Denuncia administrativa por presuntas irregularidades

La Auditoría Superior del Estado envió al Ayuntamiento de León una denuncia administrativa de presuntas irregularidades detectadas a ejercicios fiscales de la Administración municipal 2012-2015 de Bárbara Botello Santibáñez.
El alcalde Héctor López Santillana presentó ante el Ayuntamiento en sesión ordinaria las denuncias de presuntas irregularidades, como de urgente y obvia resolución, a fin de que se turnara de inmediato a la Comisión de Contraloría para su análisis e investigación.
Una de las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado es sobre el pago de percepciones tabulares a la presidenta municipal del ejercicio 2015, Bárbara Botello Santibáñez.
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
Las demás presuntas responsabilidades administrativas precisadas en el dictamen técnico jurídico y, en su caso, en la resolución recaída al recurso de reconsideración interpuesto por el ente fiscalizador, son particularmente en diversas observaciones como: servicios de capacitación; viáticos locales y en el extranjero; proyecto de obra autorizado al Sistema Integrado de Transporte (SIT); adjudicación de compra de aparatos deportivos y juegos infantiles recreativos; entre otras.
Así en la sesión ordinaria de Ayuntamiento, ayer jueves por la mañana, fue turnado a la Comisión de Contraloría para su análisis y discusión, la denuncia administrativa que recibió el Municipio de León, derivada del informe de resultados de la revisión de la auditoría integral que efectuó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), sobre los ejercicios fiscales que efectuó la Administración Municipal 2012-2015.
CALIFICADA DE URGENTE
Esta acción se realizó durante la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, luego de que el presidente municipal, Héctor López Santillana lo expusiera y solicitara que se calificara como urgente y obvia resolución para que fuera turnada a la Comisión de Contraloría.
La ASEG refiere que derivado a la revisión, procede a denunciar irregularidades detectadas, las cuales podrían traducirse en conductas infractoras en términos de los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.
El documento precisó que algunas de las observaciones se determinaron como daños, por lo que en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, se consideran como graves.
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
El regidor priísta, Salvador Ramírez Agote solicitó que el análisis e investigación que realice la Comisión de Contraloría y la propia Contraloría, sea profesional, con ética, apegado a la razón y derecho, sin que exista persecución política partidista.
En esos términos se realizará de acuerdo a la disposición de Comisión de la Contraloría y el alcalde López Santillana destacó que no se ventilarán las denuncias hasta que se concluya el proceso de investigación y se den a conocer los resultados.