El pleno del Consejo Coordinador Empresarial de León ratificó ayer su respaldo a las propuestas elaboradas por la Mesa de Seguridad y Justicia, que encabeza Rocío Naveja, para continuar con los tres proyectos elaborados para fortalecer los cuerpos de seguridad pública, prevención a la violencia y la delincuencia y desarrollo de inteligencia policial a fin de abatir la incidencia delictiva que azota a los leoneses.
Además se acordó que se mantendrá el Fideicomiso para la Seguridad en León y las gestiones con el gobierno estatal y municipal para restituir los 100 millones de pesos que se comprometieron antes de que se decidiera unilateralmente destinarlos a la construcción de una Brigada Militar en Irapuato. No están en contra de la base militar sino de que abandonen los proyectos propuestos por la sociedad para fortalecer la seguridad pública.
El próximo lunes, los representantes del sector privado y organizaciones no gubernamentales tendrán una reunión de acercamiento con el Secretario de Gobierno del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, para exponer nuevamente la necesidad de que el gobierno cumpla con su compromiso y no abandone la participación social en un tema tan delicado como la seguridad.
Además, se ventiló que tanto el gobernador del estado como el alcalde serán convocados a tener una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León para que expliquen la razón de haber abandonado los proyectos que iban a ser financiados por el Fideicomiso para la Seguridad de León y se cambiaron de bolsa para la construcción de las instalaciones militares.
Lo anterior, luego de que ayer se reveló en esta reunión que el costo real de una instalación como la que tiene Apodaca, Nuevo León, para los 3 mil 200 policías militares rebasa los 480 millones de pesos mientras que los tres proyectos para fortalecer la seguridad en esta ciudad parten de un presupuesto de 100 millones de pesos.
Otro de los acuerdos es que los presidentes de las cámaras y asociaciones empresariales (CICEG, CICUR, APIMEX, AMMJE, CANACINTRA, CANACO, COPARMEX, CMIC, entre otros) van a buscar los mecanismos financieros para que los proyectos que desarrollo la Mesa de Seguridad y Justicia de León continúen ante los severos problemas de inseguridad que tiene esta ciudad.
Durante la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial de León, el Presidente del organismo, Gustavo Guraieb Ranth, convocó a los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja y Antonio García, a presentar los proyectos estratégicos que se necesitan financiar; la estructura del fideicomiso junto con los principales indices delictivos en la ciudad y el estado.
Estuvieron presentes entre otros, Guillermo Ramos Mena, Jorge Ramírez, Gabino Fernandez; Manuel Muñoz; Luis Gerardo González Urtaza; Marisol Ruenes, Antonio García y Gustavo Guraieb.
Los argumentos planteados por los representantes del organismo ciudadano respecto a las carencias en materia de seguridad y los altos índices delictivos que se reportan generó un apoyo unánime a la estrategia para fortalecer la policía municipal; desarrollar un programa de inteligencia para combatir la delincuencia y enfocar acciones de prevención de la violencia bajo el esquema de colonia segura.
El consenso de los presidentes de las cámaras y organismos empresariales que asistieron al encuentro fue que las autoridades estatales y municipales no deben abandonar el proyecto de seguridad en León a cambio de la Brigada Militar en Irapuato; que buscarán el diálogo como vía para sumar su participación sin llegar a la confrontación ni rompimiento con las autoridades; que no aceptarán el condicionamiento de una aportación peso a peso y que la Mesa y el Fideicomiso van a continuar en operación con el apoyo de la sociedad.
Además hubo un reconocimiento a la contribución que puede tener una instalación militar con más de 3 mil 200 elementos pero no a costa de otras prioridades que tiene León como son reforzar su seguridad pública.
El primero de junio de este año, se van a presentar los tres proyectos a la sociedad y esperan que antes de que llegue esa fecha, las autoridades reconsideren su decisión poco práctica, según expresó el Presidente de Coparmex Jorge Ramírez, de abandonar esta estrategia de participación ciudadana por una instalación militar.
La responsabilidad de las autoridades es la seguridad, coincidieron en señalar los empresarios consultados al término del encuentro privado en Poliforum León, y no se debe limitar la participación social, es uno de los principales razonamientos que se harán primero al Secretario de Gobierno y después al alcalde y gobernador del estado.
REALIDAD
El Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, presentó a la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, una serie de datos donde confirma un alza en el robo a vehículos y homicidios dolosos en la ciudad mientras que refleja una baja en robo a casa habitación, a negocios y transeúntes, según el Sistema Integral de Operaciones de Seguridad Pública, en el periodo que corresponde de enero a abril de 2017.
En este mismo periodo durante el 2015 se habían reportado casi dos mil delitos relacionados con los homicidios dolosos, lesiones dolosas, privación de la libertad, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a vehículo y violación. En el siguiente año, la cifra bajo a mil 721 y en 2017 disminuyó a mil 623 delitos correspondientes a los rubros arriba mencionados.
