CAMPAÑA
Este jueves arrancó la campaña del PAN en Irapuato para recabar 300 mil firmas de los guanajuatenses en contra de alza en los combustibles y obligar al gobierno federal a dar marcha atrás con esa medida. En cada uno de los 46 municipios del estado se instalarán los módulos para firmas y serán promovidos por los comités municipales junto con el apoyo de diputados, locales y federales, senadores; presidentes municipales y directivos estatales panistas.

Durante la conferencia de prensa de ayer, estuvieron presentes el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada; el secretario general del partido estatal, Alfonso Ruiz Chico; el senador Fernando Torres Graciano y el diputado federal, René Mandujano junto con las legisladoras federales Alejandra Gutiérrez, Mayra Enríquez, Lorena Alfaro, Karina Padilla y Adriana Elizarraras.

La propuesta central de los panistas es que el gobierno federal reduzca el 50 por ciento del IEPS, actualmente se pagan seis pesos del impuesto especial sobre gasolina y diésel, para evitar el aumento superior al 20 por ciento en el precio de los combustibles que aplicó de golpe la actual administración.

Andrade Quezada explicó que su partido continuará la lucha que inició en abril de 2016 cuando denunció el mal manejo de la economía y las finanzas públicas del PRI-Gobierno, quien endeudó al país de más y ahora busca que los ciudadanos paguen de su bolsillo su negligencia. Desde entonces se propuso un paquete de 24 medidas para mejorar la economía que no fueron consideradas por el PRI y sus aliados en el Senado y la Cámara de Diputados.

Hay una posición firme del PAN para que se reduzcan los precios de los combustibles y evitar cargar a las familias la devaluación por el mal manejo económico de este régimen, una vez que recordó que cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón la paridad peso-dólar se ubicaba en 12.20 pesos y ahora rebasa los 22 pesos.

Otro punto que aclaró el partido, a través de la diputada federal Alejandra Gutiérrez es que el PAN nunca votó a favor del gasolinazo como ahora quiere hacer ver el PRI porque durante la aprobación del presupuesto general de egresos para el 2017, los legisladores del blanquiazul reservaron en lo particular el alza de los combustibles por estar en contra de la medida.

Alertó que la inflación en 2017 podría llegar a un 5 por ciento, lo que va a deteriorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, así como se afectará a sectores que impactarán el incremento en los precios al consumidor como es el transporte público, el traslado de mercancías y al sector agropecuario.

En su intervención la legisladora federal Mayra Enríquez explicó que hay un falso argumento del gobierno federal respecto a que tuvo que aplicar el gasolinazo para no recortar programas sociales, ya que el año pasado recibió alrededor de 235 mil millones de pesos adicionales por los impuestos a los combustibles. Hasta la fecha hay un uso discrecional de esos recursos y no han explicado a dónde fueron a parar.

También insistió en la necesidad de poner mejores controles dentro de PEMEX para evitar el robo de combustible, pues de los dos millones de barriles diarios que se producen, alrededor de 24 mil se extraen de manera ilícita, lo que merma los ingresos del organismo.

En su intervención, el senador Fernando Torres Graciano explicó que adicional a la propuesta de reducir el IEPS a los combustibles, se va a solicitar al gobierno federal un verdadero recorte del gasto público, que contempla la desaparición de secretarías que no tienen razón de ser; el recorte a los salarios y prestaciones de la burocracia federal y de otros Poderes como el Judicial y Legislativo, junto con la reducción en la integración del Senado y Cámara de Diputados además de eliminar parte de las 64 comisiones dentro de ambas cámaras.

Acusó al gobierno federal de utilizar el viejo modelo de los dinosaurios priístas basado en un manejo financiero indebido, más deuda y más gasto, que han llevado a los ciudadanos a una crisis cuyas consecuencias apenas empiezan a salir a flote.

En los próximos días se instalarán los módulos para recabar firmas en el resto de los municipios del estado, incluyendo León.

ESCLARECIMIENTO
Este viernes se reanudará la audiencia para dar continuidad al proceso de imputación y la determinación respecto a si se decreta la vinculación a proceso del inculpado, acusado de haber asesinado a sus tres hijos la madrugada del sábado en un operativo de policías ministeriales en una finca en San Miguel de Allende.

Lo anterior, luego de que la defensa del padre de los tres menores solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar datos de prueba, aunque ayer se dio a conocer que el abogado que llevaba el caso fue separado por los familiares del detenido y se asignó a un defensor de oficio.

El padre de los tres niños fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de homicidio en razón de parentesco, así como por el homicidio calificado en grado de tentativa en contra de cinco personas que habrían participado en el operativo. Lo anterior, a pesar de que la esposa y madre de los niños negó la versión de las autoridades ministeriales de que el padre fuera el asesino.

Los partidos políticos como el PRI, PVEM, Morena y PRD se habrían sumado a la exigencia a las autoridades estatales de que aclararan los hechos que se imputan al acusado derivado de lo que consideraron inconsistencias en el proceso y las declaraciones que hizo la madre de los menores, presente en el momento en que se desarrollaba el operativo especial de la Policía Ministerial.

