El posicionamiento del Observatorio Ciudadano de León, del Consejo Coordinador Empresarial de León y la Coparmex Zona Metropolitana de León, a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia fue muy duro contra la decisión de quitar los recursos comprometidos por el estado y municipio para el Fideicomiso de Seguridad de esta ciudad para enfocarlos a la construcción de una Brigada Militar en Irapuato.
El documento fue elaborado de manera conjunta por los integrantes de la Mesa y avalado por los titulares de los organismos de la sociedad civil y empresariales arriba mencionados como Luis Alberto Ramos, Gustavo Guraieb Ranth, Jorge Ramírez Hernández y Rocío Naveja, luego de que habían rechazado durante la visita a las instalaciones militares de Apodaca, Nuevo León, el planteamiento que hicieron las autoridades para retirar los recursos comprometidos en los fideicomisos de seguridad en León, Irapuato y Celaya y destinarlos a la obra militar en la ciudad fresera.
El tema se había mantenido ajeno a los medios de comunicación porque el ofrecimiento había sido buscar alternativas para acercar los recursos al fideicomiso para la construcción de las instalaciones militares y mantener intacto el compromiso público de apoyar las corporaciones policíacas de las tres ciudades que ya tenían constituido el fideicomiso de seguridad.
Mazda y Ferromex ya habían ofrecido 50 millones de pesos cada uno para la construcción de las instalaciones militares y en la gira, se pidió a los directivos de Pirelli que gestionaran recursos de las empresas ubicadas en el Guanajuato Puerto Interior para contribuir con este proyecto. Por su parte, los empresarios de León buscarían un esquema para incorporar a las 10 compañías más importantes de la ciudad para sumarse con sus aportaciones al proyecto militar.
Pero las declaraciones de las autoridades municipales y estatales a media semana, que de manera unilateral decidieron que era mejor canalizar el dinero a la construcción de la Brigada Militar en Irapuato, detonó la inconformidad de los empresarios y organismos no gubernamentales de León.
El consenso de los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de León fue que las autoridades no valoraban la participación de los ciudadanos en la atención de un problema que era su responsabilidad atender, la inseguridad; que había una nueva ocurrencia para enfrentar la escalada en los índices delictivos y que no se había valorado el costo-beneficio del proyecto; que no había un proyecto de seguridad que resolviera de fondo el problema de la Policía de León y que era inaceptable condicionar la aportación de recursos.
El reclamo principal era que abandonar la participación de las autoridades en apoyar el desarrollo de los cuerpos policíacos de la ciudad agravaría las condiciones de seguridad en León cuando bien pueden subsistir ambas estrategias, la policíaca y militar, para contener el alza de la incidencia delictiva si se busca recursos públicos en otros proyectos que no generan ningún valor agregado a los ciudadanos.
Tan están a favor los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de León del proyecto militar para Guanajuato que hicieron una primera aportación inicial al fideicomiso que administrará los recursos para la construcción de la Brigada en Irapuato.
Todavía el jueves en la tarde, después de conocer las declaraciones oficiales sobre llevarse el dinero del fideicomiso de seguridad al fideicomiso de la construcción de las instalaciones militares, se buscó abrir el espacio al diálogo con las autoridades para salvar la situación pero no hubo disposición para llegar a un acuerdo. La respuesta fue contundente a los empresarios y organismos de la sociedad civil: entreguen una carta compromiso con el monto de su aportación al fideicomiso para la seguridad de León o no habrá recursos públicos.
Para los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, la decisión de las autoridades de quitar el dinero para León y la cerrazón al diálogo no dejó ninguna posibilidad más que alzar la voz. Rechazaron que sea un tema político, como lo quieren ver las autoridades, y tampoco están preocupados si como respuesta a su posición, los vuelven a amenazar con salirse de la Mesa porque puede subsistir con la participación social.
Finalmente, las autoridades ya anunciaron que el día 8 de mayo se van a disipar las dudas sobre la construcción de la nueva Brigada Militar, que tendrá 3 mil 200 efectivos de manera permanente en el estado, cuando se abra el proyecto a los ciudadanos. Ahí se volverá a insistir sobre las bondades del proyecto militar, ya que Guanajuato sería una de las tres entidades en el país con disponer con este tipo de instalaciones y efectivos castrenses.
Las invitaciones a la colocación de la primera piedra empezarán a girar a partir de esta semana e incluso van a llegar a quienes hoy de manera abierta no están de acuerdo con esa decisión porque no resuelve de fondo el problema de inseguridad en el municipio de León.
La decisión no tiene reversa y ya están depositados los primeros 71 millones de pesos del fideicomiso para la construcción de la nueva base de la policía militar en Guanajuato más las aportaciones de las empresas transnacionales y locales que se sumarán al proyecto.
PROCESO
El Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN van a enfrentar un dilema en los próximos días respecto a si abren o no un proceso de responsabilidades administrativas al ex Presidente estatal del partido y hoy funcionario estatal, Gerardo Trujillo Flores, por las irregularidades que sancionaron con una multa económica las autoridades electorales.
El problema es que Trujillo Flores hoy ocupa una posición importante dentro de la estructura que tiene su sede en el Palacio de Gobierno en Paseo de la Presa y cualquier imputación que se le haga tendrá una repercusión inmediata con su jefe y que fue quien lo invitó a colaborar después de que concluyó su cargo como dirigente estatal del PAN.
Más allá de las propias disputas políticas al interior del gobierno estatal, el tema no es menor porque el PAN estatal tendrá que desembolsar alrededor de 20 millones de pesos por las sanciones que le han sido impuestas al haber rebasado los montos de aportaciones de los militantes en el proceso electoral del 2014 y 2015.
