FALLO
La Asociación de Contratistas de Servicios Públicos de Limpieza, encabezada por Víctor Carrillo Zacarías y Antonio Alcaraz, junto con su representante legal Daniel Durán explicaron ayer con precisión lo que tendrán que enfrentar las autoridades municipales y las dos empresas concesionarias de la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos de León, una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo notifique formalmente a las partes la decisión que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rechazar el amparo que interpuso una de las empresas beneficiadas con el contrato que otorgó la pasada administración y dejar intacta la resolución del tribunal local respecto a reponer el fallo.

Víctor Castillo Zacarías, José Alfredo Manrique Vela y JS Hermanos presentaron una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado por la decisión del gobierno municipal anterior para otorgar a Red Recolector y Gisa la concesión para la recolección de residuos sólidos urbanos de la ciudad en 2014, sin que fundamentara la razón por la cual fueron excluidos y se entregó a las dos empresas ganadoras el contrato.

La decisión de una de las salas del Tribunal fue ordenar al municipio de León que repusiera el fallo, no la licitación completa, con el fundamento legal que incluyera los criterios que marca la ley para la contratación del servicio público. Una de las empresas que ganó la concesión se amparó ante los tribunales federales en abril de 2016 y hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolvió el caso al Tribunal local, que ya se había pronunciado sobre la resolución a la queja de los exconcesionarios del servicio de recolección de residuos urbanos.

Oficialmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado no ha notificado a todas las partes solamente a Gisa, el pasado fin de semana únicamente se colocó el aviso de la decisión de los magistrados federales, quienes tendrán un plazo de 15 días a partir de la fecha de que estén enterados para responder lo que harán respecto a la decisión de reponer el fallo.

Aparte de los exconcesionarios, hubo otras empresas que participaron en la licitación que no interpusieron ninguna inconformidad ante los tribunales, por lo que perdieron el derecho de ser convocadas nuevamente a la sesión donde se tendría que restituir el fallo.

La explicación del abogado y los exconcesionarios es que a ellos se les negó el derecho constitucional de conocer las razones y argumentos por los cuales fueron marginados de la entrega de concesiones, como lo marca la Ley. Su punto central es que debieron de haber sido informados con claridad sobre las causas por las cuales no consideraron sus propuestas que estaban ajustadas a los términos de referencia de la licitación respecto a la calidad del servicio, el precio y la cobertura que se exigió.

El gobierno municipal anterior debió de justificar porqué entregó la concesión diferenciada a las dos empresas que ganaron la licitación aun cuando una cobraba en dólares el servicio, terciaba la recolección e imponía una penalización millonaria si se cancelaba el contrato de 20 años que se firmó.

También explicaron que Red Recolector y Gisa no podrán cambiar las condiciones de su oferta inicial, es decir, aplicar una reducción en el costo del servicio, ampliar la recolección o cambiar el costo de dólares a pesos, así como eliminar cláusulas de la concesión original para quedarse con el contrato, porque la decisión del Tribunal local es que se reponga el fallo en las condiciones de la licitación en 2014. Esto imposibilita cualquier maniobra de negociación de ambas empresas con el municipio para seguir con la concesión.

Además descartaron que el municipio se encuentre obligado a pagar cualquier indemnización en caso de que se cancelen los contratos con ambas empresas, como lo establecía la concesión original otorgada en la pasada administración. Aunque esto no es todavía muy claro para ninguna de las partes que se involucran en el caso.

Incluso, agregaron que en caso de que las empresas decidieran suspender el servicio, los exconcesionarios estarían preparados para enfrentar cualquier eventualidad en la recolección de los residuos sólidos urbanos de la ciudad, en los términos y costos que determinen de manera emergente con las autoridades.

Lo más importante será que posiblemente el municipio deje de pagar más del doble del costo que tenía por la recolección de basura, que ya no pagaría tarifas diferenciadas en dólares, que no sería castigado con una penalización por cancelar la concesión y que los leoneses tendrían el servicio diario como antes, junto con alternativas de reciclaje de basura porque hoy va directamente al relleno sanitario, con el incremento en el costo por depositar cada tonelada que entra.

Las autoridades municipales, como en otros casos importantes que son de interés público, no han dado la cara para explicar en qué va el proceso ni las decisiones que van a asumir una vez que hoy se paga, según las estimaciones de los exrecolectores, más de 130 millones de pesos más que antes de entregar a dos empresas la concesión.

Finalmente, falta esperar la decisión legal y económica que asuman las empresas involucradas en este asunto y que hoy tienen la concesión con apenas dos de 20 años que la habían obtenido. Ya habían hecho una inversión y habían ampliado el servicio a colonias que antes carecían del servicio y tampoco está definido cuál será la negociación que harían con las autoridades municipales.

