Policías preventivos de Salamanca rescataron, el pasado 22 de diciembre, a una comerciante y sus familiares y detuvieron a dos presuntos extorsionadores que ya habrían hecho un cobro y pretendían obtener más dinero bajo amenazas de muerte con el argumento de que los afectados debían pagar para seguir operando su comercio y no sufrir represalias.
El hecho se conoció este martes tras de que la Fiscalía General del Estado diera conocer que recibió a los detenidos de manos de la policía municipal, los investigó y les imputó el delito de extorsión agravada, con resultado de su vinculación a proceso penal y prisión preventiva como media cautelar.
Son dos hombres llamados Cristopher N y Johanatan N, quienes ya están en prisión preventiva y bajo investigación judicializada.
Los hechos delictuosos iniciaron el 20 de diciembre, cuando una comerciante de la colonia Infonavit Uno fue sorprendida en su negocio por un sujeto joven que le tendió un teléfono y le ordenó que contestara la llamada.
En principio ella se negó, pero el otro le apunto con una arma de fuego, o lo que parecía un arma de fuego, a la cabeza; le señaló que debía pagarles para que le permitieran mantener abierta su tienda.
Cuando contestó la llamada, otro sujeto le exigió una cantidad cuantiosa con el mismo argumento y aceptó que le hiciera un pago parcial, con una semana de plazo para que completara lo exigido y debería además hacer pagos cada semana.
El 22 de diciembre, el mismo sujeto y un cómplice volvieron para exigir dinero, exhibieron armas blancas, cerrando la tienda, pero una denuncia anónima puso tres patrulleros en conocimiento de gente armada en un domicilio de la colonia mencionada.
Fueron dos ocasiones en que los policías preventivos verificaron el domicilio reportado y finalmente entraron con sus armas desenfundadas.
Detuvieron a Cristopher N y Johanatan N, quienes estaban armados con cuchillos y el segundo llevaba una réplica de una pistola Glock fajada en la cintura.
Una vez capturados y rescatada la familia, fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, quien, tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, consiguió de un juez de control que los vinculara a proceso penal por extorsión agravada y les impusiera prisión preventiva.
