PASARELA
El gobernador del estado, Miguel Márquez, tendrá una serie de invitados de lujo a su V Informe de Gobierno, mañana jueves 2 de marzo a las 11:00 en el Parque Guanajuato Bicentenario, entre ellos el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, representante personal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En estos momentos hay una relación cordial entre los gobiernos federal y estatal, y Guajardo Villareal ha estado muy cercano a Miguel Márquez porque hay algunos proyectos que requieren del trabajo coordinado entre ambas instancias en materia de inversión e infraestructura. El mensaje del representante federal no tendría entonces ninguna sorpresa que el reconocimiento al esfuerzo conjunto por articular los recursos públicos a favor del desarrollo estatal.
Vendrán gobernadores del PAN y de otras fuerzas políticas, líderes locales y nacionales de partidos, representantes de empresas e inversionistas junto con diplomáticos de varios países del mundo, alcaldes de los 46 municipios del estado, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de Guanajuato, legisladores federales, representantes de organizaciones sociales y empresariales del estado junto con su gabinete estatal y los representantes de las delegaciones federales entre otros sectores.
La atención estará centrada, sin duda, en aquellos personajes que son mencionados con posibilidades de llegar a las candidaturas de sus partidos por la Presidencia de la República en el 2018, en especial de su partido político, el PAN.
Para no entrar en conflictos en el PAN, Miguel Márquez habría optado por invitar a Ricardo Anaya, presidente del Comité Ejecutivo Nacional; la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala y al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Hace un año el gobernador del estado era mencionado como un posible aspirante a la candidatura del PAN por la Presidencia de la República y ahora parece que esa idea se ha disipado. En el IV Informe de Gobierno, Diego Fernández de Cevallos, destacó la trayectoria y el trabajo de Miguel Márquez al frente del gobierno de Guanajuato, a lo que se sumaron el propio Ricardo Anaya entre otros liderazgos panistas pero en el camino se dejó de lado la idea de luchar por la candidatura.
Pero también vendrían otros liderazgos de partidos distintos al blanquiazul que tienen una buena relación con el gobernador de Guanajuato y que ya han venido a sus informes previos, como Miguel Ángel Mancera, con quien presentó hace unos días en la Ciudad de México el Rally 2017.
Otro foco de atención en el V Informe de Gobierno será tanto el senador Fernando Torres Graciano y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quienes son los unidos aspirantes visibles por el momento en la lucha por la candidatura a la gubernatura del PAN.
A ellos, se sumarán a la pasarela otros liderazgos en el PRI, los senadores Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, quienes buscan la candidatura de su partido; en el PVEM, donde la legisladora Beatriz Manrique, es la única que está enfilada a la lucha del 2018 mientras que en el PRD, Morena y otros partidos todavía no se alcanza a visualizar quién podría representarlos en la contienda electoral que se avecina.
También hay que comentar que el alcalde de León, Héctor López Santillana, suspendió este miércoles la presentación del Plan de Inversión 2017 en materia de obra pública (municipal y estatal) por respeto y atención a lo que presentará el gobernador del estado este jueves ante los ciudadanos.
El evento se reprogramará en los siguientes días aunque ya se había adelantado que serán alrededor de 4 mil 500 millones de pesos los que se invertirán entre el municipio y el estado en León para acelerar los proyectos de infraestructura que requieren los leoneses. Así que habrá que estar atentos a lo que adelanta el gobernador en su V Informe.
SEMÁFORO
La Coparmex Zona Metropolitana de León dio a conocer ayer el Semáforo Anticorrupción que elaboró el organismo nacional junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, en donde ubican que la reforma constitucional alcanzada en Guanajuato es apenas “regular” y tendrá limitantes su instrumentación.
De acuerdo con los resultados generales de la medición que hacen los tres organismos de la sociedad civil, solamente Nayarit y Chiapas están listos para empezar con el desarrollo de su Sistema Local Anticorrupción, aun cuando el plazo que tienen las 32 entidades del país para su implementación es el próximo 18 de julio; hay todavía 24 entidades que no disponen de una Ley local anticorrupción.
Solamente hay 10 entidades que tienen una reforma constitucional satisfactoria, en Guanajuato únicamente es regular, mientras que nueve entidades aún no cuentan con una reforma que permita avanzar en el combate contra la corrupción.
La Coparmex Zona Metropolitana de León recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó con la reforma constitucional en 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción, los cuales deben contener una estructura y facultades similares al nacional.
Uno de los aspectos que puntualizan Coparmex, IMCO y Transparencia Mexicana es que se debe aplicar un modelo que permita a los Sistemas Locales Anticorrupción disponer de un marco normativo estatal que sea equivalente al nacional para evitar que se distorsione el espíritu original de la ley.