Sobresale el hecho de los homicidios dolosos, que pasó de 55 en el primer cuatrimestre del 2016 a 123 en 2017, aunque hay que aclarar que de los delitos reportados en este rubro en 2017, en al menos el 67 por ciento de los casos, las víctimas ya habían sido detenidas por haber cometido algún tipo de delito, de acuerdo con la base de datos de la Policía Municipal.
Es decir, que la Policía Municipal ya había actuado de manera preventiva con el 67 por ciento de las 123 personas que fueron asesinadas en este año, actuación que está bajo su responsabilidad, sin que las otras instancias que tienen que ver en el problema, el Ministerio Público y los Jueces Penales, hayan cumplido su parte.
Los principales delitos porque habían sido detenidas las víctimas de asesinatos, el 67 por ciento de los casos, fue por consumo o venta de droga, portación de arma de fuego, lesiones dolosas, riña, delitos del fuero común y hasta por faltas administrativas. Estos son registros administrativos oficiales de la dependencia municipal.
Además de los 123 asesinados entre enero y abril de este año, 99 fueron con arma de fuego, lo que vuelve a traer a la mesa el tema del uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército entre los delincuentes para matar a sus víctimas.
Este es uno de los principales problemas que tiene preocupados a los ciudadanos y que por ser delitos de alto impacto, muchos de ellos relacionados con la delincuencia organizada, aumenta la percepción de inseguridad que se tiene actualmente entre los leoneses. Fueron 85 de los 123 casos de homicidio doloso donde se refiere un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada, en contraste con 17 por riña o nueve por robo.
Hasta ahora no se ve una actuación firme del gobierno federal en este asunto a pesar de la supuesta coordinación que existe a través del Grupo de Coordinación Guanajuato, queja que se ha extendido entre los municipios que hoy viven una situación de violencia como la que se registra en León.
Respecto al robo de automóviles, otro de los delitos que se incrementó en 2017 al reportarse 354 casos, la Secretaría de Seguridad Pública de León logró recuperar 752 vehículos en este mismo periodo, alrededor de 300 unidades más que en los dos últimos años, entre enero y abril. Hay que recordar que León tiene un parque vehicular aproximado de 514 mil 915 unidades registradas.
Por otra parte, la dependencia municipal logró decomisar más de 5 mil 868 dosis de droga, principalmente marihuana, cocaína, cristal y psicotrópicos, cuando el año pasado apenas lograron sacar de las calles de la ciudad alrededor de mil 931 dosis. Además es el triple de las dosis decomisadas en los dos últimos años en un periodo similar de análisis.
La droga que más se decomisa por la Policía Municipal es el cristal, de acuerdo con las estadísticas ofrecidas a los integrantes del Ayuntamiento, a fin de que analicen qué medidas se pueden instrumentar para revertir esta tendencia en las calles de la ciudad. Entre el primer cuatrimestre del 2015 y 2017 se triplicó el número de aseguramiento de drogas y detenidos por posesión de dosis, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de León.
Por otra parte, las autoridades han logrado asegurar más armas de fuego en sus distintos operativos ya que el año anterior se decomisaron 92 armas mientras que este año llevan 144 en total. Principalmente se han sacado de las calles armas cortas, y en una menor proporción armas largas, alrededor de ocho, así como alrededor de mil cartuchos útiles.
Esta es la realidad que enfrentan las autoridades en materia de seguridad de León y de la cual, los integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito deben analizar con cuidado para replantear las estrategias que ayuden a combatir estos delitos.
CONTRASTES
Entre los panistas caló hondo que se ventilaran presuntas irregularidades que se cometieron en el pasado proceso electoral de 2012 y 2015, por quienes encabezaban el Comité Directivo Estatal del PAN. Las sanciones por más de 23 millones de pesos por las autoridades electorales así lo demuestran.
Es cierto, el proceso no está concluido y los implicados son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, por eso hay una comisión especializada en el CEN del PAN que con base al dictamen de revisión de las auditorías practicadas en lo interno y por las autoridades electorales externas, determinarán si son acreedores o no a alguna de las sanciones que contemplan sus estatutos quienes están implicados en el caso.
Lástima que por un afán estrictamente electoral, los panistas no apliquen los mismos criterios cuando se trata de revisar las cuentas de sus adversarios políticos, a quienes buscan destruir sin importar su reputación, menos si son inocentes o no.
El uso de los órganos de fiscalización del Congreso del Estado y hasta de las instancias responsables de procurar justicia en contra de los enemigos del partido es una práctica común pero cuando se trata de revisar lo propio ahí todo es complicidad y silencio.
Lo más lamentable es que esa falta de claridad se ha hecho más evidente a medida que se acerca el 2018 y que se acentuará a medida de que se abran los procesos internos para seleccionar a sus candidatos.
