El gobernador del Estado, Miguel Márquez, participó ayer en la reunión de la CONAGO, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto y en donde se anunciaron acciones para proteger la libertad de expresión, a los periodistas y los defensores de los derechos humanos ante la ola de asesinatos que se han registrado en algunas regiones del país.

Antes de su discurso, Peña Nieto pidió guardar un minuto de silencio por las recientes víctimas de la violencia en Sinaloa y desde el fondo, durante la transmisión en vivo, fue interrumpido con un grito que pedía justicia por los compañeros de los medios de comunicación presentes en el acto.

El asesinato del periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico, Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, detonó una condena internacional de los organismos defensores de los derechos humanos y los periodistas junto con el reclamo del gremio en México, lo que derivó en la reacción del gobierno federal y los gobernadores de los estados.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa ha asegurado que México es de los que tienen los peores desempeños en la protección de los periodistas y en donde priva la impunidad en los ataques a la libertad de expresión.

En la reunión celebrada ayer en Los Pinos, el presidente Peña Nieto centró su discurso en una promesa de que luchará hasta el último día de su gestión para fortalecer las condiciones en que se desenvuelven los periodistas mexicanos y se comprometió a combatir la impunidad para que la muerte de los comunicadores no quede impune y se encuentre a los responsables.

En esta reunión extraordinaria de la Conago, se planteó el reto que tiene México en su lucha contra el crimen organizado y la necesidad de salvaguardar la libertad de prensa, proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos.

Entre las medidas que fueron anunciadas están el fortalecer la estructura y presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en donde actualmente hay 538 personas bajo protección, de ellas 196 periodistas.

También el establecimiento de un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación para coordinar las acciones que ayuden a afrontar y reducir las situaciones de riesgo contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos. En este mecanismo participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión con más personal y mejor capacitación de Ministerios Públicos, policías y peritos; mecanismo de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico; revisión a las investigaciones en proceso para garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad; la coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la inmediata atención a los delitos con una perspectiva de derechos humanos; apoyo a las entidades en la creación de unidades especializadas en materia de libertad de expresión en sus fiscalías o procuradurías, así como la creación de un protocolo homologado para la investigación y atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

El presidente Peña Nieto reiteró que no se puede permitir como gobierno la censura ni las restricciones a la labor informativa de los periodistas y remató con la afirmación de que tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas.

Sobre su participación en esta reunión, el gobernador Miguel Márquez aseguró que Guanajuato trabaja en coordinación con el gobierno federal en la protección a los periodistas para garantizar que se respete el libre ejercicio de su profesión porque es una premisa básica para la democracia.

En el caso de Guanajuato, explicó que ya hay un protocolo y un fiscal especializado para atender las denuncias de los periodistas y que se homologará con los mismos mecanismos, estructura y fiscales especializados a los que existen a nivel nacional.

Hizo mención a la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que está en manos del Congreso del Estado, y cuyo dictamen fue aprobado ayer mismo por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para ser turnado al Pleno y que se analice y apruebe.

Si bien en Guanajuato no ha habido todavía situaciones que lamentar respecto a agresiones de periodistas por parte del crimen organizado, es importante que las autoridades articulen políticas públicas que permitan establecer un protocolo de atención especializada ante las nuevas circunstancias que se viven en las calles, en especial en León y otros municipios limítrofes con Michoacán y Jalisco.

Finalmente, la muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas, cofundador del Semanario “Ríodoce”, en Sinaloa, no debe quedar impune ni tampoco la de aquellos que con motivo de su profesión han sido lesionados y privados de la vida por defender la verdad.

COMISIÓN
Este jueves se realizará la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento para definir la integración de una Comisión Especializada que defina la ruta a seguir para reponer el fallo bajo el cual se entregó la concesión a las dos empresas que ganaron la licitación en 2014, tras la notificación que hizo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el martes por la tarde.

Ayer, el alcalde Héctor López Santillana aclaró a los medios de comunicación que dentro de la sesión se excusará de participar en este proceso una vez que un sobrino de su esposa, Agustín Bujaidar Solís, es socio de la empresa Promali, una de las 15 que compraron las bases de licitación para participar en ese proceso.

