Los socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Guanajuato van a proponer a los legisladores de las distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado, que se aumenten las penas a las personas que se dedican al robo de unidades en las carreteras estatales y federales dentro de Guanajuato, luego de que el gobierno federal rechazó la petición del organismo empresarial para incluir este delito en el Código Penal Federal.
Ayer, en un encuentro que sostuvo el presidente de la CANACAR en Guanajuato y vicepresidente regional Centro Bajío del organismo nacional, Enrique Muñoz, junto con parte del Consejo Directivo y socios de la agrupación de autotransporte y el legislador federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, y el diputado local panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, volvió a surgir la inconformidad del sector con el gobierno federal porque ha hecho oídos sordos en atender el grave problema del robo de unidades en las carreteras.
Si algún sujeto es detenido por robar una unidad de autotransporte y su mercancía, al no ser considerado un delito grave, sale inmediatamente de la cárcel sin siquiera quedar fichado para dar seguimiento a sus actividades delictivas (hay personas que han sido detenidos más de cinco veces y más tardan en ponerlos a disposición de las autoridades judiciales que en salir libres), lo que propicia una gran impunidad.
El representante del organismo empresarial explicó al concluir el encuentro con los legisladores panistas que como el robo de unidades no es considerado grave, la petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue que cabildearan con el PRI y otros partidos que tienen alianza en el Congreso de la Unión, una modificación al Código Penal federal para que sea considerado un delito grave y endurecer las penas a los delincuentes.
Pero hace unos días, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la Procuraduría General de la República su opinión sobre este asunto, se les contestó a los integrantes de la CANACAR que no puede ser considerado un delito grave, lo tendrán que seguir atendiendo las entidades federativas, porque no en todos los casos participa la delincuencia organizada.
Esta respuesta oficial de las autoridades federales no sólo causó sorpresa a los empresarios del autotransporte sino que hasta enojo porque los robos que se registran en Guanajuato y otras entidades del país, donde está presente la presencia de bandas de la delincuencia organizada dedicada a la extracción ilegal de hidrocarburos, primero se roban la unidad y venden la mercancía, la adaptan y luego la utilizan para robos a gran escala y transporte de mercancías ilegales en otros estados.
En el caso de Guanajuato, durante el segundo semestre del 2016 se registraron 34 robos de unidades de autotransporte de carga, un 15 por ciento más que el primer semestre de ese año, y aunque hay disposición de la Policía Federal para enfrentar a los delincuentes, de nada valen los operativos si las autoridades judiciales tardan menos en dejar libres a responsables.
Ante este escenario, Enrique Muñoz adelantó que harán una petición formal a los legisladores locales para que se modifique el Código Penal del estado para aumentar las penas a los delincuentes que roben unidades y mercancías, y en especial, para que se cierre la impunidad a quienes si están organizados para cometer estos delitos.
El problema entre los legisladores locales es que están más enfocados a las campañas políticas del 2018 y a utilizar los instrumentos de fiscalización del Congreso del Estado para destruir a sus adversarios políticos y raramente asumen una propuesta de la sociedad, a menos de que esté incluida dentro de su plataforma partidista, es decir, que les reditúe electoralmente votos en los procesos que vienen.
DESCONTADO
El alcalde Héctor López Santillana dio por descontado que esta administración reviva el programa de Taxi Seguro ya que ni siquiera encontró los 4 mil 500 dispositivos (solo se entregaron 3 mil 800) que se adquirieron en la pasada administración municipal, solamente lograron ubicar 60.
El sábado pasado, el gobierno municipal informó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había invalidado el contrato del programa de Taxi Seguro, una vez que la pasada administración pagó 14.4 millones de pesos de los 23.2 millones de pesos que costó y que únicamente encontró 60 equipos activos.
Pero todavía falta conocer cuál será la respuesta de la empresa Radio-móvil DIPSA, que es la que firmó el contrato con la pasada administración municipal para operar una aplicación tecnológica que cubriera la necesidad de seguridad de los usuarios de taxis en la ciudad.
El pasado sábado, la exalcaldesa y actual diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, responsabilizó a la actual administración de dejar en el olvido el programa y rescindir el contrato a la empresa proveedora. También se deslindó del uso que dieron los taxistas a los equipos que les entregaron una vez que no hubo el seguimiento adecuado de este gobierno municipal.
Este lunes, el contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, dio a conocer que este programa de Taxi Seguro no tuvo los controles adecuados, ni siquiera sobre el número de aparatos entregados a los taxistas, lo que constituye una irregularidad que deberá ser sancionada.
