La Fiscalía General del estado informó ayer que ya son 61 cadáveres los que se han exhumado de las fosas clandestinas localizadas en el predio Rancho Nuevo del
Barrio de San Juan, del Municipio de Salvatierra.
El hallazgo se logró gracias al esfuerzo de los familiares de personas desaparecidas que trabajan organizados en diversos colectivos. La FGE reconoció además que se trata de una fosa clandestina.
«Con base en información novedosa que le fuera proporcionada al grupo abocado a las tareas de búsqueda, siendo ésta de gran relevancia por la exactitud de los datos de ubicación, se realizaron los correspondientes trabajos y activación y aplicación de los protocolos en la materia, dando como resultado al momento la localización y exhumación de 61 osamentas».
«El sitio de inhumación en cuestión, que por sus características particulares y condiciones se clasifica conforme a los estándares normativos y criterios técnico-ministeriales como un contexto de hallazgo subterráneo artificial, creado deliberadamente para ocultar los restos humanos (fosa clandestina), se suma a diversos hallazgos previamente informados y a las investigaciones que en la materia se realizan» citó el comunicado FGE/581/2020.
Del mismo modo, la FGE informó que se «ha destinado un importante equipo multidisciplinario adscrito a nuestra Agencia de Investigación Criminal, integrado por expertos en antropología, odontología, dactiloscopia, medicina, genética y criminalística, entre otras disciplinas, con la finalidad de lograr a la brevedad, y como punto primordial, la identificación de las personas, a la par de continuar con los trabajos de campo e investigación considerando los datos e información reciente proporcionados por involucrados y los indicios arrojados de las actuales pesquisas».
En esa tarea trabaja la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, UIPF, instancia con personal y equipo especializado de la FGE. La autoridad estatal ofreció: «daremos consecución al referido proceso de identificación forense y de entrega respectiva de los restos humanos en términos de ley».
Y agregó «la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de la atribución de investigación de delitos que por antonomasia le es propia y la ejecución de diligencias ministeriales en el caso concreto, actúa y continuará fundamentando su quehacer atendiendo a la legislación general y local, los Protocolos Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, y para el Tratamiento e Identificación Forense, comprometidos con la sociedad y las familias de las personas desaparecidas, siempre con estricto respeto al Principio de Legalidad y a los Derechos Humanos».
