuato y apostar todo su capital político a ese proyecto, que estaría listo antes de concluir su administración, para devolver la paz y tranquilidad social a los guanajuatenses.
Hoy se coloca la primera piedra de lo que serán las instalaciones de la Brigada Militar en Irapuato, con la presencia del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y en menos de un año estaría lista para albergar a los 3 mil 200 efectivos que vivirán en ese polígono militar.
Guanajuato será la segunda entidad con disponer de una Brigada Militar que tendría un efecto inmediato en la presencia de 3 mil 200 efectivos, que si bien vivirían en Irapuato también tendrían presencia en los 46 municipios y son personas que están capacitadas y equipadas hasta para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada.
En el papel se trata de un buen proyecto, según lo que presentó el Comandante de la XII Región Militar, General Miguel Ángel Patiño, pues dejó en claro la inversión del proyecto y la forma en que se distribuye el costo de construcción y operación; las características y funciones que tendría las policía militar, siempre bajo el mandato legal militar y federal así como también que no van a sustituir las tareas de seguridad pública que están asignadas por Ley a los estados y municipios.
Hay tres temas que son relevantes plantear porque de eso depende la definición del alcance de las operaciones de la policía militar en Guanajuato: primero, no serán de uso exclusivo de las autoridades estatales y municipales; segundo, el apoyo en las tareas de seguridad dependerá de la solicitud que se haga a la Secretaría de Gobernación y tercero, las operaciones se harán con estricto apego a los protocolos de protección de los derechos humanos sin que eso garantice que en algún momento un elemento militar pueda violar la ley en esta materia.
Lo más relevante en estos momentos es que la Secretaría de la Defensa Nacional ya dio su aval y mantendrá la operación de la Brigada de manera permanente en Irapuato, en medio de un debate nacional sobre la Ley de Seguridad Interior, en donde se plantean establecer un marco que regule la operación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad y el fortalecimiento de las policías locales.
Apenas la semana pasada, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto estuvo con los titulares de las 32 entidades federativas, agrupados en la CONAGO, para presentar un balance sobre el tema de seguridad y el comportamiento de los índices delictivos, en especial, aquellos reportados en entidades donde a pesar de la disminución que se había alcanzado, han vuelto a repuntar.
A los gobernadores les ofreció el respaldo federal pero les subrayó que cada gobierno local asuma esfuerzos más decididos y comprometidos en la modernización de sus cuerpos policíacos, en las tareas de investigación, procuración de justicia, de policía preventiva y de la actuación del Poder Judicial. Esta cooperación es temporal y sin sustituir lo que es responsabilidad de los gobiernos locales.
En el caso de Guanajuato, se consiguió que los militares tengan aquí su Brigada y contribuyan a reducir la incidencia delictiva que se ha incrementado en algunos delitos como es el caso de los homicidios dolosos, relacionados principalmente a aquellos vinculados con la delincuencia organizada
PÉNDULO
El arribo del PAN a la administración municipal y los señalamientos de presuntos actos de corrupción en la pasada administración del PRI, en la asignación y ejecución de obra pública, ha tenido como consecuencia que los nuevos proyectos y contratos tarden más de la cuenta por la excesiva revisión de los funcionarios en las licitaciones y una aplicación rigurosa de la ley de obra sin que se consideren imprevistos a los que están sujetos cualquier tipo de proyecto de construcción.
Al menos ese es el sentir de algunos de los constructores locales que están afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, quienes van a buscar en los próximos días una reunión con las autoridades municipales para buscar flexibilizar los criterios burocráticos que son aplicados a rajatabla en muchas de las 400 obras que se anunciaron para el resto de esta administración.
Y es que los industriales están preocupados que por criterios políticos que buscan diferenciar esta administración municipal de la pasada, en el tema de transparencia y combate a la corrupción, se caiga en el exceso de más trámites y leyes que luego dificultan el avance de los contratos y los procesos de la obra pública.
Los constructores no están en contra de aplicar mecanismos más efectivos para acabar con la corrupción, expresada en los moches, las asignaciones a constructoras favoritas de los políticos o licitaciones dirigidas para que ganen los amigos de los funcionarios. Lo que quieren es que se agilice la obra pública.
Los empresarios tampoco quieren que por criterios legales y burocráticos inflexibles, se retrase la aplicación de recursos, se encarezca la obra pública o que no se entregue la calidad necesaria en cada proyecto que se contrata con recursos públicos.
Ya hay una comisión dentro de la CMIC delegación Guanajuato que revisa el programa de 400 obras que anunció el gobierno municipal para que se cumpla con el programa definido en los contratos asignados a las empresas y han encontrado que hay algunas dificultades por los criterios que emplean los funcionarios municipales para cumplir con la ley. Las autoridades han puesto más atención al proceso legal que a la propia calidad y oportunidad de la obra.
