ADIÓS
El 13 de noviembre de 2016, el Grupo de Coordinación Guanajuato anunció la construcción de un cuartel para la Policía Militar en la comunidad de Albarradones, en el municipio de León, en una superficie de 60 hectáreas y con una inversión inicial de 275 millones de pesos. Ese había sido un acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el gobernador del estado, Miguel Márquez, en una reunión previa al anuncio oficial que hizo en aquella conferencia de prensa en el C5i.
En primera instancia, este cuartel iba a estar ubicado en un predio en las Joyas, que ofreció un empresario inmobiliario de León a las autoridades estatales y municipales, pero la operación se cayó porque no fue aprobado por los militares; la siguiente opción que se buscó fue por los Castillos y una tercera sobre el trazo del Eje Metropolitano de León pero ninguna se concretó.
Entonces se dijo que estaría en un predio de Albarradones, que estaba en disputa entre el municipio y los ejidatarios desde hacía varios años (ahí se iba a ubicar el Parque Metropolitano Oriente), que ya se había logrado un acuerdo con los vecinos para albergar las nuevas instalaciones militares para dar cabida a 800 elementos de la Policía Militar.
Pero algo paso y este año, los militares ventilaron públicamente que se inició la búsqueda de otro espacio para el cuartel militar porque el sitio propuesto por el municipio y el estado tenía bastantes problemas. Hasta este domingo, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, reveló en una ceremonia militar en Irapuato que efectivamente se había caído la construcción del cuartel en León y que ahora sería en Sarabia.
Ayer, en la tarde, la Secretaría del Ayuntamiento envío un comunicado de prensa donde confirmaba la versión del gobierno del estado sobre el cambio de sede para la construcción de la base militar en León y señalaba que fueron los ejidatarios quienes no habían llegado a un acuerdo, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional determinó no seguir ahí el proyecto.
De manera paralela, se dio a conocer respecto a una disputa legal entre el municipio y los ejidatarios por un terreno dentro de Albarradones, donde se iba a construir el cuartel militar y el Parque Metropolitano oriente y que había sido reclamado por los ejidatarios, que el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a las autoridades municipales y que esperan la notificación para revisar los alcances de la medida judicial.
Apenas el viernes 17 de febrero se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (cuarta parte) el decreto gubernativo número 181, mediante el cual se autoriza la constitución del fideicomiso de administración e inversión para la construcción y equipamiento de un cuartel militar en Guanajuato. El documento legal no precisaba la ubicación del cuartel hasta que lo hizo público el secretario de Gobierno del Estado.
El decreto establece que el fideicomiso denominado “Fideseguridad” podrá tener concurrencia de recursos públicos y privados destinados a la generación de infraestructura del nuevo cuartel militar, su construcción y equipamiento. Respecto a las aportaciones distintas a los recursos públicos, detalla que podrá recibir todo tipo de recursos, aportaciones, subsidios o donativos de personas físicas o morales.
El Fideseguridad tiene como objeto constituir y administrar un patrimonio autónomo, destinado a cubrir los gastos y erogaciones relativas a la generación de infraestructura de carácter estratégico para la preservación de la seguridad, nacional y pública local, consistente en la construcción y equipamiento de un cuartel militar en Guanajuato.
El comité técnico del fideicomiso se va a integrar por el secretario de Gobierno, un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional; el secretario de Finanzas, Inversión y Administración; el secretario de Seguridad Pública del Estado; el secretario de Obras Públicas y un representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Este tendrá que estar constituido en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del decreto para seguir con la construcción del cuartel, aunque desafortunadamente no será en León donde tanta falta hace.
MORDIDA
La Coparmex Zona Metropolitana de León va a arrancar una campaña de sensibilización entre la sociedad que se llama “Yo no doy mordida”, la cual se presentará el próximo 3 de marzo en el marco del Foro Anticorrupción que se realizará en el auditorio del ITEMS Campus León ante más de 300 asistentes al evento.
El organismo del sector patronal fue uno de los principales impulsores de la nueva cruzada anticorrupción en México junto con Transparencia Mexicana, IMCO entre otros organismos de la sociedad civil, una vez que considera que la corrupción es uno de los principales problemas que daña el desarrollo del país.
