La designación de quien será el primer fiscal general del Estado ha generado una serie de discusiones, polémicas de apoyos, rechazos y presiones, sobre todo entre los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La magnitud del tema ha llegado a tal grado de apoyar, por un lado, la propuesta gubernamental de refrenar confianza en el actual procurador general de justicia por parte de la fracción parlamentaria del PAN; y, por la otra, el rechazo al pase automático y designar e incluso remover a quien sería el ‘fiscal carnal’, en opinión de legisladores locales de oposición del PVEM, PRI, Morena y PT.
En ese sentido, una vez más, congresistas locales convocaron a su colegas de los diversos grupos parlamentarios, ayer, a celebrar una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el objetivo de revisar las iniciativas presentadas derivadas de reformas constitucionales, relativas a la Fiscalía General, específicamente la suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Vanessa Sánchez Cordero, iniciante, manifestó que la iniciativa toca la Constitución para plantear tres temas: primero la remoción de la persona titular de la Fiscalía General para darle atribuciones al Congreso, con el voto de una tercera parte de sus integrantes; así como solicitar al titular del Ejecutivo estatal su remoción para que el Poder Legislativo sea un contrapeso e influir en la remoción.
La congresista apuntó que con la propuesta se garantiza que quien tenga la titularidad de la Fiscalía General actúe con total autonomía y pueda perseguir cualquier delito, inclusive los que pudiera cometer el Gobernador del Estado.
El segundo aspecto que, dijo, aborda la iniciativa, es la disminución de la duración de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía para que de manera inicial sea de 4 años con posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual.
“Con ellos su actuación estaría sujeta a una revisión y no se le están dando 9 años garantizados”, indicó Sánchez Cordero y anotó que el tercer tema era la eliminación del pase automático, porque como estaba actualmente no se garantiza la autonomía de la persona que quede como fiscal general; y, asimismo, reveló que sus colegas congresistas panistas de oposición mayoritaria, están “presionados”, para aprobar la designación del primer fiscal del Estado.
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que sería importante hacer una adecuación en el tema de la remoción, porque era la oportunidad de hacer una institución fuerte y dotada de autonomía.
En esa tesitura, se pronunció porque no dependiera únicamente de uno de los Poderes su separación del cargo, sino que fuera un proceso, por lo que planteó que la destitución fuera iniciada por el Gobernador del Estado y fuera el Congreso quien la aprobara por el voto de las dos terceras partes, previa solicitud del titular del Ejecutivo estatal.
Al respecto, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá hizo referencia a la similitud de la propuesta de su antecesor con una de las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional -PRI-.
En su intervención, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó que dicho proceso fortalecía el equilibro de poderes: “Con este mecanismo que permita el equilibrio, se iniciaría con una solicitud del Ejecutivo y quien determina sería el Legislativo, generado un equilibrio donde la decisión no sólo está de un lado”, indicó.
Enfatizó que al interior de su grupo parlamentario había realizado un análisis a profundidad de cuál mecanismo era mejor, e incluso si podrían proponer otro, pero se decantaron por la opción del PRI al considerar que era la verdad forma de generar contrapeso entre Poderes. “Si el Legislativo solicita y también delibera se iría en detrimento de los mecanismos que ya hay en otros casos, donde el proceso inicia en el seno de la institución”, afirmó.
La congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo comentó que su grupo parlamentario ya se había pronunciado tanto por el pase automático como por la duración de 9 años, y que mantenían su postura. Asimismo, aseguró que se requería experiencia y consolidar la figura del fiscal, ya que tenían datos que uno de los aspectos que más había afectado a la estrategia de seguridad a nivel nacional era la alta rotación en el cargo del Procurador General de la República.
Afirmó que se dejaría la Constitución local como estaba, y que estarían pendientes de los trabajos y vigilando las acciones de la Fiscalía General, siempre buscando la consolidación de la institución y su autonomía.
Y solicitó la elaboración en sentido positivo del dictamen, de acuerdo con los aspectos coincidentes en las mesas de trabajo y el resto del contenido de las iniciativas para archivo.
El legislador J. Guadalupe Vera Hernández consideró que la propuesta que formuló el PRI era adecuada porque el iniciante sería el gobernador y el Legislativo tendría la facultad de decir sí o no, y con el voto de las dos terceras partes también entraba la decisión de las otras fuerzas política, garantizando así la independencia de la fiscalía.
El congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas dio lectura a la propuesta para que quedara en que el fiscal general podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado y a solicitud del Gobernador del Estado; y cuando se encontrara en funciones la Diputación Permanente ésta tendrá que convocar de inmediato a un periodo extraordinario para dar el trámite correspondiente.
En cuanto al tiempo en que durará en el cargo el fiscal general, el diputado morenista Raúl Humberto Márquez Albo recordó su propuesta para que fuera 6 años, sin embargo, consideró adecuado lo planteado por su homóloga Sánchez Cordero, sumándose a su propuesta de que fueran 4 años de inicio con posibilidad de ser reelectos.
Señaló que se había hecho un traje a la medida para que el actual procurador se perfilara para ocupar el cargo de fiscal general, ignorando los movimientos ciudadanos que se habían realizado a nivel nacional y local que están en contra de su permanencia; y subrayó que su obligación como legisladores y representantes populares era estar revisando perfiles, analizando datos y buscar al mejor para que la entidad regresara a un estado de paz. Finalmente manifestó su postura en contra del pase automático.