Las empresas de la construcción deben seguir al pie de la letra los criterios que establecieron las autoridades municipales y los organismos de la sociedad que participan en un consejo de contraloría social en cuanto a respetar los costos de los insumos, materiales y servicios para evitar sobre costos y adquisiciones por debajo del precio promedio que carezca de calidad. A esto se agrega que los proyectos y licitaciones tengan las especificaciones que eviten estar dirigidas.
Incluso están de acuerdo en el mecanismo tecnológico que presentó la semana pasada el Instituto Municipal de Planeación sobre la plataforma digital que contiene la información estadística y geográfica del municipio; los indicadores sociales y económicos, de medio ambiente, infraestructura, competitividad entre otros criterios (100).
A esta se integró el seguimiento de las 400 obras para León a fin de impulsar la transparencia y garantizar el acceso a la información como lo solicitaron los propios organismos de la sociedad civil hace unas semanas. Con un «clic», se tendría acceso a la información sobre el avance de estas obras, su estatus, la licitación y costos, entre otros aspectos relevantes.
*** Pero eso tiene preocupados a los constructores porque a diferencia de fabricar un producto manufacturado, la obra pública tiene otros criterios que inciden en el tiempo y costo de sus procesos.
CORRIENTE
Cada vez son más los panistas que se muestran preocupados por lo que sucede entre las redes del gobierno por una lucha descarnizada entre los grupos enquistados en la nómina y que buscan una posición frente al proceso electoral del 2018, sin que hasta ahora se haya puesto orden mucho menos control.
Las primeras señales de alerta se han prendido en varias dependencias donde llegaron personajes ligados al PAN y que van con el propósito de operar a favor del candidato oficial aun a costa del uso de recursos con fines electorales.
*** El tema es delicado porque muchos de los personajes que llegaron a las posiciones de gobierno, donde se manejan programas y padrones de beneficiarios, no tienen el compromiso firme con cerrar una administración que hasta ahora ha sido exitosa y sin sobresaltos en el uso y aplicación de recursos públicos.
*** Por otra parte, hay golpes bajo la mesa intramuros, unos están a favor de un proyecto político y otros a favor de uno distinto, situación que tiene en dilema porque todo se ve con el cristal electoral y no en función de las responsabilidades que se tienen bajo su cargo. La mayoría de los ajustes al gabinete son consecuencia de esta situación.
La distracción de los funcionarios en los municipios y estado es evidente, de lo contrario no se explican las obsesiones de algunos por aparecer hasta en los bailes del Cotillón, sin olvidar el triste papel que han asumido los panistas en el Congreso del Estado, donde usan como arma política un organismo que debería ser autónomo en la aplicación de las auditorias a los gobiernos que son su oposición. Las auditorias a la pasada administración son una muestra evidente de esta situación.
La descomposición no es nueva pero si se ha manifestado con una mayor intensidad porque se acercan las definiciones entre septiembre y noviembre de 2017, una vez que pasen las elecciones en las entidades, en junio próximo.
Hasta en el partido las cosas se han complicado porque la pelea por la candidatura para el 2018, todavía faltan muchos meses para que legalmente se dé una contienda interna, ha generado un desgaste inútil a quienes tienen la responsabilidad de preparar la estructura, plataforma y procesos de selección de candidatos para los cargos de elección popular. Por fortuna, el partido no se ha sometido al gobierno.
Se sabe que hay secretarios, directores, legisladores, alcaldes entre otros liderazgos del PAN en Guanajuato que quieren abrir un espacio de reflexión junto con quienes hoy están a cargo del gobierno, el congreso y el partido, para poner sobre la mesa esta situación y frenar una pelea que no tiene sentido.
El principal conflicto que tiene este partido es la imposición, vía la designación directa, que se pretende hacer de una persona que no reúne el perfil y que no ha crecido desde su pre lanzamiento hace más de un año y la oposición de otra corriente de panistas que quieren que se abra el proceso para una elección interna y bajo condiciones de equidad que permitan a todos los interesados competir bajo las mismas circunstancias.
Otro tema controversial es el uso de recursos públicos en el apoyo de quienes tienen una aspiración para alguna candidatura en 2018. Finalmente, quedan por resolver los conflictos entre los grupos que se alistan para el siguiente proceso electoral y en donde no importa embarrar al partido sino destruir a su adversario aunque sea panista.
Los avances y logros de esta administración estatal no pueden ser opacados por una lucha mezquita por seguir otros seis años en la nómina. De lo contrario se exponen a que estos saldos de su pelea por la candidatura sean utilizados por sus reales adversarios políticos y los exhiban cuando concluya la administración como se hace ahora con muchos de los gobiernos del PRI.