El procurador Carlos Zamarripa Aguirre ha negado de manera reiterada que los elementos a su cargo hayan sido los autores de la muerte de los menores y han referido que tienen las pruebas necesarias para fundamentar su acusación después de que el Juez de Control calificó como legal la detención del padre de los niños.

Derivado de las críticas por la falta de elementos que permitan sostener la acusación de la Procuraduría y la versión que ofreció la testigo principal en los hechos a los medios de comunicación, los partidos políticos han exigido que se aclare la situación lo más pronto posible para despejar las dudas que haya sobre el caso.
Ayer, en Irapuato, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, se sumó a la exigencia de una petición formal y puntual a la Procuraduría para que tenga una respuesta lo más pronto posible que satisfaga, con un nivel de comunicación confiable, las dudas que tienen los ciudadanos respecto a este caso de alto impacto.

El dirigente del PAN en Guanajuato explicó que se necesita la seguridad de que la situación se ha llevado de una manera correcta tanto por el procurador Zamarripa Aguirre como por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.

Justificó las evasivas del gobernador Miguel Márquez sobre el caso, porque debe ser cuidadoso sobre la forma en que se llevan las investigaciones. El mandatario estatal ha dicho de manera escueta que el tema lo va a resolver el Poder Judicial, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realiza una investigación paralela para determinar que no haya habido un uso excesivo de la fuerza de los elementos bajo el cargo del procurador general de Justicia del Estado.

A este planteamiento de Andrade Quezada se sumó el del expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende y actual legislador local, Juan José Álvarez Brunel, quien urgió a las autoridades ministeriales a entregar los informes detallados para esclarecer estos lamentables hechos.

Lo anterior, ayudaría para acabar con las especulaciones que han conmocionado a los ciudadanos y ofrecer evidencias científicas suficientes que permitan tener una información más clara sobre los hechos.

Este viernes en la mañana se reanudará la audiencia y a partir de este hecho se podrá clarificar con mayor precisión lo sucedido en la finca, así como los elementos probatorios o no de que el padre fue el autor de la muerte de los menores.

La audiencia se convocó a las 8:00 horas y el juez preguntará a la Fiscalía, defensor (nuevo) y acusado si quieren que continúe en los mismos términos (privada) o se abre al público. Enseguida se solicitará al nuevo defensor si se desahogan las testimoniales solicitadas por el anterior defensor o se desiste para dar paso a la formulación de la Fiscalía para la vinculación a proceso con base a la carpeta de investigación.

El término legal del proceso es el domingo en la mañana y si continúa el proceso de manera ordinaria, el juez tendrá una resolución jurídica definitiva entre el viernes en la noche y el transcurso del sábado. Mientras las manifestaciones de familiares, amigos y vecinos continúan en San Miguel de Allende.

LICITACIÓN
El 25 de enero se recibirán las nuevas propuestas de las empresas proveedoras de medicamentos en la licitación pública nacional que convocó la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración el año pasado y que se declaró desierta.

Hay que recordar que la licitación fue declarada desierta porque una de las tres empresas que presentaron su propuesta final, de las ocho que acudieron a la junta de aclaraciones, no cumplió con un último requisito que se solicitó con base a la normatividad federal que regula este tipo de mecanismos al ser recursos que otorga la federación a las entidades para su compra.

La normatividad permitía entonces una asignación directa del contrato, pero el gobierno estatal decidió abrir una nueva licitación, que cuenta con la verificación de un testigo social que asigna la Secretaría de la Función Pública federal y manejar con toda transparencia el proceso ante los cuestionamientos de las empresas perdedoras en la etapa final del año pasado.

El fallo definitivo será el 3 de febrero después de que se conozcan públicamente las propuestas que hagan las empresas que participen en este proceso de licitación pública nacional. El contrato supera los mil 200 millones de pesos para comprar mil 200 medicamentos, de los cuales el 80 por ciento son para atender necesidades simples de los pacientes y el 20 por ciento de padecimientos graves, aunque estos últimos se llevan el 80 por ciento del presupuesto.

El nuevo esquema de operación que han establecido las autoridades estatales permite tener ahorros significativos al erario público y un sistema que abastece de manera más eficiente a las unidades de atención primaria, la red de hospitales generales y de alta especialidad, ya que se cuenta con centros de distribución que permite llegar a los 46 municipios y evitar que las medicinas caduquen o se entreguen cantidades de más a los pacientes (automedicación posterior) con esquema de unidosis.

Además se dispone de un estricto control del paciente, la dosis que se le entrega, el médico que la receta y las unidades donde se distribuye la medicina para evitar lo que sucede comúnmente en otros sistemas de salud donde se tienen mermas y hasta robos de medicinas. Esto ha permitido que la Secretaría de Salud federal considere a Guanajuato como uno de los primeros lugares nacionales en la entrega de medicamentos a la población.

Pero el beneficio más importante es que a través del esquema de distribución de medicamentos, más de 3 millones 200 mil guanajuatenses que están dentro del Seguro Popular y otros miles que están afiliados a otros sistemas federales de salud pero que no son atendidos con oportunidad, tengan acceso a una mejor calidad de vida cuando enfrentan enfermedades.