Adelantó que van a cruzar la información que se tiene del programa Taxi Seguro con las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para definir el tipo de responsabilidades en las que habrían incurrido quienes estuvieron a cargo de la contratación del servicio y su seguimiento. Pueden ser civiles o penales, adelantó Esteban Ramírez Sánchez.
Sobre la propuesta que hizo el domingo en conferencia de prensa, el presidente del Comité Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, de pedir la devolución de los dispositivos a los taxistas, tanto el alcalde como el Contralo municipal descartaron esa posibilidad.
Sería muy complicado para las actuales autoridades municipales que los taxistas regresen los aparatos telefónicos ya que ni siquiera tienen una base de datos o padrón de los beneficiarios ni la supervisión al desarrollo del programa.
Así que la persecución contra los exfuncionarios “barbaristas” va a continuar en las siguientes semanas, al cabo el órgano de fiscalización del Congreso del Estado ya dotó de elementos a la Contraloría municipal para interponer cuanta denuncia se les ocurra de aquí a que buscan la reelección para otro periodo más al frente del gobierno.
LODO
Dos nuevos escándalos sucedieron en las últimas horas que muestran el nivel de acusaciones que vendrán en la lucha por la Presidencia de la República, luego de dos semanas del show mediático que ofreció el gobierno federal por la captura de los exgobernadores priistas, Tomas Yarrington (Tamaulipas) en Italia y de Javier Duarte (Veracruz) en Guatemala.
El fin de semana, vía redes sociales, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se dieron con todo tipo de insultos y acusaciones en una entidad donde el PRI podría perder la gubernatura a manos de un personaje cercano al panista, Guillermo Anaya.
El candidato a la gubernatura de ese estado es apoyado por Calderón Hinojosa y ha ofrecido en su campaña política una investigación seria sobre la deuda que heredó Humberto Moreira a su hermano, Rubén Moreira, quien tiene sus últimas horas como gobernador.
El exgobernador de Coahuila, Humberto, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y de estar relacionado con la delincuencia organizado, en especial, con un grupo delictivo que estuvo de moda en esa entidad en el sexenio pasado.
A pesar de que estuvo detenido en España, ni aquí o allá, se le ha logrado imputar una acusación seria, salvo las detenciones en Estados Unidos de sus principales colaboradores y el congelamiento de sus abultadas cuentas bancarias.
En esta trama, el candidato virtual de Morena para el 2018, Andrés Manuel López Obrador, visitó Veracruz, donde afirmó en un mitin político que el expresidente Calderón Hinojosa exculpó al exgobernador de Coahuila de los delitos de enriquecimiento ilícito que cometió en agravio de la población. El panista le contestó que no, que sostuvo sus acusaciones contra Humberto Moreira, lo que derivó en una dura respuesta del maestro priista.
A través de un video que subió a su red social, Humberto Moreira, le dijo a Calderón Hinojosa que era un boquiflojo, usurpador y que robó al PRI la Presidencia de la República. Lo acusó de una persecución sin fundamentos, en donde no le pudo probar nada de lo que se le persiguió. Luego vinieron los insultos, relacionó al ex Presidente con la delincuencia organizada, lo acusó de malandro, borracho y asesino para rematar con un cuando tomes no tuitees.
Al mismo tiempo, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas (Veracruz), Eva Cadena Sandoval, apareció en un video que difundió El Universal, en donde recibe presuntamente medio millón de pesos para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, quien unos días antes, en una visita a ese estado y de lado de la candidata, negaba con su dedito (no) cuando se le preguntó si era corrupta.
El deslinde fue inmediato, se dijo que Cadena Sandoval cayó en una trampa; que no es una militante cercana a López Obrador; que era un montaje el video donde se ve embolsando el dinero para el líder de Morena; y hasta que fue una donación de unos empresarios que fue devuelta porque la candidata no sabía que estaba prohibido recibir apoyos en efectivo.
Igual que el señor de las ligas, ahora la señora de la bolsa, fue sorprendida con dinero en efectivo (fajos de billetes) para el líder de Morena.
El PAN asegura que López Obrador recibía 2.5 millones de pesos mensuales del exgobernador Javier Duarte y el PRI se deslinda de toda relación del gobierno federal y el partido con quien hoy espera su extradición en Guatemala.
En el PRI seguramente están muy divertidos porque cuando se fueron de vacaciones, muchas personas no se enteraron de la captura de dos de sus exgobernadores que muestran la cloaca que había en Tamaulipas y Veracruz; al cabo ahora la atención, cuando todo mundo regreso de vacaciones está en el pleito entre la familia Moreira y Felipe Calderón (cuya esposa, Margarita Zavala, aspira a ser candidata del PAN a la Presidencia de la República) y el escándalo en Morena, donde no atinan una explicación coherente a lo que se ve en el video: los billetes puestos en una bolsa para apoyar a López Obrador.
