El Subprocurador de Inspección Industrial de la PROFEPA, Arturo Rodríguez Avitia, informó que será hasta que concluyan los procesos administrativos y judiciales cuando se estará en la posibilidad de exigir a la empresa Química Central que retire sus más de 300 mil toneladas de residuos peligrosos que quedaron expuestos en su planta en San Francisco del Rincón.
Resaltó que el gobierno federal no invertirá recursos en dicho proceso, puesto que quien debe de asumir el costo es quién ocasionó un daño ambiental, y en este sentido dijo que ya está cerca la fecha en que se establecerán sanciones administrativas a Química Central y que están pendientes las sanciones judiciales.
Explicó que existen tres opciones para que sean retirados estos residuos peligrosos para que sean confinados.
“La primera de ellas, es tratar los residuos in situ para reducirles a cromo tres, que es un residuo de manejo especial y en cuyo caso gobierno del estado determinaría qué hacer con esos residuos que ya no fueran peligrosos. La segunda opción sería en hacer un confinamiento in situ, es decir, encapsular los residuos adecuadamente para evitar que estos migraran al medio ambiente y la tercera sería retirar todos los residuos y llevarlos a un sitio de confinamiento final autorizado por la SEMARNAT, hay solo tres dos en Coahuila y otro en Nuevo León”, explicó.
El funcionario federal, aceptó que los cromos que quedaron expuestos sí representan un riesgo para la salud de las personas, aunque insistió en que se tienen que esperar a que concluyan los procesos jurídicos y los cuales están en manos de la PGR.
“Potencialmente puede ser así efectivamente, no podemos decir, sí o no, potencialmente sí, dado que puede haber una erosión eólica lo que implicaría que estas partículas sean arrastradas a terrenos adyacentes, y por supuesto por la erosión de la lluvia que pudiera arrastrar partículas, pero sí existen riesgos que no han sido evaluados”, detalló.

LOS PROCEDIMIENTOS
En otro tema, señaló que de las 126 empresas que son reguladas por la PROFEPA en Salamanca, existe un 60 por ciento de ellas que enfrentan procedimientos por diferentes irregularidades encontradas en sus procesos de producción.
Aseguró que todas han inspeccionadas por la Profepa, y que de ellas, dos fueron clausuradas y el resto que enfrenta estos procesos administrativos podrían terminar en acciones penales, sino cumplen con las recomendaciones de esta dependencia.