Ayer en la mañana, se conformó la Comisión Especial del Ayuntamiento que será encargada de reponer el fallo del proceso de licitación de la concesión para la recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos en León en un plazo de 15 días.

Quienes se adelantaron al arribo de los integrantes del Ayuntamiento, citados a las 8:30 de la mañana, fueron los trabajadores de los ex contratistas que interpusieron su queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo junto con los ex recolectores que prestaban sus servicios al municipio antes de que se entregara la concesión a Red Recolector y Gisa en la pasada administración.

En ese orden arribaron a la Sala de Cabildos Beatriz Yamamoto, Ana María Esquivel, Jorge Cabrera, Carlos Medina Plascencia, Ana María Carpio, Jesús Vázquez, Héctor López Santillana, Salvador Sánchez Romero, Luis Ernesto Ayala, Federico Zermeño, José Luis Manrique, Felipe de Jesús López Gómez, Alejandro Alaniz y Norma Patricia Zúñiga. Salvador Ramírez Argote se incorporó recién iniciada la sesión extraordinaria y faltó Sergio Contreras, aunque de manera justificada porque avisó.

También asistieron el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard y el director del Sistema Integral de Aseo Público, Roberto Centeno, junto con los responsables del área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento. Al final, arribó el contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez.

En el primer punto de la orden del día se dio lectura a los principales puntos de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde se declara la nulidad del fallo que otorga la concesión por 20 años a dos empresas particulares para la recolección de la basura en mayo de 2014. La resolución se entregó a la Secretaría del Ayuntamiento apenas el pasado 16 de mayo en donde se ratifica la sentencia que impugnó una de las empresas que tiene la concesión y tras de que se rechazara el último recurso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La nulidad del acto obliga a la presente administración a fundamentar y motivar el fallo a favor de cualquiera de las empresas que habían participado originalmente en la licitación, tras de que los magistrados del Tribunal tomaran como válido el argumento expuesto por los ex contratistas del municipio que se inconformaron con el proceso porque no les informaron las razones por las cuales fue rechazada su propuesta.

El alcalde Héctor López Santillana propuso entonces la conformación de una Comisión Especial del Ayuntamiento para revisar el tema, fundamentar un nuevo fallo. Los integrantes de la Comisión son Federico Zermeño, José Luis Manrique, Beatriz Yamamoto, Alejandro Alaniz Rosales, Ana María Carpio, Salvador Ramírez Argote, Sergio Contreras Guerrero y Jorge Cabrera González. El titular de la Comisión será el panista Federico Zermeño y su Secretario el panista José Luis Manrique.

El alcalde propuso la integración de tres visores ciudadanos que pertenezcan al Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León junto con el apoyo técnico de la Tesorería, la Contraloría, la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Gestión Ambiental y el Sistema Integral de Aseo Público.

Luego se instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento tomar nota del acuerdo y notificar al Tribunal junto con los particulares que habían participado en la licitación. La votación fue unánime no sin antes de que algunos de los regidores pusieran sobre la mesa algunos puntos relevantes para arrancar los trabajos para la reposición del fallo.

DETALLES
El Alcalde no podrá participar en la votación del dictamen que elabore la Comisión Especial porque argumentó que en una de las empresas que entró a la licitación, PROMALI, participa uno de sus familiares a lo que el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote cuestionó si había algún otro integrante del Ayuntamiento que tuviera conflicto de interés. El síndico Carlos Medina Plascencia respondió que se abstendría porque antes de asumir el cargo, tuvo relación con algunos de los participantes.

En el caso del Alcalde, se trata de un sobrino de su esposa, y en el caso del síndico se refirió a que en el pasado fue asesor de las dos empresas que ganaron la licitación para la recolección de la basura. Aun cuando no tienen una relación directa de negocios con ambas empresas, van a omitir su participación en la votación del nuevo fallo.

Luego Ramírez Argote recordó que en la pasada administración se eligió a 2 de las empresas que cumplieron con los requisitos que se establecieron en la convocatoria y 12 quedaron fuera; que una de las que quedó fuera se inconformó y el Tribunal les otorgó la razón de anular el fallo, no la licitación.

Prosiguió que ahora se tiene la oportunidad de tomar una decisión fundada y motivada como lo exigió el Tribunal y que quedan tres opciones, una ratificar a los mismos ganadores robusteciendo la argumentación; dos, señalar diferentes ganadores, fundamentando y motivando un nuevo fallo y declarar la licitación desierta por no satisfacer las condiciones de servicio y precio.