El propio presidente del organismo en León, Jorge Ramírez Hernández, asumió el tema como el eje central de su gestión al frente del sector patronal y por eso busca hacer eco del foro al que tiene invitados como el gobernador Miguel Márquez, el alcalde Héctor López Santillana y al senador Juan Carlos Romero Hicks, quienes hablarán en un panel sobre las mejores prácticas de ética gubernamental.
También vienen el director anticorrupción del IMCO, Max Kaiser Aranda; el vicepresidente de los Jóvenes de Coparmex León, Pablo Marín, y quien presentará la estrategia antimordidas; el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter y el director de Transparencia Mexicana Eduardo Bohórquez López, quienes plantearán los retos en el combate a la corrupción en el país.
El año pasado, Jorge Ramírez Hernández presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma anticorrupción y fueron tomados en cuenta por los distintos grupos parlamentarios, pero ahora viene una fase más complicada en la relación de los patrones con los legisladores porque también quieren que se incluyan sus propuestas para que sean ciudadanos quienes encabecen los órganos de participación social y de control que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción.
Otro de los asuntos que planteará en breve el líder del sector patronal es que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado se sume a los trabajos anticorrupción y realice propuestas que ayuden a evitar la impunidad en la aplicación de la ley, junto con los esfuerzos que ya se hacen con el Poder Legislativo.
El Poder Judicial necesita tener más acercamiento con la Coparmex Zona Metropolitana de León a fin de integrar propuestas conjuntas de trabajo que contribuyan a mejorar la impartición de justicia y encontrar áreas de oportunidad con propuestas que ayuden a mejorar la tarea que realizan los jueces.
Otro punto que hará el organismo patronal en el foro que viene, es la responsabilidad que tiene el sector empresarial para no fomentar prácticas de corrupción con el gobierno. Lo anterior, debido a los casos que se han descubierto en otros países donde las compañías tienen prácticamente áreas destinadas a buscar como obtienen contratos de manera ilegal junto con las autoridades en vez de invertir en rubros como innovación y desarrollo tecnológico.
Ramírez Hernández asegura que la corrupción es lo que genera la impunidad, inseguridad, ineficiencia en la aplicación del gasto público, falta de confianza en la sociedad además de que limita el acceso a la democracia y la educación, pilares básicos para el desarrollo humano. Por eso van a insistir en campañas de sensibilización a los ciudadanos a que den la lucha contra este fenómeno porque es totalmente falsa la afirmación de que “la corrupción somos todos” o que “el que no transa no avanza”.
PLAZO
Mientras el diputado local por MORENA, David Alejandro Landeros, pide disculpas públicas por los audios en que acusa desvío de recursos, actos de corrupción y presiones para quitarlo del puesto en su partido, argumenta que estaba ebrio y que es una enfermedad que padece desde hace mucho tiempo, sus compañeros de otras fracciones políticas se dieron un plazo de 20 días para resolver la solicitud de una licencia temporal para que aclare la situación.
Este fin de semana el legislador exculpa a su partido, a su dirigente, a sus asesores y a sus compañeros legisladores de los dichos que hizo en un audio que acusa de ilegal aunque admite que es su voz y sí lo dijo porque los efectos del alcohol, lo envalentonaron.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Dennise García, explicó la solicitud de David Alejandro Landeros será turnada este jueves por el Pleno a su Comisión y que se hará el análisis para emitir un dictamen que volverá al Pleno para que se pronuncie al respecto.
Primero debe quedar claro que exista una justificación para otorgar la licencia, las cuales contempla la propia ley, aunque va a continuar la investigación sobre las presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, como había dicho en el audio que ahora acepta, dijo, bajo influjo de los efectos del alcohol.
Mientras eso sucede el legislador debe acudir a las comisiones y sesiones del Pleno aunque preferentemente sobrio para evitar que se vuelva a envalentonar y se le suelte la lengua porque entonces ni la Virgen de Guadalupe, que aparece en su video en redes sociales dando una disculpa, lo podrá salvar.
