AJUSTES
El alcalde Héctor López Santillana arrancó esta semana con una serie de ajustes en su agenda para posicionar los principales avances de su gestión, una vez que el PAN y el cabildo azul realizaron una operación cicatriz y acordaron cancelar el fuego amigo.

De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento y del PAN, en una reunión del cabildo azul y el alcalde se dejó claro que es necesario un trabajo mejor articulado para ofrecer más resultados a los ciudadanos y dejar de desgastar a la administración con los temas relacionados al transporte urbano y la plataforma de seguridad que opera el C4, así como el de la inseguridad.

Uno de los principales problemas para el gobierno municipal es que se nota demasiado protagonismo de los síndicos, que se contraponen en sus posturas y que lejos de ayudar al alcalde, restan a sus esfuerzos por sacar adelante lo que ofreció en su campaña política a los leoneses.

El caso más evidente es el de Carlos Medina Plascencia, quien cuestiona los temas de seguridad respecto a la ineficacia de la plataforma tecnológica conectada al C5i, y por otro lado, de Luis Ernesto Ayala Torres, a quien ven metido en todas las decisiones importantes del Ayuntamiento como el caso del aumento al transporte público de un solo golpe.

Ya se habló con ambos funcionarios y se acordó superar las diferencias y dejar, como debió haber sido la constante, que sea el alcalde quien encabece las decisiones más importantes del Ayuntamiento además de que se van a bajar las controversias públicas entre ellos.

De acuerdo con la versión que ofrecieron algunos panistas en el Ayuntamiento y en el partido, el alcalde será quien mantenga las líneas prioritarias de trabajo para lo que resta de la administración.

Se adelantó que habrá más énfasis en materia de obra pública, desarrollo social, atención a los polígonos de pobreza (zonas urbana y rural), y transparencia y rendición de cuentas a través de una mayor proyección del trabajo del alcalde ante la opinión pública.

En el PAN municipal y estatal no pierden de vista que hay otros actores, incluso dentro del mismo partido, que ya no tardan en hacer públicas sus aspiraciones por la presidencia municipal de León y eso va a meter una presión extra a la administración municipal. Lo anterior, porque el alcalde ha expresado su deseo de ir por la reelección.

Además están en la agenda algunos temas que de no anticiparse en su manejo mediático podrían significar una piedrita en zapato para la administración como es el caso del terreno del parque Metropolitano y la disputa legal por el Estadio León.

Así que los panistas, dentro y fuera de la nómina, van a cerrar filas con el alcalde y en donde el apoyo del gobierno del estado va a ser fundamental para consolidar la administración de López Santillana.

Y para ejemplificar el rumbo que tomará la administración municipal, ayer el alcalde dijo en una entrevista a una televisora local que este año se contempla una inversión de 4 mil 500 millones de pesos para León y que estará enfocada a mejorar la conectividad, movilidad, equipamiento urbano para fortalecer la seguridad, infraestructura social y atención a polígonos de pobreza.

CIUDADANIZACIÓN
La Coparmex Zona Metropolitana de León junto con otros organismos de la sociedad civil en Guanajuato, están en espera de la convocatoria que realice el Congreso del Estado para la integración de los órganos que darán sustento a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y en especial, a la conformación del Comité Ciudadano.

El pasado 30 de junio de 2016, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Este Sistema contempla la conformación de un Comité Coordinador que estará integrado por la Auditoria Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría estatal encargada del control interno, el Tribunal de Justicia Administrativa, el organismo autónomo en materia de transparencia, el Consejo del Poder Judicial y dos integrantes de un Comité de Participación Ciudadana.
Además de las reformas a las leyes para dar sustento al Sistema (Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato, entre otras) falta determinar el modelo de ciudadanización de los órganos que tendrán bajo su responsabilidad el combate a la corrupción.
La Coparmex Zona Metropolitana de León trabajó con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el desarrollo de un modelo que podría servir a los legisladores para instrumentar los mecanismos de participación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.
Pero desde la conformación del Sistema, el Congreso se reservó para sí mismo y al titular del Poder Ejecutivo, los principales nombramientos de los responsables de los órganos que previenen, fiscalizan, investigan y sancionan la corrupción.
Y ahí es donde, según los empresarios, está el principal problema, los legisladores no dejaron espacio para que los ciudadanos participen con mayor fuerza en las tareas de coordinación del Sistema, lo que restaría autonomía y funcionalidad a las tareas de los nuevos órganos que combatirán la corrupción.
El esquema desarrollado por Transparencia Mexicana, IMCO y Coparmex busca que sean los ciudadanos quienes tengan mayor participación en las decisiones del Comité Coordinador, y que sea la propia sociedad quien designe a sus representantes dentro del Comité Ciudadano y no necesariamente quienes propongan los partidos y gobierno.
Como ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue conformado por la sociedad civil y la selección estuvo a cargo de un comité especializado, sin la intervención gubernamental, quienes tendrán un papel independiente en la definición de propuestas que ayuden a mejorar la rendición de cuentas, de combatir las prácticas de corrupción, de hacer más eficientes los mecanismos de transparencia, de hacer una real fiscalización del gasto público entre otras funciones que tendrán los órganos que integran el Sistema.
A principios de marzo se realizará un foro anticorrupción en León y ahí van a aprovechar los empresarios leoneses para plantear sus inquietudes a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuya demanda principal es impulsar la ciudadanización del Sistema Estatal Anticorrupción aunque eso signifique que el gobierno y los partidos pierdan el control sobre los órganos responsables de prevenir, investigar y sancionar a los funcionarios corruptos.

PLENO
El diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle, se reunió ayer con los representantes de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), a quienes insistió que subirá al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa contra vuelos demorados y cancelados.
Planteó al presidente de la CANAERO y directivo de Aeroméxico, Sergio Alfonso Allard Barroso, su iniciativa y acordó que este organismo presente una propuesta que refleje la responsabilidad de las líneas aéreas frente a las demoras recurrentes, las cuales tienen un impacto negativo a los usuarios.
Además, les dijo que el servicio que prestan las aerolíneas que cancelan injustificadamente y demoran los vuelos genera una imagen negativa a los inversionistas que llegan de otros países y es necesario corregir esa situación para evitar restar la competitividad del país.
Hay que recordar que el legislador panista ya había presentado en abril de 2016 una iniciativa en defensa a los derechos de los usuarios de las líneas aéreas. La nueva iniciativa subirá al Pleno a más tardar el 16 de marzo, adelantó a los empresarios.
Salim Alle no ha quitado el dedo del renglón en este asunto porque considera que es un problema recurrente que afecta a los usuarios, quienes se ven afectados por las demoras y cancelaciones de vuelos sin que las aerolíneas cubran los costos que significa esta situación.
Ayer, sumaron a este tema los legisladores federales del PAN, Gretel Culin Jaime, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados; Federico Döring Casar y por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Finalmente, Salim Alle volverá a insistir ante las autoridades estatales y federales y los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Guanajuato que presenten los avances de las obras que se anunciaron el año pasado.