El comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola, salió ayer a dar la cara a un grupo de líderes locales y a los medios de comunicación para explicar de qué se trata el proyecto de la Brigada Militar que se va a construir en Irapuato, luego del ruido que generó la crítica del sector empresarial hace unos días por el retiro de 100 millones de pesos para el Fideicomiso de Seguridad de León para esa base.
El general Patiño Canchola fue muy claro en sus expresiones como que la llegada de los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar no van a sustituir a los elementos de seguridad pública del estado ni de los 46 municipios; no se va a militarizar la seguridad en Guanajuato y que únicamente van a coadyuvar en la vigilancia y en la seguridad de los ciudadanos en tareas que permitan inhibir el delito y reducir la incidencia delictiva, incluso la relacionada con la delincuencia organizada.
Ante integrantes del sector privado, estuvo acompañado del secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca; de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz Márquez; del Comisionado de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental; del delegado de la PGR, Jaime Porfirio García Bello, entre otros.
En el encuentro con los medios de comunicación, el mando militar estuvo acompañado del gobernador del estado, Miguel Márquez; del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; de la directora Jurídica, Raquel Barajas; del alcalde Héctor López Santillana; de la senadora del PAN, Pilar Ortega, y el Comandante de la XVI Zona Militar, general Arturo Velázquez Bravo.
Explicó con detalles el mecanismo para la construcción y operación de la Brigada Militar en Apodaca, Nuevo León, y planteó los requerimientos para la que se construirá en Irapuato, en especial más de 450 millones de pesos junto con un convenio de colaboración y concertación entre las autoridades castrenses, federales y estatales así como un contrato de Fideicomiso Mixto para las aportaciones de las autoridades estatales, municipales y del sector privado. El costo de operación y mantenimiento corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional de manera permanente.
Planteó que si bien Guanajuato no es un estado como Michoacán o Tamaulipas, se debe evitar llegar a esas condiciones, y que la Brigada Militar ayuda a reducir el espacio y tiempo al crimen organizado y contribuye a reducir los índices delictivos. Planteó que la buena voluntad de las autoridades estatales permitirá sacar adelante rápidamente la obra, el lunes colocan la primera piedra, y en donde se pueden sumar las empresas locales y municipios.
En su mensaje a los empresarios y a los representantes de los medios de comunicación, el general Patiño Canchola, les explicó los mecanismos de participación social, la deducibilidad de las aportaciones y hasta los beneficios económicos que les genera la obra durante su construcción y posterior operación con la presencia de los más de tres mil elementos y sus familias.
Otra precisión importante que hizo es que si bien sus instalaciones serán permanentes en Guanajuato, si hubiera algún requerimiento de alguna otra entidad se tendría que apoyar pero siempre teniendo como base de operación la entidad.
Respecto al temor de los ciudadanos de que la participación de las fuerzas federales en las tareas de seguridad puedan en algún momento incurrir en violaciones a los derechos humanos, contestó que no están exentos a que algunos elementos puedan violar la ley pero que hay un compromiso de la Policía Militar se debe conducir con pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y que no se toleraría ninguna acción contraria a este espíritu.
Reforzó la idea con la exposición de datos sobre la reducción en el número de casos de violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, de mil 1700 quejas en 2013 a menos de 500 en 2016, y la aceptación de las recomendaciones de las instancias de proteger estos derechos.
Trascendió en estas reuniones que del monto total del proyecto, el gobierno del estado aportaría alrededor de 250 millones de pesos, a los que se sumarán las aportaciones en especie y efectivo de empresas que ya comprometieron su apoyo a esta obra.
Finalmente, el gobernador del estado, Miguel Márquez, dijo que a pesar de la inversión y el tamaño del proyecto es factible que se concluya la obra (la segunda en el país) antes de que acabe la administración a su cargo; en el caso de Apodaca se tardó un año tres meses las cinco etapas que dispone la cuarta Brigada Militar en el país.
CONTRASTES
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado avaló los resultados de la auditoría realizada a la pasada administración municipal de León y que derivaron en 10 denuncias por responsabilidades penales, 16 civiles y 23 administrativas a los exfuncionarios relacionados con la contratación de seis empresas que no comprobaron los servicios ofrecidos o que no se pudo comprobar su existencia.
El coordinador de los legisladores panistas, Éctor Jaime Ramírez Barba, sostuvo que hubo en el gobierno municipal anterior un daño al erario público y que se daría rapidez a las denuncias ante la Procuraduría General del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de la República para que den seguimiento a las denuncias penales que van a interponer los órganos de fiscalización que realizaron la auditoria y autoridades de León.
