El tortuoso camino de procesos ministeriales y judiciales de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, seguirá por dos diferentes sendas, sin duda muy intensas e imprevisibles.
El pasado miércoles 12 de febrero, Bárbara compartió en sus redes sociales que acababa de ganar la demanda número 39 al Municipio y Gobierno del Estado.
Al día siguiente, uno de sus defensores, Edmundo Iván Lozano Serna, informó que efectivamente la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado había confirmado una resolución del pasado mes de septiembre en la que el Juez Francisco Medina Meza negaba a la Fiscalía del Estado la solicitud de vincularla a proceso por el caso conocido como “la peinadora”, esto bajo el contundente argumento de que no existen elementos para considerar que Bárbara Botello cometió un delito de peculado.
Contrario a lo que espetó con notable malestar a primera hora del jueves el contralor municipal, Leopoldo Jiménez Soto, el caso está cerrado porque ni el Ministerio Público ni el Municipio de León pueden acudir al juicio de amparo por ser autoridades.
Indudablemente es una gran victoria jurídica para Bárbara.
Sin embargo, aquí no acaban los asuntos judiciales de la ex alcaldesa.
Recordemos que sigue pendiente de resolverse el amparo que se tramita ante el Poder Judicial de la Federación contra el auto de formal prisión que en su contra dictó el Juzgado Tercero Penal de León el pasado mes de mayo, esto por el asunto de diversos contratos con unas supuestas empresas fantasmas. Desde que concluyó su gestión, Bárbara siempre ha negado tener relación con esas empresas, ni haber autorizado el dinero pagado, y menos haber dispuesto para ella de los recursos entregados.
En este caso concreto, la libertad de Bárbara está ahora en manos de los tres magistrados federales que integran el Tribunal Colegiado, quienes desde hace meses trabajan en el recurso de revisión.
Por cierto, en este asunto de las empresas fantasmas, sorpresivamente ya se declararon culpables y fueron sentenciados a la mínima penalidad Roberto Pesquera, quien fuera tesorero municipal, y Amílcar López, director de Movilidad.
Evidentemente ambos ex funcionarios llegaron a un pacto con la Fiscalía para obtener esas reducciones a cambio de asumir su responsabilidad. Es claro que sus abogados defensores decidieron no combatirle a la Fiscalía Estatal.
Lo que sí sabemos públicamente es que las empresas implicadas fueron contratadas precisamente por esas dos áreas de la administración municipal, Tesorería y Movilidad.
Sobre este tema, los abogados defensores de Bárbara están plenamente convencidos de que la justicia federal desmarcará a su clienta de estas acusaciones que advierten injustas y sin sustento.
Por otro lado, ante los resultados adversos que ha recibido el Ministerio Público Estatal, no ha actuado con indolencia.
A marchas forzadas la Fiscalía Anticorrupción está preparando otra carpeta de investigación por un contrato con otra supuesta empresa fantasma.
De hecho, el pasado 29 de enero la licenciada Bárbara se presentó de manera voluntaria al búnker de Cervera a dar explicaciones sobre el tema y próximamente presentará sus datos de prueba defensivos. Por cierto, nuevamente la Tesorería de Roberto Pesquera fue la que contrató a esa empresa.
El abogado Lozano Serna consideró que existen demasiados datos objetivos para creer que este caso no podrá llegar ante un juzgado penal porque afirma que se trata del cumplimiento parcial de un contrato de prestación de servicios profesionales que se verificó con la Tesorería, sosteniendo el abogado que más bien este asunto debe ser ventilado ante un juez de lo civil, pero que ni Pesquera ni Botello cometieron delito alguno.
Ante los frenéticos ataques de la Fiscalía Estatal que empezaron desde el año 2015, la licenciada Botello Santibáñez decidió ponerse en manos del Ministerio Público de la Federación que encabeza el Fiscal de la 4T, Alejandro Gertz Manero.
Así lo informó ella misma en una concurrida rueda de prensa que ofreció el pasado 22 de enero.
Comentó que impulsó el inició de dos carpetas de investigación que actualmente se integran en la Fiscalía General de la República, esto por dos hechos diferentes.
El primero de ellos es por la forma violenta y vejatoria como fue detenida afuera de su domicilio por elementos de élite de la Fiscalía Estatal el pasado 29 de mayo, así como por supuestos actos de tortura física y emocional que padeció durante las horas que la mantuvieron detenida en las oficinas de la Policía Ministerial de Prevención Social.
La segunda investigación que desarrolla el Ministerio Público de la Federación, es por la violación a una suspensión definitiva que le concedió a Bárbara un juez federal de la Ciudad de México para no ser privada de la libertad, esto a virtud de un amparo en el que la priista esencialmente le pedía al Ministerio Público Estatal oportunidad para aportar pruebas que demostraran su inocencia.
La Fiscalía de Guanajuato no le recibió las pruebas, omitió la suspensión del juez federal, y finalmente la capturó como es de todos conocido por un video que circula en las redes sociales. Ahora los aprehensores y quienes lo ordenaron están siendo investigados.
Ya veremos si las indagatorias federales que se siguen en contra de altos funcionarios de la Fiscalía Estatal, llevan a uno o varios de ellos ante la justicia penal. Sin duda eso se sabrá en las próximas semanas, quizá días según fuentes ministeriales de la Ciudad de México.
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