La evaluación que se hace está enfocada al trabajo de las legislaturas estatales y en donde se revisa la reforma constitucional y su implementación dentro de los plazos que establece el sistema nacional.
Entre las observaciones generales respecto a una reforma constitucional satisfactoria, se concluye que solamente Baja California y Querétaro contemplan que su entidad superior de fiscalización sea quien sanciones las faltas administrativas no graves; varios estados no reformaron adecuadamente los órganos de fiscalización ni procuraron otorgar autonomía a sus fiscalías anticorrupción. En resumen que los congresos locales aplicaron una reforma incompleta que no permite la implementación integral del Sistema Local Anticorrupción.
Los problemas más comunes se ubican en los comités coordinadores, donde se debe incluir el comité de participación ciudadana que debe ser convocado por la sociedad y no el gobierno; no se incluyó el nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni se reformaron los tribunales administrativos, facultados para sancionar a los funcionarios públicos. El caso más emblemático es Morelos, donde es el Congreso del Estado quien elige el Comité de Participación Ciudadana, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción.
En cuanto a la implementación de la Ley, en el caso de Guanajuato se indica que prevé la conformación de sistemas municipales, los cuales resultan innecesarios y complican el accionar del Sistema Local Anticorrupción. Solo dos entidades están listas para su implementación.
Finalmente, la Coparmex explica que se propuso a los congresos locales un modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de constitucionalidad que retrasen la aplicación de las leyes anticorrupción. El próximo 18 de julio vence el plazo.
Este será uno de los puntos centrales del debate que se abrirá en el Foro Anticorrupción de la Coparmex Zona Metropolitana de León este viernes 3 de marzo, y donde acudirán los representantes del Congreso del Estado.
APROBACIÓN
Las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer la iniciativa preferente relativa a la Ley General de Educación que beneficiará a los connacionales que regresen de Estados Unidos, refugiados, asilados y migrantes internos que deseen obtener su equivalencia de estudios y a los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de sus estudios realizados en el extranjero.
Este era uno de los principales problemas que detectaron las autoridades mexicanas y los legisladores en sus más recientes reuniones con la comunidad mexicana en los Estados Unidos a propósito de la amenaza de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump en materia migratoria.
El senador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, fue uno de los principales impulsores de estas reformas a la ley en su carácter de presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, posición que ocupa al tener una amplia experiencia en temas educativos y migración en su paso por la Universidad de Guanajuato y como gobernador del estado.
Hay que recordar que entre el 11 y 15 de febrero se convocó una serie de foros donde participaron el gobierno federal, autoridades educativas estatales, académicos, organizaciones sociales, universidades públicas y privadas para enriquecer la iniciativa, a lo que se sumaron las propuestas de los consulados y embajadas de México en Estados Unidos, de la Cámara de Diputados y trabajadores de la educación.
Luego de la aprobación en Comisiones de la iniciativa preferente, el senador guanajuatense apuntó que el objetivo de esta medida es fortalecer los procesos de revalidación y equiparación y que está dirigida a los repatriados, migrantes y en general a toda la población, nacionales o no, que hayan realizado sus estudios en el exterior.
Esta acción va a permitir establecer con toda claridad los derechos de los connacionales en su retorno y a aquellos que tienen una condición de tránsito interna, agregó la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, quien también participó en la reunión del Senado.
Ahora corresponderá a la Secretaría de Educación Pública incluir y detallar el Acuerdo 286 sobre las normas y requerimientos necesarios para hacer valer los cambios a la Ley General de Educación, los cuales garantizan el derecho de acceso a la educación de los habitantes del país, explicó.
La dependencia federal deberá garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la educación en el nivel básico y vigilar que las autoridades escolares locales cumplan con la nueva normatividad. Los directores de escuelas en estados y municipios ya no podrán argumentar que negaron la inscripción a un niño extranjero o proveniente de otra entidad porque desconocían los nuevos lineamientos según la información que difundieron las comisiones.
En el caso de las escuelas privadas, a fin de eliminar trámites y problemas por la retención de certificados, la Secretaría de Educación Pública podrá autorizar o delegar que otras instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen las revalidaciones o equivalencias parciales.
Además se deberá facilitar la movilidad de personas que dispongan de estudios de nivel superior y crear el marco nacional de calificaciones que permitirá la validez e integración en los niveles de estudios correspondientes.
También las escuelas y universidades deberán simplificar los procedimientos y promover la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional. Quienes no cumplan serán sancionados con multas hasta el retiro del registro de validez emitido por las autoridades educativas.
