La creación de la nueva Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), fue considerada tanto de la mayor importancia, como de relevancia y trascendencia para su instalación y funcionamiento, porque sería un “cuerpo pericial que constituya ser el brazo derecho de la instancia y dotarlo para su operación que goce con plena y auténtica autonomía”, la cual, una vez aprobada, vendría a sustituir y transformar en sus funciones a la actual Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Legisladores, magistrados, juristas, académicos, especialistas, estudiosos y asesores parlamentarios asistieron a reunión convocada por la comisión legislativa de justicia que celebraron, y en la cual participaron ayer en una mesa de trabajo que se instaló en el nuevo Palacio camaral, para el análisis en torno al tema relacionado sobre la iniciativa de ley para que sea creada la Fiscalía de referencia.
Y coincidieron las partes implicadas durante sus intervenciones tanto en la importancia, como en la relevancia y trascendencia de fortalecer la investigación a través de un cuerpo pericial autónomo, ya que constituye la principal atribución de la Fiscalía General.
Al respecto, el magistrado Miguel Valadez Reyes indicó que este cuerpo pericial constituye el brazo derecho de lo que la Fiscalía hace, y dotarlo de autonomía le permitiría proporcionar una postura científica de la investigación, toda vez que se contaría con expertos en diversas disciplinas que incidan en las indagatorias y valoración de pruebas e igualmente, apuntó la necesidad de definir una separación de funciones entre todos los entes involucrados en los procesos penales.
A su vez, el magistrado Héctor Tinajero enfatizó en la desaparición de la concepción de la Policía ministerial para evolucionar a una agencia de investigación criminal, con capacidades periciales y de investigación. Además, destacó la participación de la Contraloría Interna como un ente de seguimiento y no como emisor de recomendaciones, a fin de definir con claridad sus atribuciones.
Por su parte, Federico Ruíz de la Coordinación General Jurídica del Estado puntualizó que al tratarse de la creación de una ley que contempla la organización interna de la Fiscalía General, la denominación debería precisar que se trata de una ley orgánica.
En tanto, la diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura, manifestó que este ejercicio es fundamental para el fortalecimiento de la institución, en aras de una Fiscalía autónoma y fortalecida por la participación en el enriquecimiento de las propuestas.
Para su colega congresista, la diputada Vanessa Sánchez Cordero, dijo que es importante retomar el análisis para fortalecer el cuerpo pericial, mientras que los representantes de la Procuraduría General de Justicia respaldaron la propuesta de separar los servicios periciales, a fin de buscar confiabilidad de las pruebas con un sustento científico.
Mientras, Jorge Luis Hernández, asesor de la fracción priista, observó la importancia de determinar la investigación y persecución del delito como la función principal de la Fiscalía General y coincidió en la propuesta de crear un organismo independiente de investigación.
Y por su parte, Joel García, asesor parlamentario del Grupo del PVEM, hizo varias observaciones respecto al contenido del informe anual de la Fiscalía, los requisitos para ocupar el cargo del contralor interno, entre otros.
Participaron en la reunión de trabajo las diputadas Cristina Márquez Alcalá, Vanessa Sánchez Cordero y Jéssica Cabal Ceballos, los magistrados Miguel Valadez y Héctor Tinajero, en representación del Poder Judicial del Estado; representantes de la Procuraduría General Justicia y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, así como asesores parlamentarios y la secretaría técnica de la Comisión.
CABILDERO
Por otro lado, legisladores locales coordinadores de las fracciones parlamentarias e integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política –JGyCP-, de la LXIV Legislatura el Estado, informaron que se registraron un total de 297 cabilderos, de los cuales 259 fueron bajo la figura de persona física y 38 como persona moral.
En voz del titular de dicha junta y coordinador de la bancada parlamentaria panista del blanquiazul, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, anotó que los 297 registros representan un incremento por alrededor del 300 por ciento, en comparación a los registrados durante el transcurso del año pasado 2017.