ESFUERZOS
En el marco de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto planteó a los gobernadores la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de los efectivos militares, tal y como lo expuso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Peña Nieto dijo a la gobernadora, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México que era necesario redoblar los esfuerzos contra la inseguridad, al ser una de las principales exigencias de los ciudadanos para restituir la paz y tranquilidad en todo el país.

Reiteró su llamado a que en materia de seguridad, todos se comprometan de manera seria y más profunda más allá de razones, excusas o de culpas, porque se necesita redoblar el paso para atender, bajo un frente común contra la violencia y la delincuencia, los retos de las nuevas circunstancias que exige la sociedad.

Pidió nuevamente a las autoridades estatales y municipales que asuman la responsabilidad que tienen por ley para brindar la protección que requieren las comunidades, al ser uno de los principales problemas que reclaman una atención inmediata.

En su exposición dijo que en la primera mitad de su administración, los principales indicadores de delitos del fuero común disminuyeron en al menos un 20 por ciento, y que en algunas regiones esta reducción fue mayor. Aquí hizo énfasis que su gobierno ha logrado detener o abatir a 105 de los 122 criminales más peligrosos en el país para llevarlos ante la justicia.

Pero aún con estos resultados, 2016 ha presentado retos importantes en materia de seguridad, por lo que ratificó el compromiso de su administración de continuar con esta lucha contra la delincuencia y la violencia. Es uno de los temas de mayor prioridad para su gobierno en lo que resta de la administración federal, puntualizó.

Uno de los principales problemas que observa el gobierno federal es que con las herramientas legales e institucionales de hace más de dos décadas, los cuales calificó de obsoletos, no se puede combatir de manera eficaz a los grupos delictivos, por lo que recordó que desde hace dos años envió al Congreso una iniciativa de reforma para actualizar el modelo de policías locales sólidas, con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación.

Aclaró que la operación del sistema policíaco no debe depender únicamente del partido en el gobierno, sino que debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o los liderazgos políticos de cada entidad del país. Por ello, urgió a concretar esta reforma que permita avanzar en la construcción de un sistema policial que esté a la altura de los nuevos retos que enfrenta la sociedad y el gobierno.

Y luego entró al tema de debate que abrió la Secretaría de la Defensa Nacional hace dos semanas, es decir, sobre la actuación subsidiaria de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, lo que hace necesario regular la participación de los efectivos militares con una nueva Ley de Seguridad Interior.

Luego recordó que su administración ha destinado más de 49 mil millones de pesos en subsidios y aportaciones federales para renovar instalaciones, adquirir vehículos, equipos, armamento y tecnologías de comunicación junto con la capacitación de medio millón de elementos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia como de 34 mil mandos policiales.

Finalmente, el presidente Peña Nieto trazó tres líneas prioritarias de trabajo para lo que resta de su gestión: consolidar las labores de prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalecer las acciones en los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos (León, Irapuato y Celaya dentro de estos) y tercero, consolidar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

En esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública participó el gobernador Miguel Márquez, quien destacó los acuerdos en materia de Mando Único y Mixto, las cartas de no antecedentes penales, el fortalecimiento del sistema penal y las áreas de análisis y estadística de las instancias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

TORITO
El Congreso del Estado tiene enlistado hasta marzo de 2017 la reforma para endurecer las penas a las personas que conduzcan con niveles de alcohol por arriba de lo que marcan los reglamentos de tránsito, entre ellas el arresto obligatorio de 36 horas.

Las autoridades de Salud y de Tránsito en la mayoría de los municipios del estado han reportado que ha habido un incremento en los accidentes provocados por conducir con niveles de alcohol fuera de norma. Esto ha llevado a Guanajuato a tener un registro elevado de muertes por accidentes de tránsito en los últimos años.

Ayer en León, el director de Tránsito municipal, Ricardo López, reveló que en el primer fin de semana de las posadas y como resultado del Operativo Guadalupe-Reyes, se habían detenido a 130 personas no aptas para conducir y más de 200 conductores con aliento alcohólico.

Estas cifras se van a incrementar los dos siguientes fines de semana con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en donde el espectro va desde aliento alcohólico hasta estado de ebriedad completo.

Actualmente, las multas que se aplican a los conductores que infringen la ley por esta causa van hasta 3 mil 500 pesos, así como una estancia en separos de entre 12 y 14 horas, cuando no evaden los operativos del alcoholímetro que se realizan por las autoridades municipales.

Lo más lamentable es que muchos accidentes donde pierden la vida personas, son derivados de conducir en completo estado de ebriedad, pero habrá que esperar hasta marzo de 2017 para que los legisladores cumplan con su tarea en este asunto que tiene muy preocupados a los leoneses.

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