Las tres son viables jurídicamente pero este Ayuntamiento será responsable de tomar la decisión adecuada si el anterior tomó una decisión equivocada; se puede corregir pero si era la mejor propuesta, la elegida, se tendrá la oportunidad de ratificarla. Eso lo dirá el estudio técnico que elabore la Comisión Especial, puntualizó.

Luego, el regidor Jesús Vázquez, explicó que efectivamente hay la oportunidad de tener un sistema de recolección de residuos más profesional, al mejor costo y servicio, con mejores remuneraciones para los trabajadores porque a lo largo de los últimos años ha habido altibajos en el servicio.

Antes de la votación para aprobar la Comisión, el regidor panista, Federico Zermeño, dijo que esta es la oportunidad que tiene el Ayuntamiento de demostrar que se tiene la capacidad de mejorar el aspecto urbano de la ciudad, de avanzar en mejorar la cultura del manejo de los residuos por lo que exhortó a sus compañeros a armar un buen equipo de trabajo para analizar la propuesta que se necesita.

Finalmente, la propuesta del Alcalde fue aprobada por unanimidad y al concluir la sesión extraordinaria se citó a la primera reunión de la Comisión Especial este viernes a las 8.00 horas, sesiones que serán abiertas al público.

En 15 días se conocerá el fallo y eso podría traer otras implicaciones legales y económicas para el municipio en cualquiera sentido que vaya la decisión. Ojalá priven los criterios técnicos y económicos, no políticos, para evitar un desgaste mayor entre los integrantes del Ayuntamiento.

AUTORREGULACIÓN
El Procurador de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado, Juan Pablo Luna Mercado; el subprocurador de Inspección Industrial de la PROFEPA, Arturo Rodríguez Avitia y el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, encabezaron ayer una visita al parque de tratamiento de residuos peligrosos de la industria de la curtiduría donde se verificó el avance que ha tenido este proyecto en los últimos 20 años.

En el evento participaron el delegado de la Semarnat en Guanajuato, Israel Barrón Cabrera; el delegado de PROFEPA, José Isaac González Calderón; el director del Instituto de Ecología del Estado, Juan Ángel Mejía, junto con el presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, Ernesto Vega Guillot, y otros industriales del sector como Fabián Collazo Rosales, Pedro Camarena, José María Padilla, Lupe Vera entre otros.

En su mensaje el líder de los curtidores explicó que han sido casi dos décadas de trabajo junto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para sacar adelante este proyecto que ayude a la industria a cumplir con las normas medioambientales y con los criterios de calidad y responsabilidad social que exigen sus compradores nacionales e internacionales.

Este proyecto ha tenido continuidad por los industriales y autoridades, quienes con mecanismos de autorregulación iniciaron la modernización y transformación del parque de lodos en un parque de tratamiento de residuos peligrosos; tan solo en esta administración estatal se han invertido alrededor de 16 millones de pesos en la renovación de maquinaria y equipo junto con la infraestructura para dar viabilidad a la industria curtidora y se plantea otra inversión de 12 millones de pesos para terminar el proyecto integral y atender el 100 por ciento de la demanda de las empresas.

En 2015, los industriales firmaron un convenio con las autoridades federales y estatales para avanzar en el tratamiento de sus residuos sólidos, en la disposición temporal y en su confinamiento final. Con este parque se erradicó los servicios ilegales de limpieza de fosas cuyos residuos luego eran depositados de manera clandestina en distintos predios del municipio y se abrió una oportunidad a las empresas para mantenerse en el mercado.

En esta administración, el apoyo de la Procuraduría de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial, a cargo de Juan Pablo Luna Mercado, ha sido fundamental porque junto con las autoridades federales ha promovido mecanismos de autorregulación ambiental en materia de permisos, licencias, autorizaciones y emisiones de residuos de manejo especial y emisiones.

También facilitó la elaboración de un plan de manejo colectivo de residuos peligrosos, de manejo especial y desechos sólidos urbanos, además de promover el registro de las tenerías como generadoras y entrar a procesos de auditoría ambiental. A la fecha son 41 empresas las que tienen ya un reconocimiento ambiental y otras 51 trabajan en procesos de autorregulación.

Estos esfuerzos fueron reconocidos por el Subprocurador de PROFEPA, Arturo Rodríguez Avitia, quien desde la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, en la gestión de Vicente Fox como gobernador de Guanajuato, y luego desde el gobierno federal en la anterior y actual administración ha impulsado una serie de proyectos para que la industria curtidora logre mejorar su desempeño ambiental.

El cambio es notorio, le dijo a los curtidores y autoridades locales, hay un cambio de mentalidad de la industria que ahora ve el cumplimiento ambiental como una parte estratégica de su negocio, al tener mayor eficiencia en sus procesos, en especial, en lo que se refiere al uso de insumos químicos y su tratamiento.