Deslizó que si algunas de las responsabilidades penales recaen sobre la exalcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez, están dispuestos a solicitar su desafuero, tras de que se planteará por los legisladores del PRI que las acusaciones no tenían fundamento.
El panista también respondió al cuestionamiento de que la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato actúo con criterios partidistas en la revisión de cuentas de la exalcaldesa ya que sostuvo que de 382 medidas de fiscalización se han derivado 2 mil 448 responsabilidades administrativas, entre ellas 117 de índole penal.
El posicionamiento en tribuna de la diputada del PRI, Guadalupe Velázquez, fue que el PAN no mide con la misma vara a sus amigos, en alusión al tema de Escudo, como se revisó las cuentas de la administración del PRI en León.
Acusó a los auditores de perder el rumbo de la veracidad y legalidad en su informe sobre los resultados a la administración de Botello Santibáñez ya que en el caso de la omisiones en el desempeño de las funciones públicas (falta de informes, falta de supervisión, falta de garantías en contratos, entre otras) únicamente corresponde una sanción administrativa y en el caso del incumplimiento atribuido a las empresas contratadas, para ello se derivan sanciones civiles a los prestadores de servicios.
Lo lamentable es extrapolar para configurar ilícitos de carácter penal cuando la ley establece únicamente sanciones administrativas y civiles ya que no hubo conducta criminal, robo, fraude o enriquecimiento ilícito por parte de los exfuncionarios señalados en el informe de la auditoria de León.
Luego, la propia exalcaldesa Botello Santibáñez ofreció su respuesta al planteamiento del PAN en el Congreso del Estado y ratificó que se trata de una venganza y persecución política de quienes no han superado agravios pasados cuando fue electa por los leoneses en la administración 2012-2015.
También cuestionó que ese partido use los instrumentos de fiscalización del Congreso para perseguir a los exfuncionarios de su administración por lo que adelantó que seguirá con su línea de defensa tope donde tope.
En este asunto de los resultados de la auditoria aplicada a la pasada administración municipal, el Contralor Esteban Ramírez Sánchez aclaró que a la fecha se han presentado únicamente 11 denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras públicas y de servicios.
Al día de hoy se han abierto procesos penales para seis exfuncionarios y un proveedor, de los cuales cinco cuentan con autos de formal prisión, dos presentan orden de aprehensión pendientes de cumplimentar y uno tiene una orden de reaprehensión. Solo uno está en prisión.
Sobre los resultados de la auditoria que presentó ayer el Congreso del Estado, aclaró en septiembre de 2015 ya se había presentado una denuncia penal por la Contraloría Municipal respecto a la contratación de empresas de las que no se pudo acreditar el servicio o su existencia. Son los mismos contratos que ahora observó el órgano de fiscalización del estado.
Finalmente se votó por mayoría el dictamen que contiene los resultados de la auditoría realizada al programa Escudo, únicamente fue una revisión para corroborar que existiera el equipo que se adquirió sin entrar al tema sobre si sirvió o no para contener los índices delictivos en Guanajuato.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Carlos Muñoz Márquez, consideró que de la revisión técnica únicamente se realizaron 12 observaciones que fueron solventadas y que la evaluación relacionada al desempeño del programa corresponde hacerla al propio gobernador del estado.
Este tema también fue cuestionado por los partidos de oposición, principalmente el PRI al mencionar que hay una serie de delitos que han crecido a pesar de la inversión realizada en este programa. Para el órgano de fiscalización del Congreso del Estado no hubo irregularidades en Escudo porque no se revisó el desempeño del programa solo que existiera físicamente lo que se compró.
COEPES
Ayer, se eligió al rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino como presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C. (COEPES) para el periodo 2017-2020. Sustituye al rector de la Salle, Andrés Govela Gutiérrez, quien ocupo por dos periodos consecutivos el organismo.
Esta elección se realizó durante la primera reunión extraordinaria de la Asamblea General de la COEPES, por voto secreto y directo, en la Universidad Iberoamericana de León tras escuchar las propuestas de trabajo que elaboraron quienes respondieron a la convocatoria.
Su propuesta busca que en el estado se incremente la cobertura y oferta educativa; fortalecer las estrategias de mediano y largo plazo en materia de educación superior; la vinculación con los sectores sociales y las instituciones de educación superior así como buscar fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus proyectos.
Por otro lado, planteó la necesidad de trabajar para abatir la desigualdad de acceso a la educación, el rezago y la deserción; el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes y la articulación entre la educación, la ciencia, la innovación y el desarrollo y transferencia de tecnologías. Además la formulación de políticas educativas que atiendan el nuevo entorno internacional en el marco de los retos de la Unesco 2030.