Las auditorías que realizaron las autoridades electorales en el estado y federales y las sentencias que emitieron los tribunales respectivos no dejan espacio a ninguna duda, el PAN incumplió con las reglas en las elecciones, lo que derivó con los triunfos electorales por un lado y con una fuerte sanción económica por otro.
En el caso de la auditoria de las autoridades electorales en Guanajuato sobre el gasto de 2014, el PAN estatal se inconformó ante el Tribunal en la materia y logró que se reponga el proceso de revisión en los comités municipales donde se detectaron las irregularidades. Aquí se tiene todavía posibilidad de salvar una sanción económica porque uno de los argumentos centrales del recurso legal que se interpuso es que no se revisaron físicamente las instalaciones de donde se derivaron las observaciones.
En su momento Gerardo Trujillo Flores, explicó que no había ninguna irregularidad en el manejo de los recursos del PAN y que las inconsistencias que encontraron las autoridades electorales eran derivadas de un nuevo marco legal que dificultaba el cumplimiento estricto de la ley además de que las nuevas autoridades en el partido se habían tardado en responder las observaciones de las auditorías.
Por otra parte, la auditoría que se realizó en 2015 y cuyas irregularidades confirmó un Tribunal federal de una sala regional en Monterrey derivó en una sanción de 18 millones de pesos al partido. Se confirmó que el PAN estatal recibió aportaciones de los militantes por encima de lo autorizado por la ley y por una serie de pagos a proveedores que no estaban bien sustentados.
La defensa jurídica del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional argumentó ante el Tribunal que los excedentes en las aportaciones derivaban de que algunos de los militantes panistas tienen buenos sueldos como es el caso de funcionarios estatales y municipales y de representantes de elección popular, como alcaldes y legisladores locales y federales, y que tenían un monto predeterminado de aportación que superaba lo que marca la ley.
Los argumentos no convencieron a los magistrados de la sala regional que confirmaron en marzo la sanción por 18 millones de pesos al partido, que se abultó por una nueva fórmula por la que se multiplica el monto del exceso de las irregularidades observadas por las autoridades electorales en casi un 200 por ciento.
A este monto se agrega otra sanción de las autoridades electorales en Guanajuato porque no se había atendido la entrega de información que se había solicitado en 2015, por cinco millones de pesos, y que se pagó en una primera ministración en 2016 y otra está contemplada para 2017.
Estas sanciones económicas al partido dejaron sin margen de maniobra al nuevo Comité Directivo Estatal, quien en su sesión de Consejo planteó el tema a los militantes a fin de prepararse para cubrir el pago exigido por la autoridad electoral.
El asunto es que una vez que se confirmaron las sanciones y se tenga la notificación en firme del Tribunal electoral, federal y estatal, se procederá a mandar el expediente a la Comisión de Vigilancia del Comité Ejecutivo Nacional y se determine la responsabilidad, si es que tiene, Gerardo Trujillo Flores, y se abre un proceso en su contra.
Difícil asunto para el PAN porque Trujillo Flores fue el operador del triunfo panista en Guanajuato durante su gestión como presidente estatal del partido, a lo que se suma que ahora ocupa una posición privilegiada en el círculo cercano del Palacio de Gobierno. Lo complicado es que el tema brinca ahora que las intrigas políticas dentro del partido están a todo lo que da por la definición de la candidatura a la gubernatura en 2018 y donde Trujillo Flores trae todos los hilos en sus manos y en donde en las últimas semanas ya dio algunas probaditas a sus detractores.
TERRIBLEMENTE
“Pensé que iba a ser más fácil”, fue la frase que reflejó el sentir del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al ser entrevistado respecto a los primeros 100 días de su gobierno, que se ha caracterizado por una serie de dificultades que le han hecho imposible cumplir con sus promesas de campaña en medio de una serie de dudas respecto a su capacidad para gobernar una nación tan poderosa en lo económico y militar.
A los primeros días de mandato, el presidente de la era del tuit, que movía mercados y transtornaba a sus socios comerciales como México cada vez que lanzaba uno en las redes sociales, quizás ya entendió que Estados Unidos no es una monarquía ni una dictadura para que se cumpla con su voluntad sino que vive en una democracia, concentrada sí en el bipartidismo, donde tiene que construir consensos.
El efecto de sus palabras ha bajado los niveles de impacto, como si ya le tuvieran medida la descripción que hizo de él, Carlos Slim, es un “Negociator”, primero amenaza y luego cede; primero ofrece un cambio radical y luego abre espacio para la gradualidad además de que primero confronta y luego abre espacio para cambiar su postura.
En México, seguramente también hay funcionarios públicos, principalmente aquellos que son ajenos a la política, que se deben hacer todos los días la misma reflexión de Trump. Ejemplos hay muchos en donde personas ajenas a los partidos y que actualmente ocupan un cargo público, viven las penurias de no poder aterrizar aquello que ofrecieron en sus campañas políticas ni hacer aquello que deben cambiar porque están acotados a otros intereses ajenos a su ejercicio gubernamental.
Incluso, hay muchísimos políticos locales que viven en su “burbuja”, como la describe el Presidente de los Estados Unidos; unos acotados a los intereses de sus partidos o los económicos, otros cobrando cada quincena sueldos millonarios, otros haciendo negocios con sus amigos, otros ajenos a la realidad de miles de ciudadanos con carencias y muchos más con el único interés de seguir otro periodo más viviendo del erario público.
Gobernar es complicado, requiere mucha voluntad, talento y habilidades, a pesar de que hay una corriente de imponer a personas que carecen de estas características en los cargos públicos. Ejemplos hay muchos a nivel local, estatal y nacional aunque también como Trump, a pesar de estar pasando crisis permanentes en su ejercicio público, se reinventan con la demagogia y el autoelogio de que van “terriblemente bien” cuando todos vemos que van en sentido contrario.
