Empresarios rechazan la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Gobierno federal que obliga a los usuarios que usan celulares a integrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que registrará los datos personales de los mexicanos.
Lo anterior declaró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Ismael Plascencia Núñez, quien lamentó que se busca controlar a la ciudadanía con esta medida.
“Lo vemos preocupante porque se ejerce más control para la ciudadanía, y no estamos hablando para los empresarios, sino para todos los ciudadanos en general, el Gobierno quiere tener muchísimo más control, eso no debería de ser, no deberíamos estar aceptando esto”, dijo el empresario leonés.
Reconoció el valor de los ciudadanos que en todo el país se están amparando para proteger sus datos personales, pues muchos mexicanos no deben aceptar este proceso en el cual las telefónicas nos tendrán prácticamente registrados.
En el estado de Guanajuato, el irapuatense Joan Antonio Ochoa Sada se convirtió en el primer ciudadano del estado en interponer un amparo en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual creará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El activista dijo que es violatoria a los derechos humanos y la reforma es anticonstitucional. Añadió que la creación del padrón de datos biométricos deja desprotegidos a millones de mexicanos, ya que no hay garantía de que los datos no serán usados de mala manera o por grupos de interés.
Ochoa Sada como profesional ha participado con diversos colectivos pro derechos humanos para interponer diferentes amparos y dijo que el registro de datos biométricos no es similar al que se realiza en el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria o los propios bancos.
Ismael Plascencia también enfatizó que los organismos que tienen resguardada la información de los mexicanos es más segura que en manos de las telefónicas.
En Guanajuato las autoridades tienen registrados otros 26 amparos en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