Originalmente quienes compraron las bases de licitación fueron Profesionales de Mantenimiento y Limpieza (Promali); Técnicas Medio Ambientales de México (TECMED); Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA); Red Recolector; Víctor Castillo Zacarías (representante de los ex recolectores); JS Hermanos; José Alfredo Manríquez Vela; Proactiva Medio Ambiente Setasa; Promotora Ambiental de la Laguna (PASA); Grupo Benj; CAABSA EAGLE; Carrocerías y Equipos del Estado de México; Sistemas Ambientales Nacionales; Carrocerías y Equipos Municipales y Transilmex Inc. Estas son las mismas que participaran nuevamente en el fallo de la actual administración.
La Presidencia Municipal aclaró que el Alcalde no tiene ningún conflicto de interés en este proceso bajo el cual se concesionó por 20 años el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos en la ciudad y precisó que la decisión de no participar en el nuevo fallo, es por el parentesco de su esposa con uno de los socios de las empresas que participaron en la licitación.

Este jueves, los integrantes van a reponer el fallo, no todo el proceso de licitación, y tendrán un plazo de 15 días hábiles para que acaten la decisión de los magistrados del Tribunal bajo un mecanismo transparente y apegado a la legalidad para evitar futuras complicaciones o inconformidades de algunas de las empresas que participaron originalmente en esta licitación.

Lo que sí adelantó López Santillana, es que van a buscar un mecanismo que permita tener un servicio de recolección de basura acorde a los criterios de eficiencia, efectividad, costo y precio razonable y horarios que permitan atender las necesidades de los ciudadanos.

Además aclaró que no se va a suspender el servicio durante el tiempo en que se reponga el fallo porque las dos empresas que actualmente tienen la concesión tienen la obligación y compromiso de mantener la recolección y traslado de la basura.

Otra precisión importante que hizo el alcalde es que el proceso legal con una de las empresas que tiene la concesión de la basura por 20 años y que se refiere al cobro en dólares, es un proceso distinto a la reposición del fallo.

Lo que todavía no estaba definido era quienes serían los integrantes de la Comisión Especial para la revisión del proceso y la reposición del fallo, quienes serán responsables de presentar una propuesta al pleno del Ayuntamiento sobre este tema.

Los funcionarios y ediles tendrán que ser muy cuidadosos en este asunto para evitar se repita la historia que mañana van a tratar de corregir ante cualquier posible inconformidad de algunos de los participantes en ese proceso, en especial, quienes no sean favorecidos con la reposición del fallo.

PUNTO
La diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solicite al gobierno del estado de Guanajuato, un informe detallado sobre los resultados que se han tenido hasta ahora de la implementación del Programa Escudo, en un lapso de 30 días a partir de su notificación.

También se solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que realice, conforme a sus atribuciones, una evaluación de los resultados, políticas y estrategias realizadas por el gobierno del estado en la implementación de ese programa.

Entre los argumentos expone la legisladora del PRI que la información de la base tecnológica del programa Escudo fue reservada durante cinco años junto con la información administrativa, las bitácoras, reportes, informes, avances, oficios, notas, circulares y cualquier otra información generada.

Revela que durante la auditoría del programa, respecto al año 2014, solamente hubo ocho responsabilidades administrativas, referentes al funcionamiento del equipo de seguridad y no sobre los resultados de la implementación del programa.

Otro de los argumentos expuestos fue desde que inició el programa la incidencia delictiva ha venido a la alza, en especial en 2016 y 2017 cuando ya se había invertido la mayor parte de recursos por parte de las autoridades estatales.

La semana pasada, el gobierno del estado descartó la posibilidad de otra auditoría al programa, una vez que ha sido uno de los más evaluados por el Congreso del Estado y en donde no se ha encontrado ninguna irregularidad en la aplicación de recursos aunque el principal cuestionamiento del PRI se refiere a los resultados que ha tenido la inversión, en especial respecto a reducción de incidencia delictiva.