La obra de edificación de un motel que colapsó este jueves y en la cual resultaron dos víctimas mortales, hasta el mes de diciembre trabajaba sin autorización; a la fecha presenta sellos de clausura.
Así lo informó el director de la dependencia municipal, Luis Antonio Durán Hernández, quien expuso que a una perito especializada a cargo de la empresa competía entregar los reportes a la dependencia, luego de que, aseguró, ésta retomó la obra en el mes de diciembre porque hasta noviembre “estaban sin permiso” y se regularizó al fin de año.
No obstante que ahora el proyecto “cumple con todos los requisitos”, ante los acontecimientos de esta semana le fueron aplicados sellos de clausura para impedir la continuidad de los trabajos tras completarse el respectivo expediente.
Ello con la intención de que se realice “un estudio exacto para ver cuáles fueron las causas del colapso”.
Al día siguiente de los hechos, el mismo directivo, su personal y un ingeniero de Obras Públicas se dieron a la tarea de iniciar el estudio pertinente. La empresa involucrada realizará otro similar.
‘PUEDE QUE SÍ, PUEDE QUE NO’
Durán Hernández dijo desconocer con exactitud si los hechos merecen sanciones legales, sin embargo corresponde al Ministerio Público realizar las indagatorias para determinar al responsable y aplicar la ley.
Compartió que para la puesta en marcha de este tipo de actividades se requiere de un número oficial, permiso de uso de suelo y posteriormente de construcción.
“Esta persona sí cumplió con todos los requisitos, y de acuerdo a la zona en que está (a pie de carretera) sí es apto para un motel, que es en este caso.
“Como Desarrollo Urbano corresponde mantener contacto con el responsable de obra, quien realiza la bitácora de actividades y recibe visitas de la dependencia pública que en este caso se dan una vez por mes, porque no nos damos abasto con el personal”, dijo.
¿‘CHUECOS’?
Sin embargo, el permiso de construcción con numeral PC-16-0113 a nombre de Ma. del Carmen Núñez Hernández que se exhibía en una de las paredes de la propiedad, constató el funcionario, corresponde al otorgado por Desarrollo Urbano y abarca como periodo del 5 de agosto de 2016 al 5 de febrero de 2017.
