La Universidad de Guanajuato ha recurrido a todas las instancias legales para conservar los derechos de sucesión de propiedades intestadas.
Sin embargo, y tras los trámites en un juicio ordinario civil, la autoridad judicial resolvió la prescripción positiva sobre los bienes que en vida fueran propiedad de la señora Carmen Beckmann Macías, en San Miguel de Allende.
El maestro Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, abogado general y apoderado legal de la Universidad de Guanajuato, informó que en diferentes medios de comunicación se se hace alusión a un bien inmueble ubicado sobre la calle Hernández Macías 105, Zona Centro, en aquel municipio.
A través de un comunicado, Murillo de la Rosa recordó que la señora Beckmann Macías falleció el 14 de octubre de 2014 sin haber expedido un testamento.
“En el año 2014, mediante la celebración de un contrato, se acordó que los bienes de la sucesión de la señora Carmen Beckmann, se pondrían en posesión de la Universidad de Guanajuato, con excepción del inmueble referido el cual, se argumentó, fue objeto de una donación en el año de 1994”, explicó el comunicado.
TRÁMITES DE JUICIO
Murillo de la Rosa informó que en febrero de 2015, se iniciaron los trámites del juicio sucesorio respectivo de conformidad con lo estipulado en las leyes de la materia”.
“El 9 de septiembre de 2015, se recibió el emplazamiento de un juicio ordinario civil en materia de prescripción positiva sobre dicho inmueble”, explicó en el comunicado.
“El 27 de septiembre de 2015, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino asumió la Rectoría General de la Universidad”, apuntó, “en este periodo rectoral, se instruyó a esta Oficina agotar todos los recursos legales a fin de que dicho inmueble se incluyera en la masa hereditaria. Así lo hicimos, pero finalmente la autoridad judicial resolvió que la prescripción positiva se había consumado”.
De acuerdo con el apoderado legal de la UG, dentro de los plazos señalados por las leyes correspondientes, se interpuso el recurso de apelación y se confirmó la resolución judicial referida, por lo que se recurrió a un amparo, el cual fue negado.
INVESTIGACIÓN
Murillo de la Rosa explicó que el 19 de octubre de 2016, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Universidad –Contraloría General– para iniciar investigación por la probable comisión de actos de corrupción a fin de deslindarse las responsabilidades administrativas correspondientes, siendo resuelto el asunto en última instancia por el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Es necesario precisar que el tratamiento del caso se ha realizado agotando al máximo los recursos legales a partir del estado en el que nos correspondió darle seguimiento”, dijo en el comunicado.
“Desde que en esta Oficina hemos dado seguimiento al caso –como a todos los que aquí se abordan– hemos seguido rigurosamente la instrucción del Rector General: Actuar con puntual apego al orden jurídico, al respeto irrestricto al Estado de Derecho, al margen de especulaciones, distorsiones o pretensiones de diversa índole ajenas a los fines universitarios”, finalizó.
