La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) desaprobaron la iniciativa del Ejecutivo Federal debido a que pretende coartar la libertad de la subcontratación.
Agregaron que también atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.
Enfatizaron que su aprobación en estos términos dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.
“Ante ello, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada” señaló el comunicado.
“También rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”.
Agregaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado, recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría, queremos dejar en claro que estamos a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleos y promueven a inversionistas con dimensión social”.
“Reiteramos nuestra disposición de mantener el diálogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta materia, regulación sí, prohibición no”.
Concluyeron que el diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.
