El Sistema de Justicia de Guanajuato enfrenta de nuevo problemas para desahogar su carga de trabajo, consideran abogados leoneses, quienes señalan que, de nueva cuenta, la programación y reprogramación de audiencias retrasa la administración de justicia, sobre todo en caso de delitos que se persiguen por querella de parte, aunque también sucede en procesos abiertos por delitos graves.
Litigantes de este municipio, que prefirieron no ser identificados públicamente, señalan que el sistema de justicia estatal parece enfrentar tal carga de trabajo que actualmente está programando audiencias iniciales en el procedimiento penal hasta con seis meses de retraso en delitos que se persiguen por querella de parte.
Casos que son judicializados por el Ministerio Público por delitos como el incumplimiento de obligaciones familiares, fraude genérico, fraude procesal, abuso de confianza, daños y otros que no se persiguen de oficio, tardan meses para que se realice la audiencia inicial.
Actualmente, señalan, la agenda judicial programa esas audiencias hasta seis meses después de que el Ministerio Público judicializa las carpetas de investigación. Hay quien asegura que hay programación de audiencias iniciales para los meses de junio y julio del 2022.
Es mucho tiempo el que tardan las autoridades judiciales para llevar a cabo la audiencia inicial en la que se citará a las partes para la formulación de imputación y la resolución de vinculación o no vinculación a proceso penal de los probables responsables, señalan. Agregan que el problema se agrava cuando audiencias programadas para meses después de judicializadas las carpetas de investigación, llegan a ser reprogramadas.
Hacen notar que la justicia pronta y expedita en estos casos no opera y todo parece deberse a que el sistema judicial enfrenta sobrecarga de trabajo que actualmente le dificulta desahogarla, con afectación directa para los ciudadanos que se ven involucrados en esos procesos.
Algunos consideran que, incluso, esa situación propicia la huida de posibles responsables y la impunidad. Aun así, añaden que la reprogramación de audiencias se da incluso en proceso penales abiertos por delitos graves, por los que hay personas privadas de la libertad.
